Encolumnado detrás del duro reclamo de Martín Llaryora al gobierno de Javier Milei, el oficialismo activó una sesión especial en la Unicameral para rechazar el recorte del régimen de Zona Fría y presionar a los senadores nacionales cordobeses antes del debate en el Congreso. La disputa se centra en la quita de subsidios al gas en Córdoba.
La movida parlamentaria, impulsada por el PJ y formalizada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, se realizará el jueves a las 9, antes de la sesión ordinaria donde se tratará la Ley Joaquín. Con el debate en el recinto, el peronismo busca enviar un mensaje contundente con destinatarios concretos: los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, alineados con La Libertad Avanza (LLA). Por su parte, Alejandra Vigo ya adelantó su rechazo al ajuste del poder libertario.
El decreto firmado por Prunotto fija como único objeto de la convocatoria que la Legislatura “se manifieste” e incluso pueda “dar instrucciones” a los senadores nacionales por Córdoba respecto de la modificación del régimen de Zona Fría, una atribución prevista en el artículo 104 inciso 5 de la Constitución provincial.
La decisión política del PJ llega después de la media sanción obtenida por el oficialismo nacional en Diputados, donde los diez legisladores cordobeses de LLA aportaron sus votos para avanzar con la modificación del esquema que recorta los subsidios en el consumo de gas en 13 departamentos de Córdoba.
Con ese telón de fondo, la bancada peronista y aliados busca trasladar ahora toda la presión al Senado y exponer a los sectores opositores que sostienen políticamente a Milei, especialmente al juecismo. La lógica oficialista es clara: transformar la discusión tarifaria en un debate sobre quién defiende a Córdoba frente al ajuste nacional.
El debate por Zona Fría en Córdoba dejó de apuntar a las boletas y puso el foco en Milei
De esta manera, el conflicto ya excede el plano técnico de los subsidios y se convirtió en una disputa política entre Córdoba y la Nación. De hecho, un informe de análisis digital elaborado por la consultora Sicchar concluyó que “la conversación dejó de girar alrededor del costo del gas y pasó a girar alrededor del vínculo entre Córdoba y la Nación”.
El decreto de convocatoria a sesión especial refuerza esa construcción discursiva. Allí se remarca que cerca de dos millones de cordobeses acceden actualmente a beneficios tarifarios que podrían verse “significativamente afectados” si prospera la modificación impulsada desde el poder libertario.
Defensa de Córdoba
El jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres, aportó sus argumentos ante el plenario extraordinario del jueves. “La Legislatura de Córdoba y cada espacio político con representación en ella tienen el deber de dar este debate y fijar una posición clara frente a una medida que puede perjudicar a más de 2 millones de cordobeses”, sostuvo.
Asimismo, planteó que “el federalismo y la equidad no pueden ser solamente discursos de ocasión” y acentuó: “Hay momentos en los que hay que defender concretamente a Córdoba y al interior argentino frente a decisiones tomadas desde Buenos Aires que vuelven a beneficiar al AMBA mientras el resto del país paga las consecuencias”.
Torres también cargó contra los diez diputados libertarios cordobeses que acompañaron la media sanción en el Congreso. “Esperamos que los senadores nacionales por Córdoba escuchen el mensaje de esta Legislatura y no vuelvan a repetir el triste espectáculo que vimos en Diputados, donde los legisladores de La Libertad Avanza votaron de espaldas a la realidad de los cordobeses”, remarcó en su crítica.
La ofensiva parlamentaria del PJ se montó sobre el reclamo político que el propio Llaryora lanzó el domingo desde Villa Nueva, durante el acto oficial por el 25 de Mayo. Allí, el gobernador les pidió públicamente a Juez y Álvarez Rivero que rechacen el proyecto impulsado por la Casa Rosada. “Tienen que defender a Córdoba”, reclamó el peronista federal, según consignó Agenda 4P.
El mandatario sostuvo que el Gobierno nacional “tiene toda la base de datos” para segmentar subsidios y retirar beneficios únicamente a quienes puedan afrontar el costo pleno de la tarifa. “No es necesario tumbar la Zona Fría para eso”, cuestionó, y calificó la medida como “un perjuicio tremendo para todos los cordobeses” y buscó trasladar el eje de la discusión a la Cámara Alta. “En el Senado nosotros también tenemos senadores”, enfatizó.
“Los senadores tienen el deber de defender a la provincia, porque son la representación del Estado provincial”, insistió Llaryora en su mensaje dirigido a los aliados de Milei.
Voto “coherencia”
Desde el Frente Cívico rechazaron la avanzada política del oficialismo y defendieron la postura que históricamente sostuvo el juecismo sobre el régimen de subsidios. Recordaron que tanto Juez como el exsenador Ernesto Martínez votaron en contra de la ampliación de Zona Fría aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637.
“Vamos a opinar en consecuencia con absoluta coherencia”, declararon a Perfil Córdoba desde la bancada juecista en la antesala de la sesión convocada por la vicegobernadora a instancia del peronismo.
La posición del espacio coincide con la línea discursiva que viene sosteniendo Juez: que los subsidios deben ser focalizados y dirigidos únicamente a quienes realmente los necesitan. “No estamos de acuerdo con que sea indiscriminado, que le den subsidio a todo el mundo para calefaccionar la pileta o usar losa radiante”, señalaron desde el juecismo.
En declaraciones recientes a La Voz, Juez sostuvo que “el subsidio tiene que llegar a quien verdaderamente lo necesite” y admitió que puede discutirse “si este es el momento oportuno” para avanzar con el cambio, aunque ratificó su respaldo a una segmentación más estricta de los beneficios en sintonía con Milei.
Desde la UCR, la legisladora Alejandra Ferrero cuestionó la convocatoria impulsada por el oficialismo y acusó a la conducción de la Unicameral de aplicar “discrecionalidad” en el tratamiento de los temas legislativos. La deloredista remarcó que la vicegobernadora Prunotto habilita sesiones especiales cuando se trata de debates vinculados a políticas nacionales, como la tarifa del gas y la exclusión de Córdoba del régimen de Zona Fría, promovidas por el PJ.
Sin embargo, Ferrero sostuvo que los pedidos de la oposición para discutir problemáticas provinciales “que afectan directamente a los cordobeses” fueron rechazados sistemáticamente. En ese listado incluyó los aumentos impositivos, la situación de Apross, la inseguridad y el funcionamiento de los servicios públicos provinciales. “Así funciona esta escribanía: con discrecionalidad, poca coherencia y muchos amigos”, lanzó la parlamentaria radical.
El argumento central del oficialismo para pedir una sesión especial es político e institucional. El PJ intenta instalar que la quita del beneficio impactará de lleno sobre los hogares cordobeses y que la Legislatura debe fijar una posición formal antes de que el Senado trate el proyecto libertario. La bancada comandada por Torres resolvió separar este debate caliente de la sesión ordinaria para evitar que quede mezclado con la iniciativa que cuenta con amplio apoyo bautizada como la ley Joaquín.
