La investigación que involucra al dirigente sindical Facundo Moyano sumó un giro clave en las últimas horas. Candela Arizaga, la joven de 23 años señalada como la presunta víctima, declaró ante el personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y desmintió las versiones iniciales sobre un supuesto ataque físico y de privación de la libertad.
La declaración de la joven se dio en las instalaciones del hospital Pirovano, lugar al que la trasladó una ambulancia del SAME tras el operativo en la vía pública. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que la joven desligó por completo al gremialista de cualquier tipo de agresión física o encierro en el departamento de la avenida Libertador.
Según explicaron los voceros de la causa sobre el testimonio de la joven: “Arizaga dijo que Moyano no le pegó”. De acuerdo con las actas del procedimiento, la joven ratificó esa postura ante los oficiales que tomaron su testimonio en el centro de salud y: “Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”.
El testimonio de la joven contradice la primera versión que elaboraron los efectivos policiales que intervinieron en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, en el barrio de Belgrano. En aquel acta inicial se detallaba que Arizaga, al ser hallada en la calle, manifestó que el sindicalista la había agredido. Respecto de su estado físico, una médica legista constató una lesión en la rodilla, aunque el informe preliminar detalló que la herida se pudo haber producido cuando la joven cayó en la vía pública.
A pesar del testimonio de la joven, la situación procesal del dirigente gremial sigue su curso formal bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público de la Ciudad. El auxiliar fiscal Julián Pistone convalidó la detención de Moyano y lo imputó de manera preventiva por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.
Los investigadores judiciales explicaron los pasos a seguir respecto de la situación del imputado:
“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho”.
Tras cumplirse ese plazo, la fiscalía definirá el destino inmediato del dirigente: “Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”. En paralelo, la jueza Julia Correa autorizó el allanamiento del departamento de Moyano, ubicado en la avenida Libertador al 5400, mientras que fuentes con acceso al expediente confirmaron que el imputado se negó a realizarse los estudios de sangre y orina.
