El Gobierno decidió no leer la reciente derrota en el Senado con la ley de propiedad privada como una ruptura con los gobernadores que hasta ahora funcionaron como aliados parlamentarios.
La interpretación que prevalece dentro de la mesa política es otra: hubo errores en la construcción del proyecto, se dejó crecer una discusión que terminó asociada a la idea de la “venta de la patria” y algunos mandatarios provinciales quedaron políticamente expuestos.
Pero eso, entienden en la Casa Rosada, no significa que hayan pasado a ser opositores permanentes.
Con esa premisa, Diego Santilli volverá esta semana a poner el foco en las provincias. El jefe de Gabinete tiene previsto profundizar los contactos con distintos gobernadores con un objetivo concreto: reconstruir acuerdos legislativos puntuales antes de que el Congreso empiece a discutir una nueva tanda de reformas que para Javier Milei resultan centrales para la segunda etapa de su gestión.
Santilli será parte de la reunión del Norte Grande que se hará este miércoles en Posadas, Misiones, en la que se avanzará por un acuerdo con gobernadores acerca de los cambios en el régimen de zonas frías, que ya fue aprobado en Diputados y necesita la otra media sanción en el Senado.
A la par, negociará por el régimen de zonas cálidas que afecta directamente a las provincias norteñas. Además, el jefe de Gabinete irá a Catamarca el jueves, a reunirse con el mandatario local Raúl Jalil, uno de los que quitó su apoyo en la votación de propiedad privada del jueves pasado.
Ya el martes, temprano, en el ciclo Democracia y Desarrollo que Clarín organizó en el Malba, Santilli se dio una vuelta a saludar, presenció el primer panel de legisladores y se saludó, por ejemplo, con el propio Jalil, que iba a exponer más tarde.
La apuesta oficial es que la relación con los mandatarios no se mida proyecto por proyecto como si cada votación definiera una alineación política permanente.
En el Gobierno creen que un gobernador puede acompañar una iniciativa y rechazar otra de acuerdo con sus intereses provinciales, la presión política que reciba y las características particulares de cada debate.
Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gustavo Sáenz, de Salta, son algunos de los gobernadores que habían construido canales de diálogo con la Casa Rosada y que, sin embargo, terminaron vinculados a una votación que complicó al oficialismo. En algunos casos, fueron senadores de esas provincias los que se apartaron de la posición que esperaba el Gobierno.
Para la Casa Rosada, eso no alcanza para concluir que esos mandatarios dejaron de ser aliados. Mucho menos para asumir que, a partir de ahora, votarán sistemáticamente en contra de los proyectos de Milei.
La señal que pretende transmitir Santilli es justamente la contraria: las negociaciones siguen abiertas.
El Ejecutivo tiene por delante una agenda legislativa que requiere necesariamente de acuerdos con sectores que no integran La Libertad Avanza.
Entre los proyectos que aparecen en el radar oficial están el denominado “Súper RIGI”, la promocionada reforma política y, en un lugar particularmente relevante para Milei, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que anunció por cadena nacional hace dos semanas.
“No fue un problema con los gobernadores”
En la Casa Rosada admiten que hubo errores en el manejo político del proyecto de tierras, que fue bajado en la mitad de la discusión en el Senado. Sobre todo, reconocen que ese capítulo terminó generando un costo que excedió ampliamente el contenido técnico de la iniciativa.
La propuesta había sido presentada como parte de un esquema destinado a reforzar el derecho de propiedad, pero el debate público terminó concentrándose en la posibilidad de facilitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y en los cambios al régimen de tierras rurales.
El tema se cargó rápidamente de una fuerte discusión simbólica. La oposición logró instalar la consigna de que se trataba de una iniciativa que podía afectar la soberanía territorial y, bajo el lema “la patria no se vende”, consiguió correr el eje de la discusión en los términos pretendidos por el Gobierno.
Finalmente, el oficialismo debió retirar del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar salvar el resto de la iniciativa en el Senado. En el Gobierno reconocen que esa dinámica terminó colocando a los gobernadores en una situación particularmente incómoda.
Para muchos mandatarios provinciales, explican fuentes ejecutivas, votar a favor de determinadas cláusulas del proyecto significaba asumir un costo político innecesario frente a sus propias sociedades. Y, una vez que la discusión quedó planteada en términos de soberanía y territorio, la posibilidad de conseguir acompañamiento automático se volvió mucho más difícil.
Incluso dentro del oficialismo hubo autocrítica por la manera en que se comunicó la iniciativa, con cuestionamientos directos hacia el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, pero también hacia otro ministro.
Las declaraciones de distintos funcionarios, entre ellas las del canciller Pablo Quirno, que dijo que si se aplicaran los nuevos cambios, contribuyeron a alimentar una discusión que ya estaba cargada de suspicacias alrededor de la llegada de capital extranjero.
El problema, según la evaluación que hacen ahora en el Gobierno, no fue solamente el contenido del proyecto sino la combinación entre una mala comunicación, una negociación legislativa demasiado extensa a partir de la demorada salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, y un clima político que terminó dejando a los gobernadores en una posición difícil.
La conclusión que extraen no es abandonar la negociación con las provincias, sino negociar antes y mejor.
El factor Massa
En paralelo, en la Casa Rosada no desconocen el papel que jugó Sergio Massa en la construcción de una posición opositora alrededor de la ley. Pero tampoco creen que esa intervención haya modificado de manera definitiva el mapa de alianzas.
La lectura oficial es bastante pragmática: Massa es oposición y, por lo tanto, resulta lógico que intente impedir que el Gobierno consiga sus objetivos parlamentarios.
Lo que no creen es que esa intervención haya convertido automáticamente a los gobernadores que dialogan con el peronismo no kirchnerista en aliados permanentes del exministro de Economía.
En otras palabras: no esperan que senadores alineados con Jalil, Jaldo o Sáenz, por citar tres casos, pasen a votar siempre con Massa por haber coincidido en una determinada ley.
En la Casa Rosada consideran que esos vínculos siguen siendo negociables y que los gobernadores tienen intereses concretos que los obligan a mantener canales abiertos tanto con Nación como con los distintos sectores del Congreso.
