En el marco del debate oral y público del caso Cuadernos, se escucharon los últimos testimonios de funcionarios y ex funcionarios del ARCA que tuvieron a cargo la fiscalización sobre las personas físicas y jurídicas acusadas de pagar sobornos al gobierno kirchnerista desde 2003 a 2015. De esa manera, con pagos que mayoritariamente eran en dólares, se garantizaron contratos, concesiones, obras y subsidios. Para el Ministerio Público Fiscal, que citó a los ex integrantes del fisco, las declaraciones corroboran el rol activo de las empresas y sus integrantes en la estructura de corrupción.
El expediente de los cuadernos de las coimas se constituyó en el mayor juicio en materia de corrupción que se desarrolla en los Tribunales federales de Retiro. Tiene como principal acusada a Cristina Kirchner señalada como jefa de una asociación ilícita. El cuadro de imputaciones incluye a 19 ex funcionarios públicos -mayoritariamente del ex Ministerio de Planificación Federal-, 60 empresarios, exchoferes y secretarios también.
Los dueños de las compañías investigadas están sentados en el banquillo de los acusados por el delito de cohecho activo, es decir: el pago de sobornos, no así por el delito de asociación ilícita por el cual responden los ex funcionarios.
Por pedido de la fiscal general Fabiana León, se citaron como testigos a más de una docena de ex integrantes y actuales funcionarios del ARCA. Son contadores públicos y administradores de empresas que fiscalizaron a un conjunto de compañías y directivos empresarios que se encuentran acusados en el caso.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que los relatos de la mayoría de los testigos que pasaron por el estrado exhibieron que la trama de sobornos “se trataba de un sistema de beneficios recíprocos”. Un grupo de estos empresarios se acogieron al régimen de beneficios fiscales de 2016, lo cual para los investigadores “muestra estructuras financieras preexistentes de muchos años, de las que no se conoce en detalle su composición”.
¿A qué se contrapone esta información? A una de la tesis expuestas por los empresarios en sus confesiones: que eran presionados por los ex funcionarios de Planificación Federal a pagar sobornos para poder continuar con las obras, contratos, concesiones. “Muchos se defienden indicando que eran víctimas de ese mecanismo de extorsión y aprietes que los obligaba a pagar. Sin embargo, la formación de activos -ahorro en dólares en negro- por parte de los empresarios en ese período, y luego exteriorizados en el blanqueo, en algún punto derriba esa defensa”, porque exhibe que también acumulaban fondos ilegales de forma corporativa o personal.
Según fuentes allegadas a la fiscalía, en esta etapa de testimoniales de ex integrantes y actuales funcionarios del ARCA hubo una serie de aspectos que consideran respondidos. En primer lugar, se ratificó parte de la documentación que está incorporada a la causa, informes de las fiscalizaciones que fueron admitidos por los testigos e identificados visualmente cuando se los expusieron.
Asimismo, los testimonios permitieron determinar la existencia de “salidas de dinero no documentadas” en la contabilidad de las empresas juzgadas, como así también la coincidencia de fechas, montos y firmas según lo declarado por el financista K Ernesto Clarens como arrepentido.
“La compra de dólares retirados en efectivo por montos que constituyen el 50% de los anticipos financieros de las obras (al otro día del pago), es otra coincidencia con lo que describió Carlos Wagner en su declaración como arrepentido”, consignó una fuente judicial. Wagner era el presidente de la Cámara de la Construcción y titular de la firma Esuco, beneficiada con contratos públicos millonarios.
Un listado de empresarios cuyos patrimonios -según los informes de ARCA- se vieron incrementados, luego se acogieron al régimen de perdón fiscal.
La planilla del financista K
En las audiencias también se escuchó a algunos testigos que explicaron que la orden judicial del juez Bonadio incluía una planilla confeccionada por el financista Clarens. Se trata de un documento que entregó a la justicia federal cuando se convirtió en imputado colaborador en etapa de instrucción.
Clarens manejó coimas de un núcleo reducido de empresas constructoras, que integraban lo que Carlos Wagner definió como “la Camarita”: una subdivisión de la Cámara de la Construcción integradas por firmas específicas de Construcción Vial.
En su confesión, Clarens manifestó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.
El sistema operó de la siguiente manera: primero las empresas integrantes de la “Camarita” acordaban cuál sería la adjudicataria de una determinada licitación, según un código informal “que incluía rankings y devolución de favores”, dijo la fiscalía.
Una vez que se decidía qué empresa resultaría ganadora, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba las erogaciones. En ese momento, comenzaba el circuito recaudatorio ilegal que tenía a Clarens como primer receptor de los montos dinerarios o “retornos” abonados por los empresarios.
La recaudación ilícita de dinero proveniente de las obras viales coordinadas por la Dirección Nacional de Vialidad, en los casos de contrataciones que incluyeran anticipos financieros, la suma de dinero a entregar a los funcionarios públicos correspondía a un porcentaje del monto ofertado por la obra, en general, entre 3% y 20%.
Varios testigos citados por el Ministerio Público Fiscal hicieron referencia a la famosa planilla de Clarens, que detallaba fechas en las que los empresarios le daban el dinero para su conversión a dólares, los nombres de las compañías, los montos.
La orden era constatar si en esas fechas las firmas mostraban movimiento de dinero.
Los fiscalizadores de la entonces AFIP indicaron ante el TOF 7 que hubo “retiros de dinero en efectivo, por ventanilla”, en otros casos se escuchó que era a través de cheques por ventanilla. En esta semana se detalló que esos retiros de plata eran “consecutivos, a comienzos de mes y siempre con el mismo cajero”.
Todos los funcionarios de la ex AFIP explicaron, ante la consulta de la fiscal León, que luego de ser retirado por ventanilla bancaria de ese dinero “se pierde la trazabilidad”, no se puede determinar el destinatario final.
La sospecha del Ministerio Público Fiscal es que esos retiros eran para el pago de las coimas acordadas con los ex integrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal.
Este miércoles,el testigo Mariano Barbería señaló que en algunos casos hubo concordancia entre las fechas y montos de la planilla de Clarens con lo detectado en el proceso de fiscalización.
La semana pasada, la fiscalía interrogó a dos testigos responsables de fiscalizar a un conjunto de compañías y empresarios. Ambos coincidieron en que las firmas exponían “movimientos de fondos sin justificación”, como así también “extracción por ventanilla de sumas importantes de dinero”.
La sospecha central de la fiscalía es que las compañías involucradas en la maniobra de corrupción que se juzga no eran “víctimas que operaban bajo extorsión de los funcionarios, sino que eran beneficiarios del sistema”. Es decir: no sólo se garantizaban la continuidad de obras, contratos, concesiones, sino que además “obtenían ganancias patrimoniales personales como también para las compañías”, como describió una fuente judicial.
