El juez federal Ariel Lijo solicitó documentación comercial y contable vinculada a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y posibles contrataciones irregulares con empresas relacionadas al Estado nacional.
La medida judicial alcanza al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group, compañías a las que se les requirió la presentación de facturas, órdenes de licitación y toda la documentación vinculada a la relación comercial mantenida con la consultora de Angeletti.
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La investigación busca determinar si existió algún tipo de favorecimiento económico hacia la empresa de la esposa del funcionario a partir de vínculos con firmas que mantienen contratos o relaciones con organismos estatales. Según consta en el expediente, el objetivo es establecer si hubo direccionamiento en las contrataciones o un eventual esquema irregular de retorno de fondos públicos.
Entre las firmas investigadas aparece el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para distintos organismos públicos vinculados o supervisados por la Jefatura de Gabinete, entre ellos AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.
También figura National Shipping S.A., empresa naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y considerada una de las principales proveedoras de YPF. La petrolera estatal tiene como director titular a Manuel Adorni, situación que quedó bajo análisis judicial por un posible conflicto de intereses.
Otra de las empresas alcanzadas por el pedido judicial es Foggia Group, conducida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La firma estuvo vinculada a la concesión de Tecnópolis y organizó distintos eventos libertarios donde participó el presidente Javier Milei, entre ellos actos en el Luna Park, el Movistar Arena y encuentros de La Derecha Fest.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, quien pidió investigar el origen de los vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y empresas relacionadas con el Estado nacional.
En el texto judicial se menciona la hipótesis de un “presunto esquema de relaciones comerciales” que podría configurar un posible mecanismo de retorno de fondos públicos, situación que ahora intenta esclarecer la Justicia mediante el análisis de contratos, licitaciones y movimientos de facturación.
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