Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 2013 con el objetivo de reforzar la prevención, la persecución de este delito y la protección de quienes son víctimas de distintas formas de explotación.
Ese mismo año, el Ministerio Público Fiscal de la Nación creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, como unidad especializada para asistir en la investigación de estos delitos y fortalecer las respuestas judiciales en todo el país.
Más de una década después, la lucha contra la trata atraviesa un escenario diferente al de años atrás. Si bien las modalidades tradicionales de explotación continúan bajo investigación, las organizaciones criminales también incorporaron herramientas digitales para captar y controlar víctimas, mientras que las autoridades buscan profundizar el seguimiento de los recursos económicos obtenidos a partir de esas actividades.
En ese contexto, las redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de búsqueda laboral se transformaron en espacios utilizados para establecer contacto con potenciales víctimas. Las falsas propuestas de empleo y otros mecanismos de engaño pueden convertirse en el primer paso de procesos de explotación, al tiempo que las herramientas digitales pueden ser utilizadas para ejercer control sobre las personas.
Para enfrentar estas modalidades, uno de los principales retos consiste en fortalecer las capacidades de investigación tecnológica y la cooperación entre países. La preservación de evidencia digital, el intercambio de información y la coordinación entre organismos resultan claves cuando las redes investigadas trascienden las fronteras.
Otro de los ejes que ganó relevancia es el aspecto económico del delito. Las investigaciones ya no se concentran únicamente en identificar a las víctimas y determinar quiénes participaron de su explotación, sino también en establecer cómo se obtuvieron, administraron y ocultaron las ganancias derivadas de esas actividades. El objetivo es avanzar sobre el patrimonio de las organizaciones y recuperar los recursos vinculados con la explotación.
La respuesta judicial también incorpora una perspectiva centrada en las víctimas. El desafío no termina con su rescate o con la detención de los responsables: también contempla garantizar protección, acceso a la Justicia, restitución de derechos y mecanismos de reparación integral.
El rol de la PROTEX en Argentina
Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal de la Nación sostiene una estrategia que combina la persecución penal con la generación de información especializada, la detección de nuevas modalidades de explotación y la asistencia a las víctimas.
La PROTEX brinda apoyo a las fiscalías federales de todo el país en causas relacionadas con trata de personas y delitos vinculados. Además, coordina la Línea 145, interviene en la búsqueda de personas desaparecidas y desarrolla herramientas destinadas a mejorar las investigaciones y la protección de quienes atraviesan situaciones de explotación.
La procuraduría también participa de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), donde cumple funciones como Secretaría Técnica. A través de ese espacio se promueve el intercambio de información entre fiscalías, la coordinación de investigaciones y la elaboración de estrategias comunes frente a organizaciones que operan en distintos países.
Otra de las tareas consiste en recopilar y analizar información sobre el fenómeno. La dependencia estudia jurisprudencia, identifica nuevas modalidades de explotación y desarrolla documentos técnicos destinados a fiscales y operadores judiciales, con el propósito de reconocer tendencias y mejorar las herramientas de investigación.
La capacitación y el intercambio con organismos nacionales e internacionales forman parte de esa estrategia. El objetivo es incorporar conocimientos, desarrollar nuevas capacidades y anticiparse a las transformaciones que atraviesa un delito que modifica sus mecanismos de captación y explotación.
En ese escenario, uno de los principales desafíos para la Justicia es detectar esos cambios antes de que las nuevas modalidades se consoliden. La respuesta requiere investigaciones patrimoniales y digitales, cooperación internacional y herramientas que permitan actuar sobre las estructuras criminales, pero también garantizar una atención integral a las víctimas.
A 13 años de la primera conmemoración del Día Mundial contra la Trata, la fecha vuelve a poner el foco en la necesidad de adaptar las estrategias de prevención, investigación y sanción a las nuevas características del delito. La evolución de las formas de explotación obliga a que las instituciones también modifiquen sus respuestas para enfrentar las redes criminales y garantizar la protección y reparación de las personas afectadas.
