El Gobierno decidió extender el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La apertura de propuestas, que estaba prevista para este jueves, fue reprogramada para el 15 de septiembre a pedido de empresas interesadas en participar de la licitación.
Según explicaron desde el Ejecutivo, la prórroga busca ampliar la participación y promover una mayor competencia entre los potenciales oferentes. Las autoridades señalaron que algunas compañías solicitaron más tiempo para completar la documentación requerida y aclararon que no habrá modificaciones en las condiciones de fondo del proceso.
La privatización contempla que el 90% de las acciones de AySA quede en manos privadas, mientras que el 10% restante continuará bajo propiedad de los trabajadores. El Estado posee actualmente el 51% de la compañía, que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
En una primera etapa se prevé transferir el 51% de las acciones estatales mediante la licitación. Posteriormente, el Gobierno avanzará con una oferta pública inicial para colocar otro 39% del capital de la empresa en la Bolsa, mientras que el porcentaje correspondiente a los empleados se mantendrá sin cambios.
El esquema también contempla una concesión del servicio por 30 años, con la posibilidad de extenderla por hasta una década adicional. Durante ese período, AySA conservará la explotación exclusiva del servicio dentro del área regulada.
En paralelo al proceso de privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario de AySA, correspondiente al período 2027-2031. El programa establece las inversiones, compromisos y objetivos operativos que la empresa deberá cumplir durante los próximos cinco años.
El plan está dividido en cuatro ejes principales: mantenimiento, operaciones, mejoras e infraestructura. Según la resolución, su aprobación es necesaria para garantizar la continuidad y regularidad del servicio público a partir del 1° de enero de 2027.
En materia tarifaria, el organismo regulador estableció un esquema de estabilidad para el primer ciclo. El nivel tarifario vigente se mantendrá constante en términos reales durante el período, sin contemplar nuevos aumentos reales.
Además, el ERAS fijó en $790.074,6 millones la Base de Activos Regulatorios inicial de AySA. Ese valor representa el patrimonio de infraestructura e instalaciones utilizado para prestar el servicio y constituye la referencia para determinar las inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada de la compañía.
Con información de TN.
