El nuevo decreto de Javier Mile contra extranjeros acusados de promover mensajes de odio no surgió de manera aislada. Se inscribe en la política migratoria que el Gobierno comenzó a endurecer en 2025 mediante un DNU y representa un nuevo capítulo de la llamada “batalla cultural” que el oficialismo impulsa desde el inicio de su gestión.
Aquella reforma recibió un fuerte revés el 30 de junio, cuando la Cámara Nacional Electoral anuló el DNU 366/2025. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades al trasladar a Migraciones el otorgamiento de la ciudadanía argentina y señaló que no existían razones excepcionales suficientes para evitar el Congreso. El Gobierno apeló y el caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras espera esa resolución, la Casa Rosada decidió avanzar otra vez sobre el mismo terreno. El DNU 681/2026 presentado este jueves, vuelve a endurecer la política migratoria, esta vez al permitir que se impida el ingreso o se cancele la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos o participen en actos contra los símbolos patrios.
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Los dos decretos no tienen el mismo contenido, pero sí comparten un espíritu presente en los fundamentos libertarios. El primero planteaba que el acceso a la ciudadanía, la salud o la educación debía quedar condicionado por la situación migratoria y la contribución al país. El segundo incorpora, además, otro requisito, el respeto por la Argentina como condición para ingresar o permanecer en ella.
Qué dice el decreto de Milei que permite expulsar extranjeros
La secuencia revela que el fallo judicial no alteró la orientación del Gobierno. Antes de que la Corte defina la validez de la reforma anterior, Milei volvió a recurrir a un decreto para profundizar una política que distingue entre extranjeros aceptables y aquellos que, según el criterio oficial, no merecen permanecer o acceder a los beneficios del Estado.
La principal diferencia está en el contexto político. El decreto de 2025 formó parte de una reforma más general del régimen migratorio. El actual apareció después del Mundial, en medio de las acusaciones oficiales sobre una supuesta campaña internacional contra la Argentina y de una serie de publicaciones de extranjeros que se burlaron de la Selección o calificaron al país como racista.
El torneo funcionó así como una ventana de oportunidad para reactivar ideas que el mileísmo ya venía sosteniendo. Las críticas surgidas durante y después de la competencia permitieron unir el nacionalismo futbolero con una agenda que cuestiona que extranjeros sin residencia permanente accedan gratuitamente a la educación y la salud.
El diputado bonaerense Agustín Romo presentó en ese clima un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por hospitales y universidades provinciales. La propuesta fue respaldada por las distintas vertientes de La Libertad Avanza y también por Patricia Bullrich.
Expulsión y veto a extranjeros: las duras medidas migratorias que fijó Javier Milei
“Muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas”, sostuvo Romo al defender la iniciativa. Para el legislador, el contribuyente argentino no debía seguir financiando servicios para extranjeros que “insultan” o no valoran al país.
El planteo no era completamente nuevo. El DNU 366/2025 ya había autorizado a las universidades nacionales a cobrarles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque las casas de estudio no avanzaron con esa posibilidad. Tras el Mundial, el Gobierno volvió a reclamar públicamente que los rectores comenzaran a aplicarla.
El endurecimiento de la política migratoria también se expresó en junio de este año con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, oficializado mediante la Resolución 551/2026. La iniciativa conformó unidades especializadas dentro de las fuerzas federales para reforzar los controles, la investigación de ilícitos y el intercambio de información con la Dirección Nacional de Migraciones.
Aunque no creó una fuerza autónoma, la medida fue presentada como una suerte de “ICE argentino”, en referencia al organismo estadounidense encargado del control migratorio y las deportaciones. La comparación también expuso el paralelismo que el Gobierno busca establecer con la política migratoria de Donald Trump, basada en vincular la inmigración con la seguridad, fortalecer los controles y ampliar la capacidad estatal para expulsar extranjeros. El programa consolidó así el traslado de la cuestión migratoria hacia la órbita de Seguridad y mostró que el nuevo DNU forma parte de una política más amplia.
Los fundamentos libertarios detrás de la ofensiva
La continuidad entre las medidas se entiende mejor a partir de los fundamentos ideológicos de la batalla cultural libertaria. Uno de sus principales exponentes es Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro y un intelectual con llegada directa al entorno presidencial.
Después de la publicación del DNU 681, Laje celebró la decisión con una consigna directa: “Los que odian a la Argentina no son bienvenidos”. Una semana antes había sostenido que la denominada campaña antiargentina era “la última manifestación ideológica de la agenda woke”.
Según su interpretación, las críticas posteriores al Mundial no respondían a una discusión deportiva, sino a una “agresión cultural y política” contra lo que representa la Argentina de Milei. Santiago Caputo respaldó públicamente ese análisis y fuentes oficiales ubicaron en su entorno el impulso del decreto, aunque atribuyeron al Presidente su autoría ideológica.
Esa mirada convierte la relación con los extranjeros en una cuestión de pertenencia política y cultural. No alcanza con cumplir las condiciones de residencia: el extranjero debe respetar al país, sus símbolos y el modelo que el Gobierno identifica con la identidad argentina.
El Mundial le permitió al oficialismo trasladar esa concepción desde los espacios doctrinarios hacia una discusión más masiva. La defensa de la Selección, las Malvinas y el orgullo nacional sirvió como punto de apoyo para volver públicas propuestas que antes podían generar mayores resistencias, como el cobro de la salud o la universidad.
La estrategia también tiene un efecto gradual. El Gobierno no propone cobrarles a todos los estudiantes, sino comenzar con los extranjeros sin residencia permanente. Sin embargo, al incorporar el arancelamiento dentro de una norma y defenderlo públicamente, desplaza la discusión desde la gratuidad universitaria hacia la pregunta sobre quién merece acceder a ella.
Algo similar ocurre con el nuevo decreto. La idea de una “campaña antiargentina”, que hasta hace pocos días circulaba en redes y declaraciones, se transformó en el fundamento de una política concreta de ingreso y expulsión de extranjeros. La batalla cultural dejó de ser solamente discursiva y comenzó a definir decisiones estatales.
Por eso, el antecedente judicial no frenó la ofensiva. Mientras la Corte analiza el decreto anterior, el Gobierno volvió sobre la misma política con una medida distinta, pero asentada sobre los mismos principios. El efecto Mundial le dio aire para profundizar una agenda antimigratoria y presentar como defensa de los argentinos ideas que el mileísmo venía intentando instalar desde el inicio de su gestión.
RG/MSS
