El gobierno de Donald Trump anunció este jueves nuevos aranceles a una lista de 60 países, entre ellos la Argentina, y aplicará un gravamen de un 10% al ingreso de productos argentinos, aunque contempla posibles excepciones en algunos rubros que no fueron precisados. De esta manera, Estados Unidos buscó ratificar los mismos aranceles que había establecido en el Tratado bilateral sobre Comercio e Inversiones que se firmó en febrero y que había quedado en el limbo tras una orden judicial de la Corte Suprema sobre aranceles.
El anuncio se produjo cuando faltaban horas para que expiraran el viernes los aranceles temporales del 10% impuestos por el gobierno de Trump bajo la Sección 122, tras un límite legal de 150 días.
Luego de que el máximo tribunal anulara en febrero la política arancelaria del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense buscó la manera de encarrilar los aumentos de gravámenes a través de otros instrumentos. Mientras tanto, subió las tarifas globales a un 15%.
Luego la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés), timoneada por Jamieson Greer, propuso aranceles adicionales sobre las importaciones provenientes de 60 países (entre ellos Argentina), luego de determinar que su incapacidad para frenar el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudicaba a Estados Unidos.
El USTR inició en marzo una investigación en virtud de la sección 301 de la ley de comercio de 1974, relativa al trabajo forzoso, que es la nueva herramienta que utiliza el gobierno de Trump para intentar reconstituir su agenda arancelaria.
El documento del USTR anunció: “El 10 por ciento es la tasa adecuada de los aranceles de la Sección 301 para economías investigadas que (i) imponen una prohibición de importación de trabajo forzado; (ii) se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; o (iii) haber impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzado. Estas economías son: Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido”.
Entre el 10 y el 12,5% será para productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza. Y 12,5% para el resto de los países.
El caso argentino
La Argentina firmó un Tratado de Comercio e Inversión en febrero, que fue anulado días después por el fallo de la Corte Suprema y quedó en el limbo.
Una fuente que participó en las negociaciones resumió la situación a Clarín: “Argentina tenía 10% de aranceles por el acuerdo bilateral. La Corte Suprema le dijo a Trump que no podía implantar aranceles recíprocos y Trump, mientras se dilucidaba el tema, les colocó a todos los países un arancel global del 15%. Por ese período, mientras se abrían las investigaciones por trabajo forzoso, los aranceles de los productos argentinos subieron del 10 al 15%. Ahora nos vuelven al 10%”.
“Entonces, ahora estamos en la misma posición que estábamos cuando se firmó el acuerdo”, señaló.
Este jueves el USTR establece que, como ese pacto bilateral incluía cláusulas sobre trabajo forzado, le correspondería entonces ahora un 10%, un arancel general similar al que establecía el Tratado.
No hubo certeza sobre qué pasará con la eliminación de aranceles recíprocos a más de 1.600 productos argentinos que fijaba el Tratado.
Sin embargo, el anuncio del USTR determino que “de acuerdo con la dirección específica del Presidente, que las exenciones de productos son apropiadas para…ciertos productos de Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o Reino Unido que fomenten que estas economías cumplan compromisos sobre las prohibiciones de importación de trabajo forzado o promulguen y hacen cumplir efectivamente una prohibición de importación de trabajo forzado; o (e) artículos para los que estos aranceles no puedan contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se consideren accionables en las investigaciones”.
O sea que todo indica que las exenciones seguirían vigentes. “La idea es que todo esto remonte a la situación previa a la decisión del Tribunal Supremo”, pero a través de la decisión del artículo 301, dijo a Clarín tras el anuncio una fuente al tanto de las negociaciones.
Desde hace varios meses se intentaba reflotar de alguna manera el Tratado bilateral. El embajador y negociador comercial Luis Kreckler participó de una audiencia en el National Foreign Trade Council sobre la sección 301, junto con las otras naciones que integran la lista, entre ellas de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina.
Esta iniciativa es una manera velada de presionar para que se frenen importaciones de países como China, pero también en el caso de Argentina sirve como vehículo legal para implementación de aranceles que estaban ya en el Tratado y poder evitar el fallo de la Corte.
“Hacen investigaciones por distorsiones al comercio y en función de eso tienen la potestad para imponer aranceles”, señaló a Clarín una fuente al tanto de las negociaciones. En el caso argentino, el problema no sería el trabajo forzoso, sino la posible importación de bienes producidos por trabajo forzoso.
En el comunicado del anuncio, Greer señaló: “El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzado de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzado durante casi un siglo y la hace cumplir rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.
“La acción de hoy comenzará a corregir lo que es tanto un abuso de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionada para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo. Me animan los socios comerciales que han actuado rápidamente para adoptar prohibiciones de importación de trabajo forzado, y espero garantizar su aplicación efectiva”, agregó.
