La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa que investiga una lujosa casaquinta en Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares y presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vuelva a la Justicia Federal de Campana, donde había comenzado a tramitar.
A partir de los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y con la disidencia parcial de Alejandro Slokar, el tribunal determinó que la causa no debe tramitar en la Justicia Penal Económica porteña, sino que debe regresar a la órbita federal. Regresará al juzgado de Adrián González Charvay.
De manera que el objetivo es respetar el principio constitucional del “juez natural”, es decir, que una causa sea investigada por el tribunal que corresponde según las reglas de competencia y el territorio.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La causa comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como propietarios de una sociedad llamada Real Central, compradora de la propiedad de Pilar.
El pacto de hierro: por qué Chiqui Tapia es el último gran aliado de Infantino en Sudamérica
La sospecha de los investigadores es que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La hipótesis surgió, entre otros elementos, porque los investigadores encontraron en la propiedad objetos que pertenecerían al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Apunta a una propiedad que tiene una superficie de unos 105.000 metros cuadrados, incluye una mansión, un haras, un helipuerto y un galpón donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama y de colección, cuyo valor conjunto rondaría los US$4 millones. La quinta, en tanto, fue valuada en aproximadamente US$17 millones.
Se busca determinar de dónde surgieron los fondos utilizados para adquirir y mantener ese patrimonio y si existe una conexión con recursos de la AFA. Entre los elementos incorporados al expediente también aparece una tarjeta corporativa de la Asociación que, según la investigación, habría sido utilizada por Pantano para pagar telepases.
Por qué la causa pasó por distintos tribunales
Lo que es cierto es que el expediente tuvo un recorrido judicial complejo desde que comenzó. Al principio, estuvo en manos del juez federal Daniel Rafecas, en Comodoro Py, quien derivó la investigación al fuero Penal Económico.
A continuación de distintos planteos sobre qué tribunal debía intervenir, la causa llegó al Juzgado Penal Económico N° 10 y había quedado delegada en el fiscal Claudio Navas Rial.
Durante ese período, la defensa de Pantano y Conte cuestionó ese traslado y pidió que el expediente regresara a Campana. Su argumento principal fue que la propiedad que constituye el eje de la investigación está ubicada en Pilar, jurisdicción que corresponde al juzgado federal de Campana.
La Fiscalía, en cambio, se opuso al regreso y sostuvo que la investigación es más amplia que la compra de la quinta y comprende hechos y operaciones que también habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento de Casación
Los jueces Borinsky y Barroetaveña consideraron que el punto central es qué delito se está investigando y qué fuero tiene competencia para hacerlo. Advirtieron que el fuero Penal Económico tiene una competencia específica establecida por ley para determinados delitos, como evasión tributaria, contrabando, infracciones al régimen penal cambiario y otras conductas vinculadas al ámbito económico.
Aun así, sostuvieron que el lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal no fue atribuido específicamente al fuero Penal Económico. Por eso, entendieron que no corresponde que ese tribunal continúe con una investigación cuyo principal objeto es determinar si existió lavado de dinero.
Dicha resolución también aclaró que el regreso a Campana no significa comenzar la investigación desde cero.
Todo lo actuado hasta ahora mantiene su validez y las medidas de prueba ya realizadas o pendientes podrán continuar.
LT MV
