EFE/ Ronald Peña R La gestión de los residuos y escombros en La Guaira es motivo de preocupación para especialistas y defensores del medio ambiente, quienes advierten que usar el mar de vertedero, lejos de ser una solución rápida y económica, representa una amenaza crítica para la fauna marina y la economía local de un litoral que apenas ha terminado de similar el doblete sísmico que golpeó con fuerza a Venezuela hace 13 días. Karen Brewer-Carías, diseñadora industrial, divulgadora naturalista y defensora de la biodiversidad, advierte que arrojar los escombros al agua puede traer como consecuencias la contaminación química y alteraciones de la calidad del agua, envenenamiento del ecosistema y erosión costera, entre otros daños que a largo plazo se convertirán en un grave problema para los habitantes de La Guaira. “Lanzar los desechos al mar no es la mejor práctica y no será beneficioso para las comunidades, muchas veces se hace porque parece lo más fácil. Pero el problema es que, primero, a nivel estructural vamos a cambiar la forma del fondo marino y van a cambiar las corrientes. Esto va a modificar nuestra costa. Eso no lo vamos a ver en dos días ni en tres semanas. Ese es un proceso largo y complejo y precisamente lo que queremos cuidar son las generaciones futuras”, dijo Brewer en entrevista con Efecto Cocuyo el 6 de julio. De acuerdo con Brewer-Carías, a nivel de arrecifes, el yeso y el concreto no se van a asentar directamente ni desaparecerán en días, sino que van a cubrir lentamente los corales: “Los corales tienen una simbiosis importante. Son colonias de unos organismos y ellos funcionan solamente si tienen un alga que crece en su superficie. Es un trabajo en equipo. Estas algas que crecen en los corales y que los mantienen vivos no solamente son susceptibles a las temperaturas —que por supuesto van a cambiar—, sino que el povillo de yeso y cemento que se va a mantener bastante tiempo suspendido formará una nube y tapará la luz solar. Y si a las algas no les llega luz solar, se mueren, se mueren los corales y se desplazan las especies. Es decir, van a cambiar los patrones de migración de los peces de los que muchos dependen para su subsistencia”, describió. También precisó que los escombros de las edificaciones modernas no son simplemente roca inerte, sino que contienen una gran cantidad de sustancias tóxicas como plomo, componentes de pinturas y restos de combustibles. Al entrar en contacto prolongado con el agua salada, estos contaminantes se diluirán. Esto significa que los peces corren el riesgo de consumir estas toxinas, las cuales eventualmente llegarán a las mesas de los ciudadanos, planteando un grave riesgo de salud pública. “Va a cambiar la bioquímica de todo el lugar, el PH del agua, cómo se comportan los organismos que están ahí. Por ejemplo, los patrones de los peces para tener crías, porque ya no van a contar con los arrecifes de coral o los espacios para ello. Hay una cosa que la gente no tiene muy clara y es que toda la naturaleza está conectada. Esto se nos va a convertir en un problema de bienestar común y calidad de vida”, apuntó Brewer-Carías. Los desechos se deben clasificar Usuarios en redes sociales han advertido que varios escombros ya están siendo desechados al mar, a 30 km de Caracas. El comunicador social Rodolfo García indicó el 5 de julio que en la vía de Tanaguarena hacia Naiguatá camiones cargados con restos sólidos los estaban depositando al borde de la playa. Hasta ahora las autoridades del Estado no se han pronunciado al respecto. “Debemos detener eso. No se están adelantando a los problemas, están esperando a que los problemas lleguen y los rebasen. El traslado de estos desechos los debemos hacer por ahora a un lugar temporal, mientras pensamos cómo gestionar esto correctamente. Desde hace bastante tiempo no estamos gestionando nuestros desechos como deberíamos y eso nos trae problemas”, expresó Brewer-Carías. El ambientalista y coordinador general de Clima 21, Alejandro Álvarez, coincide con Brewer-Carías e indica que los escombros deben ser reubicados en espacios temporales: lugares seguros en tierra firme donde los desechos se reciben de forma provisoria con el único fin de ser clasificados, separados y procesados. “Es un tema complejo. Ahora tenemos una crisis muy grande producto del evento tan terrible que sufrimos. Los protocolos internacionales actuales dicen que lo peor que se puede hacer es botar los desechos, porque todo eso es útil incluso para la propia reconstrucción. Un edificio que lamentablemente se cayó tiene una cantidad de elementos que hay que separar: hierro, concreto, entre otros. El concreto separador se tritura y sirve como base en carreteras, el metal se reutiliza”, explicó Álvarez a Efecto Cocuyo. Añadió que, aunque la prioridad del Estado venezolano debe estar enfocada en los supervivientes, víctimas y demás afectados por el terremoto, no hay que dejar de lado la perspectiva ambiental. “Hay tres orientaciones necesarias para decidir qué hacer. Primero, la seguridad ciudadana. El segundo tiene que ver con viabilidad económica, es decir, cuánto cuesta mover eso, hasta dónde y en qué parte. Lo tercero es el tema de protección ambiental: ¿la colocación de eso va a producir un daño ambiental? Deben tomarse en cuenta los tres criterios. Después se puede decidir la colocación de desechos en sitios intermedios mientras se atiende la emergencia”, apuntó Álvarez. Cuál es el marco legal en Venezuela Miguel Ángel Morales, ingeniero geólogo, geotecnista y exdirector de Gestión de Riesgos de Protección Civil Miranda, dijo a Efecto Cocuyo este 7 de julio que Venezuela no cuenta con un marco legal que regula la gestión de residuos tras un desastre natural. “Venezuela no tiene un protocolo o estándar específico para el manejo de restos de edificaciones colapsadas por desastres. Sin embargo, sí hay algo en vigencia dentro del marco legal: tenemos el Decreto 2216 “Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos” que los incluye —pero no de forma explícita— y los calificados como materiales no peligrosos”, aseguró Morales en entrevista telefónica. El artículo 26 del decreto establece las restricciones geográficas y ambientales para la disposición de desechos. De acuerdo con este apartado, se deben reubicar fuera de zonas de expansión urbana, Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), parques nacionales y ecosistemas sensibles como pantanos o áreas inundables con frecuencias menores a 100 años. Asimismo, el terreno debe situarse a una distancia mínima de 400 metros de sistemas de abastecimiento de agua y 500 metros de pozos profundos, en zonas libres de fallas activas, riesgos geológicos o recargas de acuíferos. Morales recordó que además en el país existe la Norma COVENIN 3838:2003 (Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos), que no fue promulgada exactamente para desastres naturales, pero que puede utilizarse en este caso. “Ante ausencia de un marco nacional, hasta cierto punto pueden aplicarse. Lo importante es que los escombros no terminen en el mar. Hay dos convenios internacionales de los que Venezuela es firmante que prohíben que un país arroje desechos al mar”, apuntó. Estos son el Convenio de Cartagena (Convenio para Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe) y el Convenio de Londres (sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias). “Lo habitual que se hace en estos casos es que se habilitan centros de acopio transitorios. Es decir, no se lleva a una disposición final sino a una transitoria donde se hace una clasificación. Se separa por tipo de material: hormigón por un lado, refuerzo de acero por otro. Rescato que esto tendría que hacerse una vez que se hayan recuperado muestras de cada edificación para poder hacer los debidos análisis post evento a nivel de las posibles respuestas de las edificaciones frente a los terremotos”, expresó el ingeniero. Hizo énfasis en que estos elementos separados se pueden reciclar bajo ciertos procesos para poder crear nuevas mezclas con el fin de reutilizarlos en el futuro. “Todo debe procesarse antes. Nada de lo que está allí colapsado se debe reutilizar en la condición de que está, porque esos materiales ya han superado la resistencia que tenían por diseño. También han estado sometidos a un proceso de alteraciones en ese ambiente con salitre que hay hacia la zona de la costa. Además esos materiales han sido fragmentados en las operaciones de rescate”, dijo Morales. Qué dicen los protocolos internacionales En la región existen protocolos internacionales de gestión de residuos que han sido modificados a través de los años y que hoy funcionan como guías para Estados que no tienen un marco legal regulatorio al respecto. En Chile, por ejemplo, la norma NCh3562 prohíbe mezclar escombros y exige su separación inmediata: los reciclables se clasifican en el sitio, los peligrosos se encapsulan en depósitos de seguridad especiales y el hormigón limpio se tritura para ser reutilizado en construcción. Este estándar no fue creado exclusivamente para contextos post-terremotos, sino que es de aplicación diaria para toda la industria de la construcción y demolición chilena. No obstante, es una herramienta legal utilizada con regularidad a la hora de decidir qué hacer tras derrumbes por sismos. A nivel mundial, Japón, otro país sísmico, es el líder indiscutible de las normativas de remoción de escombros tras desastres naturales. Los restos de estructuras tras un terremoto no se consideran “escombros” comunes, sino que entran en una categoría legal especial administrada por los municipios, pero financiada casi por completo por el gobierno central japonés. Una de las leyes principales sobre el tema es la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública, que en su artículo 4-2 dictamina las responsabilidades del Estado de Japón y la obligación de los distintos entes de cooperar. Traducido al español, establece: “El gobierno nacional, los gobiernos locales, los contratistas y otras partes pertinentes deben esforzarse por compartir adecuadamente sus funciones y colaborar entre sí para garantizar una gestión fluida, rápida y adecuada de los desechos cuando se produzcan desastres extraordinarios, de conformidad con los principios de gestión prescritos en el artículo 2-3”. En el caso de que un municipio pequeño quede devastado y no tenga dónde llevar los escombros, la ley japonesa activa el Tratamiento de Desechos en Áreas Amplias (Wide-Area Disposal System o Cross-Jurisdictional Waste Treatment). A través de este marco legal, las prefecturas y ciudades vecinas que no sufrieron daños están obligadas a recibir, procesar y reciclar los escombros de la zona afectada en sus propias plantas para acelerar la reconstrucción. El ingeniero Miguel Morales recordó que también existe el manual Esfera, la guía operativa internacional que establece los estándares mínimos de dignidad, protección y supervivencia para asistir a poblaciones afectadas por desastres o conflictos. “En el caso del manual Esfera, sobre normas mínimas para la asistencia humanitaria y rendición de cuentas en caso de desastres, la norma 5 dentro del capítulo técnico sobre abastecimiento, saneamiento y promoción de la higiene, especifica cómo debe realizarse la gestión de desechos sólidos, lo que sí incluye los escombros de edificaciones colapsadas”, subrayó Morales.
