Dentro del oficialismo creen que los números alcanzan, pero por muy poco. En la oposición aseguran que esa certeza se desgrana, especialmente desde que el Comité Nacional de la UCR llamó a negarse a aportar voto alguno. El jueves 6, el oficialismo intentará darle media sanción en el Senado al proyecto denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de un paquete que pretende reformar una serie de leyes, pero en la realidad hay una sola que interesa: la que elimina el límite de la cantidad de tierras que pueden comprar los extranjeros. Será el quinto intento del Gobierno en el Senado. Empecinados, en La Libertad Avanza sienten cierta confianza, pero saben que todo puede cambiar hasta último momento.
La presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, fue la encargada de llevar adelante las negociaciones. También se hizo cargo de explicar en los medios las razones del proyecto, que no logra generar consenso social. Los primeros tres intentos por discutirlo se embarraron en medio del escándalo de Manuel Adorni. El cuarto fracasó el 16 de julio, un día después de que Argentina ganara contra Inglaterra en el Mundial.
En esa sesión, Bullrich pidió un cuarto intermedio porque no daban los números debido a la ausencia de dos senadores clave: Carlos “Camau” Espínola (correntino de Provincias Unidas) y Andrea Cristina (chubutense del PRO). Además, que la sesión sucediera pocas horas después de que la Selección Argentina desplegara la bandera por las Islas Malvinas incomodaba a más de un legislador aliado.
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La oposición ganó tiempo y tuvo la oportunidad de capitalizar el espíritu soberano. De hecho, el jueves 6 se espera una importante movilización en las inmediaciones del Congreso para rechazar la ley. Hubo convocatorias de los partidos opositores, de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Además, se espera un buen número de personas autoconvocadas.
Sin embargo, en el Gobierno no parecen estar preocupados por la opinión pública. Por estas horas, solamente hacen cuentas. “A esta altura es una cuestión aritmética”, sostuvo un dirigente de La Libertad Avanza que siguió de cerca el avance de las negociaciones.
Los vericuetos del paquete.Incluso entre algunos dirigentes oficialistas llama la atención que Federico Sturzenegger, el hombre detrás del proyecto, no quiera hacer concesiones. El ministro de Transformación y Desregulación del Estado miró con lupa cada uno de los más de 10 borradores en los que se trabajó y, a esta altura, solo admite modificaciones de forma. “No se va a tocar nada de fondo en tierras porque ahí está el corazón de la iniciativa”, aseguró alguien del bullrichismo.
Hasta ahora, la única modificación importante fue la que se refería a la compra de tierras en zonas de fronteras. En el proyecto original, el oficialismo pretendía introducir cambios, aunque finalmente ese punto no se toca. Esas áreas continuarán regidas por el decreto-ley 15.385, que rige desde 1944.
El proyecto que se discutirá en el recinto el jueves deroga el techo de las 1.000 hectáreas, el límite que la legislación actual le pone a los extranjeros que quieren comprar tierras. También suprime el tope del 15%. La iniciativa solo prohíbe que los Estados extranjeros y las empresas con capitales de Estados extranjeros puedan comprar.
Ese punto incomodó a más de un gobernador que ve con buenos ojos la llegada de inversiones chinas. En esos casos, se habilitará el “doble conforme”. Es decir, si alguna empresa con capitales estatales de otro país quiere comprar tierras deberá conseguir la autorización de la provincia y de la Nación. El proyecto no precisa cómo será ese procedimiento, por lo que la reglamentación deberá definirlo.
Hay otro aspecto en el texto que, tal cual está,. genera dudas. El proyecto habla de la capacidad de las provincias de dictar su propio marco normativo. Sin embargo, la pregunta es qué sucede si en alguna jurisdicción se elimina cualquier límite y en otra se incrementa. Una vez más, la reglamentación debería atender ese gris.
Además del capítulo III, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorpora otras modificaciones. Un capítulo está dedicado a las expropiaciones. La propuesta oficialista instala una definición más restrictiva del concepto de “utilidad pública” y eleva los montos de las indemnizaciones que debe pagar el Estado al privado que sea expropiado.
El proyecto también modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial para acelerar los procesos de desalojo. Quedó afuera del dictamen la derogación de la Ley de Integración Socio Urbana que dispone la suspensión total de los desalojos en los barrios populares hasta octubre de 2032.
Por último, el proyecto libertario también quiere avanzar con un cambio clave en la Ley del Manejo del Fuego. Con el argumento de que buena parte de los incendios forestales se producen de forma intencional para que el sector inmobiliario pueda hacer negocios, en 2012 se estableció que si un terreno se incendia, su propietario no lo puede vender por un lapso de 60 años. La norma hace referencia a los terrenos ubicados en bosques nativos, en áreas naturales o humedales, por ejemplo. La iniciativa libertaria baja ese período a 30 años.
Números al filo: poroteos finos a favor y en contra
En La Libertad Avanza hacen la siguiente cuenta: 21 senadores oficialistas, 3 del PRO, 8 de los 10 miembros del bloque radical. Con ese grupo llegan a 32 y empiezan a sumarse las voluntades individuales: Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Beatriz Ávila (Independencia), Espínola (Provincias Unidas) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal). En total, 38 votos a favor del capítulo III del proyecto, dedicado al tema de compra de tierras por parte de extranjeros.
Esos cálculos entran en crisis desde que el presidente de la UCR Leonel Chiarella, le pidió a sus senadores que no acompañen y se reunió con cada uno. Con esa directiva quedan tres grupos radicales dividos: los que rechazarán, como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Hay otro grupo en duda y hay otros que aceptarán. La cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), ya confirmó su rechazo.
De todas formas, nadie se quiere anticipar. Para conseguir la media sanción se requiere de mayoría simple, es decir, el voto positivo de la mitad más uno de los presentes. En La Libertad Avanza saben que en la vereda de enfrente tienen 34 rechazos firmes y temen que pase algo de último momento. “Si te faltan dos de los que contás como propios te cambia la ecuación”, explicó un legislador.
La gran pregunta es por los misioneros Arce y Rojas Decut. En la última sesión frustrada, el oficialismo contaba con su acompañamiento. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a circular la versión de que el gobernador Hugo Passalacqua rechaza el proyecto. El problema es que su histórico jefe político, Carlos Rovira, pide que acompañen. El 6 de agosto se definirá a cual de los dos dirigentes le deben lealtad los senadores y hasta circula la posibilidad de que voten a favor del proyecto en general y que rechacen el capítulo III.
“Sabemos que la interna en Misiones está jugando y todo puede pasar. Hasta ahora entendemos que votan a favor”, sostuvo un senador.
