Se realizó la Primera Mesa sobre el Régimen Penal Juvenil, una actividad de encuentro y debate sobre el nuevo régimen y sus implicancias, que estuvo organizado conjuntamente por el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Defensorías de las provincias de Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, y cuenta con el auspicio de Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
El encuentro se concretó bajo modalidad virtual, donde hubo mucha intervención desde Misiones, siendo la segunda provincia con más participación. Estuvieron presentes jueces y referentes de las direcciones de Niñez de diferentes municipios, como también de otros organismos que integran el Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
En el marco de la jornada estuvieron participando diferentes especialistas del Régimen Penal Juvenil, tal es el caso de Amelia López, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Alejandro Cardinale, Juez Penal Juvenil de Rosario, provincia de Santa Fe, y Silvia Stuchlik, especialista en Políticas Sociales, Infancias y Adolescencias.
La presidenta del Consejo Federal de Defensores y Defensoras, Alejandra Martínez señaló que la Primera Mesa sobre Régimen Penal Juvenil representó “un espacio sumamente valioso de diálogo federal, reflexión y construcción colectiva en un momento especialmente importante para nuestro país, teniendo en cuenta que restan apenas unos meses para la implementación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil.
Desde el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entendimos que era necesario comenzar a debatir esta temática con seriedad, profundidad y una mirada interdisciplinaria, incorporando la experiencia de especialistas con amplia trayectoria en la materia”, expresó.
A su vez, quien además es Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy dio cuenta que “la participación fue muy significativa y demuestra que existe una preocupación real en las provincias respecto de cómo se implementará este nuevo régimen, cuáles serán sus impactos concretos y qué respuestas deberán construirse desde el sistema de protección integral de derechos”, valoró.
Uno de los aspectos más relevantes que surgieron durante la mesa fue la necesidad de fortalecer los sistemas provinciales de protección de derechos antes y durante la implementación de la ley. “No alcanza solamente con modificar normas. Será indispensable trabajar en prevención, en políticas públicas integrales, en salud mental, en educación, en acompañamiento familiar y comunitario, y en dispositivos especializados que permitan evitar que niñas, niños y adolescentes lleguen al sistema penal”, remarcó.
Para las Defensorías provinciales el desafío será enorme: “Deberemos fortalecer nuestras capacidades de monitoreo, incidencia, articulación institucional y defensa de derechos, procurando siempre que cualquier intervención estatal respete los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y garantice el interés superior del niño, el derecho a ser oído y el principio de especialidad en materia penal juvenil. Esta primera mesa fue, justamente, el inicio de un camino de debate y construcción colectiva que continuará desarrollándose en los próximos meses”, subrayó.
Un hecho histórico
La vicepresidenta del Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Rossana Franco señaló la importancia de la realización de esta Primera Mesa y consideró que “estamos ante un hecho histórico que implica la derogación de una ley, que era necesaria su modificación en lo que respecta a los nuevos tiempos, sin entrar en la discusión de la edad de imputabilidad, el cual nos hemos manifestado a través de un pronunciamiento conjunto con todas las Defensorías del país, teniendo como antecedentes la juridiprudencia internacional, nacional y provincial”, sostuvo.
En esa línea dijo que “la oportunidad está en lo procedimental, y es allí donde el Sistema de Protección Integral de Misiones, a través de sus actores sociales podrán expresar las propuestas necesarias y desde la Defensoría, por supuesto, las recomendaciones necesarias teniendo en cuenta que es un organismo de control y monitoreo de políticas públicas vinculada a la niñez y adolescencia”, expuso.
Con el objetivo de promover y garantizar los derechos de los NNyA teniendo como primacía el interés superior del niño, “se seguirá interviniendo desde el Estado provincial en la prevención del delito, frenar la deserción escolar y asegurar el apoyo a las infancias más vulnerables, en lugar de desfinanciar programas sociales y educativos como en los últimos tiempos a nivel nacional”, enfatizó.
El verdadero desafío, la implementación operativa
La jueza a cargo del Juzgado de Familia Nº1 de Posadas, magister Lidia Graciela Mana se refirió a la sanción de la Ley Nº27.801 del Régimen Penal Juvenil y manifestó que “representa un avance indispensable en la historia institucional y jurídica de nuestro país, ya que deroga definitivamente el decreto-ley 22.278 de la última dictadura militar, saldando una deuda histórica de la democracia con los compromisos internacionales de Derechos Humanos.
Desde la perspectiva analizada por los especialistas en la materia, la norma es altamente positiva porque sustituye el viejo paradigma tutelar por un verdadero modelo de responsabilidad, donde el adolescente es considerado un sujeto pleno de derechos con todas las garantías del debido proceso”, mencionó.
En tanto dijo que la opinión generalizada de los expertos coincide en que el verdadero desafío no radica en la letra de la ley, sino en su compleja implementación operativa. “Se advierte un escenario de alta exigencia institucional; si la reforma no viene acompañada de una fuerte inversión presupuestaria en infraestructura especializada, capacitación y recursos humanos, se corre el riesgo de que estos avances queden solo en el plano teórico. Siendo lo más delicado la baja de la edad de imputación penal”, afirmó la funcionaria judicial.
Respecto del rol que cumplirán las áreas del Sistema de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Ley del Régimen Penal Juvenil, la jueza Mana hizo hincapié en que las áreas administrativas del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez dejan de ser actores secundarios para asumir un rol co-protagónico y estratégico en el nuevo entramado legal, operando bajo dos funciones críticas, por un lado en la garantía de Desjudicialización y Prevención: El Poder Ejecutivo a través de las áreas administrativas correspondientes debe actuar como la primera línea de contención social, interviniendo de manera temprana para abordar las problemáticas de vulnerabilidad (falta de escolarización, adicciones, exclusión económica) antes de que escalen a la justicia penal.
El derecho penal no debe ser la respuesta a las falencias del entorno social del menor. Como también la corresponsabilidad en la Ejecución de Medidas Alternativas: Dado que la nueva ley prioriza las sanciones socioeducativas y disciplinarias por sobre el encierro, el éxito del nuevo régimen dependerá directamente de estas áreas de protección. Serán las encargadas de diseñar, supervisar y sostener en territorio los programas de libertad asistida, la prestación de servicios comunitarios y la reparación del daño.
Los especialistas advierten que, si los organismos encargados a tal fin no reciben el presupuesto y el personal calificado necesario, las medidas alternativas al encierro fracasarán por falta de seguimiento.
Va con foto ilustrativa ya que la actividad fue bajo modalidad virtual.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
