La crisis del sistema jubilatorio, con haberes por debajo de la canasta básica, informalidad en alza y envejecimiento poblacional, enfrenta una presión adicional por el crecimiento de los monotributistas dentro del mercado laboral, un segmento que realiza aportes más bajos que el resto.
Hoy en Argentina el 44% de los ocupados se desempeña en la informalidad: hay más de 9 millones de trabajadores que no tienen aportes previsionales.
A la vez, entre los que sí contribuyen, aumenta la participación del monotributo, “un régimen con una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado. En consecuencia, la sostenibilidad del sistema ya no depende solo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan”, detalla un informe realizado por Laura Caullo y Guadalupe Galindez, responsables de la sección Social-Laboral de la Fundación Mediterránea.
Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta con 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. De los aportantes, el 74% corresponde a trabajadores en relación de dependencia, y el 26% restante a independientes. Dentro de ellos, 2,2 millones están en el régimen del monotributo.
Así, la participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas con aportes al sistema aumentó de 513.000 a 2,2 millones, un incremento del 331%.
Si bien el formato del monotributo permite que los trabajadores dejen de estar en la informalidad sus aportes son considerablemente más bajos. Mientra el aporte previsional promedio de un trabajador en relación de dependencia es del 11,2% de sus ingresos, se reduce al 5,2% para los autónomos y alcanza apenas al 1,1% en el caso de los monotributistas.
En términos nominales, mientras que el aporte previsional de un trabajador asalariado registrado del régimen general promediaba en marzo 2026 los $ 187.098, el aporte promedio de un monotributista es casi 10 veces menor: apenas los $ 19.215 mensuales.
De este modo, para cubrir un haber jubilatorio medio -hoy en $ 650.000- se requieren aproximadamente 3,5 trabajadores asalariados registrados, pero casi 34 monotributistas. Incluso para financiar una jubilación mínima con bono hacen falta 2,4 asalariados registrados, frente a casi 23 monotributistas.
La baja contribución del monotributo responde, en buena medida, a la composición de sus inscriptos. Más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se encuentra en la categoría A y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, los escalones de menor facturación y, en consecuencia, los que realizan los menores aportes previsionales.
Según las proyecciones del INDEC, la población de 65 años y más pasará de representar el 12% del total en 2022 al 17% en 2040. En 2022 había 55 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, para 2040 esa relación ascenderá a 115.
Con este escenario, la Fundación Mediterránea plantea que con los cambios sociales y demográficos “los ingresos provenientes de aportes personales y contribuciones patronales no alcanzan para cubrir el gasto previsional del SIPA (régimen contributivo, moratorias, bonos y PUAM), que registra un déficit cercano al 2% del PIB y requiere transferencias del Tesoro Nacional para financiarse”.
En los últimos tres años, el haber medio perdió un 13% de su poder adquisitivo y la jubilación mínima con bono cayó un 20%. Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas de 65 años o más continúan trabajando, lo que representa el 4,6% del total de ocupados.
El monotributo fue la categoría de empleo que más creció en la era Milei.Si se incluyen empleados, jubilados y directores que además de su actividad brindan servicios o venden bienes sujetos al monotributo, el total llega a 4,7 millones, según cálculos del gobierno.
El planteo del Fondo Monetario
Hace dos meses, el Fondo Monetario puso el ojo en el monotributo y pidió un aumento de la carga tributaria en ese sector.
En el staff report del organismo sobre Argentina que se difundió a fines de mayo, el organismo planteó la necesidad de hacer que el sistema impositivo sea “más eficiente y equitativo”.
En ese informe señalan que si bien el monotributo simplifica el cumplimiento tributario, fomenta la formalización y amplía la cobertura de salud y pensiones a la vez impone una carga tributaria efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera “fragmentación empresarial”.
Según el Fondo, la estructura de pago fijo también crea “importantes discontinuidades” en la obligación tributaria entre los distintos umbrales de ingresos, lo que desalienta el acceso a las escalas más altas.
“Cualquier reforma debería reducir el impacto de estos umbrales, armonizar las tasas impositivas efectivas y las cotizaciones a la seguridad social con el sistema general y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento tributario”, señala el FMI.
Para los tributaristas, el planteo del Fondo es que tendría que haber un régimen de transición que permita reducir la brecha entre el monotributo y el régimen general, mediante un incremento de las alícuotas y las cargas sociales.
En noviembre, Clarín reveló que el equipo del ministro Luis Caputo conversó con empresarios y tributaristas acerca de una propuesta para eliminar el régimen del Monotributo y que esos contribuyentes pasaran al régimen de autónomos para “blanquear” la economía.
Además, el Fondo quiere que más de un millón de trabajadores que hoy no están alcanzados por el impuesto a las Ganancias empiecen a pagar ese tributo. Actualmente son 900.000 los empleados en relación de dependencia que pagan ese gravamen.
