Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que fueron detenidas en el marco de la causa por el fentanilo contaminado prestaron declaración indagatoria en los Tribunales Federales de La Plata. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades penales de las exdirectivas ante un centenar de muertes y secuelas graves registradas en centros de salud de todo el país por el uso de ampollas adulteradas.
Nélida Agustina Bisio, quien estuvo al frente de la Anmat hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), fueron trasladadas por la Policía de la Ciudad desde la alcaidía porteña donde pasaron la noche. Ambas exfuncionarias permanecieron incomunicadas hasta llegar al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Tras completar las indagatorias, ambas continúan arrestadas, aunque a Bisio se le concedió la excarcelación bajo una fianza de 75 millones de pesos.
Los fiscales federales María Laura Roteta y Sergio Rodríguez solicitaron las detenciones tras considerar probado que las acusadas omitieron controles clave. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal: “Las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Los establecimientos señalados son HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ambos propiedad del empresario Ariel García Furfaro, quien también se encuentra detenido.
Las declaraciones ante la Justicia
La declaración de Bisio se extendió por casi dos horas, pero fue interrumpida antes de que la fiscalía pudiera formular preguntas. Su abogado defensor, Gustavo Daguerre Báez Peña, detalló que la exadministradora nacional pidió terminar de completar su exposición por escrito en una nueva audiencia porque “la venció el cansancio” debido a la tensión de la jornada.
Posteriormente fue el turno de Mantecón Fumadó, quien se remitió a un escrito presentado previamente y respondió preguntas durante varias horas. La exdirectora del Iname complicó la situación de la cúpula sanitaria al asegurar que sus superiores estaban al tanto de las irregularidades. Según fuentes judiciales, la imputada reiteró que las decisiones eran conocidas por la conducción del organismo y mencionó de forma directa a Mario Lugones, actual ministro de Salud de la Nación, quien en ese momento se desempeñaba como asesor en la Casa Rosada.
La exfuncionaria ya había advertido el año pasado sobre los antecedentes de la firma involucrada al declarar que HLB Pharma “tenía un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano”. A pesar de estas alertas, el laboratorio continuó con la producción de las ampollas.
La falta de medidas preventivas
Para los fiscales de la causa, la Anmat contaba con herramientas regulatorias suficientes para evitar la tragedia que terminó con la vida de decenas de pacientes en diferentes puntos del país. La fiscalía remarcó que “la adopción oportuna de alguna de esas medidas habría impedido la comercialización, distribución y aplicación del fentanilo contaminado”.
La acusación contra las exdirectivas es contundente respecto al impacto de la inacción estatal en los centros de salud:
“La falta de medidas preventivas eficaces permitió que el producto continuara en circulación y se cobrara la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”.
Por su parte, la diputada Silvana Giudici, quien integró la comisión investigadora en el Congreso, respaldó el avance de las detenciones y las indagatorias en la justicia federal. Giudici remarcó que “quedó claro que el trabajo de la comisión investigadora que conformamos el año pasado fue muy valioso para la determinación de las responsabilidades” de los dueños de la firma y de los organismos estatales. Asimismo, la legisladora consideró que las remociones permitieron avanzar con la investigación penal y concluyó: “Es muy buena señal para los familiares de las víctimas que en la Argentina las causas se sigan y que aquellos que tengan algún grado de responsabilidad determinada en esta tragedia sean sancionados”.
