La justicia comenzó a tramitar el pedido del juez de la Cámara Federal de Comodoro Py Martín Irurzun para continuar en el tribunal después de los 75 años. Ante lo que ya parece una decisión del gobierno de Javier Milei de no renovarle el cargo, el magistrado jugó una carta en tribunales.
Pero todo es contrarreloj. Irurzun cumple años el próximo 18 de julio. Es la edad máxima que permite la Constitución Nacional para ser juez excepto que se presenten dos hechos: que tenga una reválida como marca la carta magna o que obtenga un pronunciamiento judicial. Pero si el día que cumple 75 años no tiene uno de esos papeles no seguirá siendo juez.
En el medio se eso, se mezcla la política. Con la eventual salida de Irurzun de la Cámara se abrirá una vacante y el gobierno de Milei -en pleno nombramiento de jueces y fiscales de la mano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- podrá designar a la mitad del tribunal de seis jueces, porque ya está en condiciones de avanzar en otros dos lugares.
La Cámara Federal de Comodoro Py es estratégica. Es el tribunal que define el futuro de las causas de corrupción. Allí se resuelven procesamientos, sobreseimientos, nulidades. E Irurzun, como integrante de la Sala II de la Cámara, tiene un expediente clave para el gobierno. Debe resolver si confirma el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad. Además tiene el expediente de la criptomoneda $Libra, donde uno de los investigados es el propio Milei. Y en la justicia federal tramita también la investigación por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Juez de la Cámara Federal desde 1994, Irurzun es uno de los pobladores más antiguos de Comodoro Py. Vio crecer el fuero e intervino en causas sensibles. Y ante los 75 años le pidió al gobierno continuar cinco años más en el cargo.
La Constitución Nacional establece en su artículo 99 que los jueces están en el cargo hasta los 75 y que pueden seguir cinco años más. Para eso, el Poder Ejecutivo debe proponerlos y el Senado aprobar la continuidad.
Hasta hoy el Poder Ejecutivo no envió el nombre de Irurzun, lo que solicitó formalmente el año pasado. Desde el gobierno dan señales errantes. Dicen que todavía están en plazo y que no hay una decisión tomada. Pero los tiempos se acortan y todos creen que detrás de esa indecisión hay una negativa.
La postura es contraria a la que el gobierno de Milei tomó con otros jueces, quienes al llegar a los 75 años tuvieron al aval para continuar. Uno de esos casos es el de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, cuyo pliego fue aprobado por el Senado.
Ante ese escenario, Irurzun fue a la justicia. Presentó una medida cautelar autónoma a la que accedió Clarín y en la que solicitó que se “suspendan de inmediato los efectos jurídicos” del inciso de la Constitución que fija la edad máxima en 75 años.
El argumento del juez es que cuando en 1994 la convención constituyente reformó la carta magna no tenía entre las atribuciones que le dio el Congreso modificar la inmovilidad de los magistrados fijando un criterio de edad. “La Convención Constituyente mal pudo arrogarse competencias que no le fueron atribuidas por la ley 24.309 si comportar un acto nulo, lo que le impidió modificar aspecto alguno del texto supremo que no le haya sido por el Congreso Nacional su análisis y eventual revisión”, sostuvo.
Por eso, pidió la nulidad absoluta de la reforma constitucional. Ante los tiempos apremiantes, Irurzun solicitó también que haya una decisión en lo inmediato. Para eso reclamó la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley de amparo y que se resuelva sin la opinión del estado nacional.
También dejó asentado que llegará con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sobre eso adelantó que “se reserva el derecho de recusar” a los jueces del máximo tribunal que hayan participado de la reforma de la Constitución porque ya avalaron la cláusula de los 75 años. De los tres jueces de la Corte uno solo fue convencional constituyente: el presidente Horacio Rosatti.
La Corte Suprema ya se pronunció en 2017 sobre el reclamo que hace Irurzun. Lo hizo en el caso del entonces juez de la Cámara Federal de La Plata Leopoldo Schiffrin. Entonces, el máximo tribunal avaló el límite de edad. Pero Irurzun plantea que la mayoría de jueces que dictó el fallo ya no está en la Corte y por lo tanto el caso se debe volver a discutir.
La causa quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa pero Irurzun lo recusó con causa, algo que permite la ley. Así, pasó al magistrado Enrique Alonso Regueira, quien comenzó a tramitar el expediente.
El primer paso que dio fue pedirle opinión a la Fiscalía. “Con carácter previo a todo ulterior trámite, córrase vista al señor Fiscal Federal a fin de que dictamine sobre la competencia del Tribunal para entender en la causa y -en su caso- la habilitación de la instancia y los planteos de inconstitucionalidad formulados”, resolvió el magistrado.
Con esa opinión, el juez quedará en condiciones de comenzar a resolver los planteos. Será una primera decisión de muchas que vendrán porque habrá apelaciones. Todo con una fecha límite: el 18 de julio cuando Irurzun cumpla 75 años.
La eventual salida de Irurzun de la Cámara generará una vacante que deberá ser cubierta por un concurso público en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Y le permitirá al gobierno nombrar un nuevo juez. No será el único caso. Es porque el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de nombrar a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados a ese tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri y cuyo concurso aprobó la semana pasada el Consejo.
