La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

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La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

Una primera sorpresa en Tribunales: muchos trotadores de ese ámbito señalan que la monumental y megamillonaria causa Cuadernos se encamina hacia la nulidad. Justo cuando el doméstico caso Adorni, que atosiga a la ciudadanía desde hace dos meses, avanza a complicaciones penales para el jefe de Gabinete. Un episodio de sideral significación económica se acomoda o esconde en alguna página interior de los medios, el otro persiste cuando es una bagatela de dólares y preside los titulares hasta por los centímetros de la nueva piscina del funcionario. Más de 60 días lamentando, crujiendo, sobre la vara alta contra la corrupción que impuso Javier Milei y que ahora su empleado no cumple. Como si hubiera un metro o centimetraje de una vara para medir el robo.

De ahí que, un hombre sin formación jurídica como Javier Milei, se sofoque hasta con sus amigos de conveniencia por esa aparente arbitrariedad del periodismo y se resuma para él, a los gritos, en que el 95% de sus trabajadores son chorros, mal paridos y desestabilizadores. No distingue entre los obreros de la pluma y sus patrones –sería pensar desde un ángulo marxista–, confunde entre la opinión pública y la publicada, olvida que alrededor de 80 titanes empresarios involucrados en la mordida de la obra estatal no solo contratan a los estudios jurídicos más caros, también a sus inteligentes abogados. Dato que no se ignoraba, hace años, antes de empezar la causa Cuadernos: una distancia difícil de saldar entre un fiscal (Stornelli) y un juez del Estado (Bonadio) –aun con elementos probatorios y confesiones– frente a los acorazados técnicos de una profesión privada. Aunque el pronóstico es reservado, muchos se arriesgan a pensar por dónde sopla el viento de la ventana de la nulidad como triunfador en la final de los Cuadernos.

Se advirtió en el interrogatorio de unas doce horas que atravesó en la semana Diego Cabot, el periodista que movilizó la tierra en su momento al difundir el contenido de unos Cuadernos en los que un chofer metódico había escrito los movimientos, entrevistas e intercambios dinerarios que su jefe, seguramente poco generoso con su empleado, había consumado con distintas compañías y personajes vinculados a la licitación y realización de distintas obras en el sector público. Algo así como la tangentópolis italiana, en la península forjada por una pyme desplazada de un concurso, en la Argentina constituida por un celoso escribiente que además fungía de chofer. El bombardeo que zanjó Cabot duró más, en apariencia, al que en el mismo día un magistrado le formulara al “pequeño J”, un siniestro sicario acusado por haber mutilado, asesinado y enterrado a tres jóvenes, adolescente una de ellas. Con la perspectiva de un lego, Cabot parece más peligroso, aunque en el juicio finalmente aparecieron los Cuadernos incriminatorios de cuya existencia se dudó por años entre los empresarios y los medios de comunicación. Más asombroso aún es el descubrimiento de que en tiempos democráticos en la Argentina funcionó una cámara de tortura semejante a la ESMA y al Atlético, o a la sofisticación brutal de Guantánamo, en la que un fiscal y un juez le arrancaban confesiones o arrepentimientos a los empresarios por pagar coimas. Como se ve en el cine norteamericano: uso indebido de la presión psicológica o extorsión mental sobre varias docenas de hombres conocidos que no parecen tener experiencia en tratativas, negociaciones o duras competiciones por un contrato, cuyas fortunas se han conformado en la inocencia del colegio primario.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Curiosas y graciosas derivaciones tiene el proceso de los Cuadernos Gloria, teñidas además por cierta colorativa política: se arguye que la investigación ha sido una persecución al peronismo –según expresan las defensas–, olvidándose de que tanto el finado Bonadio y Stornelli fueron designados en sus cargos por un PJ gobernante. Quizás, es el interrogante, no debieron haber cumplido con sus obligaciones y proteger a quienes los bendijeron. Puede ser. Cristina de Kirchner, como se sabe, desde su reducto carcelario en la calle San José, alude a ese acoso presunto y personal –en el que, obviamente, incluye al periodista Cabot– condimentado por alusiones jurídicas como forum shopping o el más complejo law fare que también implica a los medios de comunicación. Más o menos como lo que vocifera hoy Milei para defender a su modesto Adorni, como si la exmandataria y el actual pensaran del mismo modo contra las corporaciones. Resulta singular que, en todo este proceso, al margen de otras evidencias y confesiones, nadie le haya preguntado a la exmandataria si conoció el lugar de su edificio, en su anterior domicilio, donde en los Cuadernos se insiste que eran llevadas partes de las “cometas” o fondos ilícitos. Y si ella vio esos depósitos en placards o todo el dinero que había en ese albergue departamental, dólares acumulados que el pérfido clima porteño había dañado con la humedad, provocando un olor desagradable en el ambiente y, lamentablemente, le habían hecho perder el energizante perfume de los billetes verdes, crocantes.

Aconsejados por letrados, luego de haberse vuelto “arrepentidos”, algunos empresarios envueltos en las coimas sellaron la “extorsión psicológica” ante escribano para intentar anular su declaración. Juraron que los apremiaron. Se anotaron luego otros en ese descargo, apelaron a una sugerencia de sus caros abogados para escapar de situaciones que resultan obvias. Hoy, sin embargo, en el tribunal –dicen– que no se aceptaría ese argumento, lo consideran precario. Bonadio con cáncer y el gordo Stornelli no estaban para apretar a nadie, aunque tampoco fueran bebés fáciles de arriar cuando en su poder se reservaban un prodigio de pruebas: los Cuadernos suscriptos por un chofer desleal y aportados por un periodista de humilde estampa. Si bien no sirve para la causa, se debe consignar un hecho: los empresarios involucrados, la mayoría de la Construcción, se avergonzaron tanto de sus conductas denunciadas en los renglones del chofer, que bajaron del bronce y el oro a la lata en sus propias casas, y hasta por algún consejo nefasto de un consultor bien pago, cambiaron –sin que actuara el juzgado o sus torturadores psicológicos– la sigla tradicional de la Cámara Argentina de la Construcción, la manchada CAC por el juicio, mudándola a la actual y quizás inmaculada Camarco. Todo por propia iniciativa y turbación.

Poco sirven estos comentarios: el reclamo futuro de nulidad de las defensas pasa por haber violentado el debido proceso, se puede argumentar como ejemplo que los arrepentimientos no fueron filmados y este tipo de confesiones deben ser completamente libres.

Es lo que dice la ley, claro. O la sospecha de que el juez y el fiscal actuaron de consuno en la investigación, imaginando cierta parcialidad de Stornelli que fue el receptor de los Cuadernos entregados por el periodista Cabot.

Pesan otras condiciones, además de la media biblioteca del Derecho que acompaña a todo proceso, en este caso el fervor dinerario de gigantes de los estudios jurídicos que suelen aplastar y comer humanos, como los de la mitología, en este caso pajaritos como Cabot y Stornelli que simplemente –creen– solo hicieron su trabajo. Tarea colosal para que, además de condenados, los empresarios no puedan perder sus patrimonios, como ahora ocurre con Cristina. En cambio, si zafaran y, si el resultado fuera al revés, hasta pueden demandar al Estado por haber sido dañados en su honor construido justamente con el Estado corrupto. Difícil la Argentina.

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