Mientras el Gobierno presenta una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, vale la pena preguntarse qué problema debe resolver esa reforma y cómo diseñarla para que siga funcionando cuando este gobierno ya no esté. La verdadera pregunta no es sólo cómo bajar la inflación hoy, sino cómo evitar que dentro de diez o veinte años un nuevo gobierno vuelva a utilizar el Banco Central para financiar el gasto público.
La inflación argentina fue, sobre todo, un problema institucional. Cada vez que el Tesoro pudo financiarse recurriendo al Banco Central, la política monetaria terminó subordinada a las necesidades fiscales del gobierno de turno. Ningún compromiso con la estabilidad de precios puede sobrevivir mucho tiempo bajo esas condiciones.
La experiencia internacional muestra que la independencia del Banco Central descansa sobre tres pilares inseparables: una prohibición efectiva de financiar al Tesoro, la independencia funcional de sus autoridades y un mandato prioritario de estabilidad de precios. Funcionan como un trípode: si cualquiera de sus patas desaparece, toda la estructura pierde estabilidad. La lección es simple: la independencia no es una única regla, sino un diseño institucional en el que cada uno de estos pilares es indispensable.
Pero una buena Carta Orgánica plantea un desafío adicional. No basta con definir correctamente esas reglas; hay que lograr que sobrevivan a los cambios de gobierno. Las instituciones monetarias no suelen fracasar porque sus principios sean equivocados, sino porque terminan modificándose cuando aparecen las crisis fiscales. La verdadera pregunta deja entonces de ser qué reglas debe contener la nueva Carta Orgánica y pasa a ser cómo protegerlas para que no puedan ser desmanteladas por una mayoría circunstancial.
Si el señoreaje es, en esencia, un impuesto, las reglas que impiden recurrir a él deberían recibir una protección institucional acorde con su importancia y con su naturaleza federal. La solución más sólida sería una reforma constitucional. Mientras ese camino no resulte políticamente viable, vale la pena explorar una alternativa intermedia: otorgar a los principios esenciales de la Carta Orgánica un tratamiento similar al de una ley convenio, como ocurre con la coparticipación federal, que exige consensos mucho más amplios para su modificación. Después de todo, el impuesto inflacionario es hoy un impuesto que no se legisla y no se coparticipa.
La nueva Carta Orgánica debe pensarse para seguir funcionando dentro de veinte o treinta años y sobrevivir cuando las necesidades fiscales vuelvan a aparecer. Las personas pueden estabilizar una economía. Pero sólo las instituciones pueden mantener estable la moneda.
