El Gobierno avanzó con una decisión de impacto económico para la región, ya que amplió la superficie habilitada para la Zona Franca Minorista de Puerto Iguazú. La medida se oficializó mediante la Resolución General 5833/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada el 25 de marzo. Esta normativa redefine los límites operativos de la tienda libre en una de las principales fronteras comerciales del país y abre una nueva etapa en el esquema de ventas a turistas.
La decisión se apoya en un entramado normativo que se remonta a la Ley 24.331, que habilita la creación de zonas francas en el territorio nacional. Sobre esa base, la resolución actual modifica el esquema que estaba vigente desde la Resolución General 1.230, que originalmente habilitó el funcionamiento de la zona franca y su tienda libre en la ciudad de las Cataratas.
El Comité de Vigilancia de la Zona Franca ya autorizó previamente la ampliación en octubre de 2025. Sin embargo, la implementación efectiva requería la habilitación formal de la autoridad aduanera. El rediseño también incluye la aprobación de un nuevo anexo técnico y la derogación de normas previas que regulaban aspectos del funcionamiento, lo que en la práctica unifica y actualiza el marco operativo.
Más espacio para ventas y logística
El cambio central es concreto y medible. La resolución autoriza una superficie total de 24.744,60 metros cuadrados para la Zona Franca Minorista. El espacio se distribuye de la siguiente manera:
- 12.500,26 m² corresponden a áreas de venta y servicios, que incluyen el local comercial, oficinas, sanitarios y espacios comunes.
- 6.654,65 m² quedan destinados a depósitos.
- 5.589,69 m² se asignan a estacionamiento semicubierto.
Esta ampliación se inscribe en un esquema que permite ventas minoristas de productos importados sin impuestos, bajo control aduanero, a turistas que ingresan o salen del país. Por ello, el aumento de superficie tiene efectos directos sobre la capacidad de oferta comercial en un punto de alto tránsito internacional. Además, permite incrementar el volumen de ventas y mejora la logística a partir de la expansión de los depósitos y el estacionamiento.
Desde la perspectiva del Gobierno, la medida refuerza una herramienta ya existente para estimular el consumo en zonas de frontera, donde la competencia con mercados vecinos es un factor estructural. El rol de la ARCA en esta resolución es clave, ya que la habilitación implica validar que la ampliación cumpla con los requisitos técnicos, operativos y de control aduanero. De esta manera, se garantiza que el crecimiento del área no desborde el sistema de fiscalización y que las operaciones sigan bajo una estricta supervisión.
