El microcentro porteño amaneció con una postal de alerta. La iglesia de Santa Catalina de Siena, joya arquitectónica fundada hace 281 años, debió cerrar sus puertas al público debido a la aparición de decenas de fisuras en sus muros coloniales. El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva ofició este mediodía la misa en la parte exterior del edificio, en la intersección de Viamonte y San Martín, para denunciar públicamente que los daños fueron provocados por las recientes obras de peatonalización ejecutadas por el gobierno de Jorge Macri.
Ante los fieles, el funcionario de la Iglesia vinculó directamente el deterioro del monumento con el movimiento de suelos en la calle. Según las autoridades del templo, el daño es reciente y cuentan con registros fotográficos de 2024 que prueban la integridad del edificio antes de que las máquinas comenzaran a trabajar. “Las obras nos están alertando con estas grietas. Creemos que es necesario sentarnos, analizar la situación y que los técnicos nos ayuden a encontrar una solución”, subrayó García Cuerva.
Desde el gobierno porteño, en cambio, intentaron apaciguar las aguas y aseguraron a La Nación que las fisuras son preexistentes. A pesar de esta versión oficial, la Ciudad suspendió temporalmente las tareas viales mientras se espera una reunión clave entre los especialistas de la administración porteña y el cuerpo técnico del Arzobispado. El jefe de Gobierno y sus funcionarios quedaron bajo la lupa de la Iglesia, que exige garantías innegociables para preservar este Monumento Histórico Nacional.
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El reclamo de García Cuerva no se agotó en la obra peatonal. El arzobispo aprovechó la visibilidad del conflicto para volver a cargar contra la construcción del megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días en el terreno lindero. “Si el peatonalizar la calle ha generado este tipo de rajaduras, no quiero ni imaginarme lo que puede generar otra edificación importante en la misma manzana”, sentenció, dejando en claro que la Iglesia mantiene una oposición total al proyecto de 36,5 metros de altura.
“Estar aquí es reconocer que hay raíces, que no vivimos en un eterno presente. No todo lo pasado es viejo y hay que destrozarlo. Nos construimos sobre nuestro pasado”, reflexionó ante los vecinos. El Arzobispado recordó además que, debajo del predio donde se proyecta la nueva obra privada, existen registros de dos cementerios coloniales (uno de religiosas y otro de familias afroamericanas) que merecen protección arqueológica.
El otro frente: el cruce por la seguridad
La tensión por Santa Catalina marca el segundo cortocircuito entre el gobierno porteño y el Arzobispado en menos de siete días. Este enfrentamiento se suma a las duras críticas de García Cuerva contra el operativo “Tormenta Negra” ejecutado por la Policía de la Ciudad en villas y asentamientos. El domingo pasado, desde la Villa 31, el arzobispo calificó de “show mediático” el despliegue de 1500 efectivos y denunció que el Estado criminaliza a los sectores más vulnerables mientras los barrios sufren carencias estructurales.
La respuesta de los curas villeros, alineada con el arzobispo, fue contundente: repudiaron el hostigamiento a los trabajadores informales y advirtieron sobre la estigmatización que acrecienta la grieta social. Mientras la gestión de Jorge Macri intenta mostrar mano dura, el Arzobispado se posiciona como un actor crítico que cuestiona la falta de presencia estatal real y exige que la seguridad no sea sinónimo de show mediático o vulneración de los derechos de los vecinos de los barrios populares.
Con un frente de batalla abierto por el cuidado del patrimonio histórico en el corazón financiero de la Ciudad y otro flanco de conflicto social en los asentamientos más postergados, el gobierno de Macri enfrenta un desgaste político que promete profundizarse si no logra canalizar la relación con la Iglesia, un actor que hoy no está dispuesto a guardar silencio frente a lo que considera una amenaza sobre sus raíces.
TC/DCQ
