El Gobierno nacional presentó el “gemelo digital social” como una revolución tecnológica que va a revolucionar el Estado. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y celebrada públicamente por Javier Milei, promete utilizar inteligencia artificial para integrar datos y “anticipar” políticas públicas. El oficialismo lo muestra como un salto hacia el futuro. Sus críticos, en cambio, advierten que detrás del marketing aparece una pregunta inquietante: cuánto puede acercarse este sistema a una estructura de vigilancia masiva que vulnere los derechos democráticos de los ciudadanos.
La referencia inevitable es George Orwell y su novela 1984, donde el “Gran Hermano” observa y controla permanentemente a los ciudadanos. La cultura popular lleva décadas imaginando escenarios similares. Uno de los ejemplos más citados es Minority Report, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Steven Spielberg. Allí existe un sistema llamado “PreCrimen” que anticipa asesinatos antes de que ocurran y permite encarcelar personas preventivamente. El gran dilema filosófico de la película aparece cuando el propio protagonista es señalado como futuro criminal: ¿Alguien puede ser culpable incluso antes de cometer un hecho delictivo?
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Otra ficción que suele reaparecer en este debate es Black Mirror. En el episodio “Nosedive” (“Caída en picado”, 2016), cada interacción social es puntuada y las personas viven atrapadas en un ranking permanente que determina acceso a trabajos, viviendas y reconocimiento social. La lógica recuerda directamente al “social scoring”, un mecanismo que clasifica ciudadanos según su comportamiento y sus datos personales.
Ese sistema no pertenece solamente a la ficción. China desarrolló distintas formas de crédito social estatal en la última década. Cuando se comenzó a implementar el sistema,. alrededor de 18 millones de personas fueron bloqueadas para comprar pasajes de avión y más de 5 millones para adquirir boletos de tren por figurar en listas negras vinculadas al sistema de puntuación social. Las sanciones podían derivarse de deudas, multas impagas, incumplimientos administrativos o conductas consideradas “no confiables”. El modelo también fue asociado al despliegue de vigilancia masiva mediante cámaras con reconocimiento facial y análisis de big data aplicado al control social.
El eje del debate argentino pasa por entender qué significa exactamente un “gemelo digital”. En términos técnicos, un gemelo digital es una copia virtual de algo real, construida a partir de datos constantes. La tecnología se utiliza desde hace años en distintas industrias. En el automovilismo, por ejemplo, Franco Colapinto trabaja con simulaciones digitales de su vehículo para analizar desgaste, temperatura, aerodinámica y comportamiento del auto en pista. El sistema permite anticipar fallas y optimizar decisiones sin necesidad de realizar pruebas físicas constantes.
La diferencia es que ahora el objeto de la simulación dejaría de ser una máquina y pasaría a ser la sociedad misma. El “gemelo digital social” anunciado por el Gobierno buscaría integrar información proveniente de múltiples bases de datos estatales —como Anses, registros tributarios, información sanitaria o datos sociales— para construir perfiles y realizar predicciones sobre comportamientos colectivos.
Monster Energy más cerca de Franco Colapinto
En ese punto aparece el nombre de Palantir, la compañía fundada en 2003 por Peter Thiel. Aunque no existe confirmación oficial de participación directa en el proyecto argentino, especialistas como Beatriz Busaniche vincularon el anuncio con la presencia reciente de Thiel en Buenos Aires y con el tipo de soluciones tecnológicas que comercializa la empresa.
Palantir desarrolla plataformas capaces de integrar enormes volúmenes de información provenientes de distintas fuentes para detectar patrones, realizar análisis predictivos y asistir en la toma de decisiones. Sus sistemas fueron utilizados por agencias de inteligencia, fuerzas militares, organismos migratorios y gobiernos occidentales. Entre las críticas más fuertes aparece su colaboración con el ICE estadounidense en programas de deportación y monitoreo migratorio.
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El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a mejorar la segmentación y eficacia de las políticas sociales. Los críticos, sin embargo, advierten que el problema no es solamente la eficiencia, sino el nivel de concentración de datos sensibles que podría alcanzar el Estado. En la era del big data, cada ciudadano produce información permanentemente a través de consumos, movimientos digitales, redes sociales y actividad online. El temor es que toda esa información pueda integrarse en perfiles automatizados capaces de clasificar conductas y anticipar comportamientos.
Allí reaparece una vieja discusión entre filosofía política y ciencias políticas. Desde una lógica tecnocrática, un sistema de inteligencia artificial capaz de procesar millones de datos puede mejorar la administración estatal y optimizar recursos. Pero la filosofía política introduce otra pregunta: ¿es legítimo? ¿Qué ocurre con la libertad individual cuando un algoritmo comienza a clasificar ciudadanos según patrones estadísticos?
Los sistemas de IA tampoco son neutrales. Aprenden a partir de datos cargados por humanos y pueden reproducir prejuicios sociales, económicos o políticos. El social scoring transforma esas clasificaciones en puntajes que luego condicionan acceso a beneficios, créditos o servicios. La persona deja de ser vista como sujeto singular y pasa a convertirse en un perfil calculable.
La preocupación por este tipo de herramientas no es nueva. De hecho, la Unión Europea avanzó en regulaciones específicas sobre inteligencia artificial a través del AI Act, la nueva legislación comunitaria que clasifica al social scoring como una práctica de “alto riesgo”. La normativa prohíbe sistemas que clasifiquen personas de manera perjudicial o discriminatoria, al considerar que pueden afectar derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad individual. Mientras Europa busca limitar estas herramientas, el debate argentino aparece atravesado por la posibilidad de avanzar justamente en mecanismos de perfilado y predicción social mediante inteligencia artificial.
El debate, en definitiva, no gira únicamente alrededor de la tecnología. La verdadera discusión es política y filosófica: cuánto poder puede concentrar un Estado capaz de cruzar datos masivos y anticipar comportamientos sociales. Porque detrás del “gemelo digital” aparece una pregunta mucho más profunda sobre el futuro de las democracias en la era de la inteligencia artificial.
Incluso el papa León XIV advirtió recientemente sobre los riesgos de la deshumanización tecnológica y la reducción de las personas a meros datos o variables de cálculo. El temor de fondo es precisamente ese: que el individuo deje de ser visto como una persona y pase a ser interpretado únicamente como una estadística dentro de un sistema predictivo.
