El Gobierno apunta a avanzar durante en agosto con dos procesos de privatizaciones que le permitirán ahorrar gasto público y conseguir dólares para los vencimientos de la deuda: las líneas Belgrano Cargas y San Martín Cargas y la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La licitación de los trenes de cargas se viene postergando desde diciembre, entre ajustes a los pliegos y la intención de un sector del oficialismo de ampliar mediante un nuevo decreto los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Los trenes de cargas son una herramienta estratégica para bajar los costos logísticos del campo -que permitirá ampliar la frontera productiva y podría hacer rentables áreas que hoy no lo son-, la minería y la energía, los tres sectores que traerían más dólares a la Argentina en las próximas décadas y que necesitan ser más competitivos con el mundo para expandir sus exportaciones.
El interés más fuerte viene del Grupo México Transportes (GMXT), operador de 11.000 kilómetros en México y el sur de Estados Unidos, que declaró reiteradamente que está dispuesto a invertir unos 3.000 millones de dólares para modernizar los ferrocarriles de cargas argentinos, a cambio de tener la seguridad jurídica del RIGI y quedarse con la concesión de las vías, los talleres y el material rodante.
Pese a querer la integración vertical de los tres negocios, el Gobierno busca licitar por separado las vías, los talleres y el material rodante, con la intención de recaudar más. Además, regirá el principio de open access, donde cada empresa que quiera podrá pedir acceso a la vía a través del pago de un canon.
En paralelo, uno de los principales competidores es el consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD, de Roberto Urquía), las multinacionales Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
AGD es dueña de la concesión sobre la línea Nuevo Central Argentino (NCA) hasta fines de 2032 y tiene suspendidos los servicios de pasajeros desde Buenos Aires hacia Córdoba y Tucumán hace casi un año, por “tareas de revisión” sobre la traza.
También aparecen como interesados el Grupo Roggio, que maneja los subtes y el Premetro en la Ciudad de Buenos Aires, y Techint, concesionaria de la línea Ferroexpreso Pampeano.
Por otro lado, la privatización de AySA avanza desde hace unos meses y se abrirán las ofertas el 27 de agosto, para un proceso que le podría dejar al Estado nacional unos 500 millones de dólares.
Tras los aumentos de tarifas, la empresa pública ahora opera sin necesidad de subsidios por parte del Tesoro.
Entre los interesados por el negocio aparece Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, que le provee cloro a la empresa para la potabilización del agua, y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor.
También buscará competir el Grupo Roggio, que a través de su constructora tiene participación en proyectos de agua y saneamiento en Argentina, Paraguay y Perú, y no está descartado el interés de la brasilera Sabesp y la francesa Veolia.
El año pasado, ante los rumores, la firma israelí Mekorot aseguró que es “imposible” participar de esta licitación por una prohibición en sus estatutos de adquirir activos externos.
