En un fallo unánime, la Cámara 10a. del Crimen integrada con jurados escabinos condenó a exresponsables de la cárcel de Villa María y presos que formaron una asociación ilícita para perpetrar decenas de estafas telefónicas desde el interior del penal. De las 25 penas aplicadas, las más altas -de hasta 9 años y 6 meses de prisión- recayeron sobre los directivos penitenciarios y los líderes de la organización.
El tribunal fue presidido por Mario Centeno, integrado por los vocales Carlos Palacio Laje y Juan José Rojas Moresi y dos ciudadanos comunes.
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Una zona liberada dentro de la cárcel
El veredicto desmanteló la jerarquía de una organización que funcionaba como una empresa delictiva mixta entre internos y funcionarios públicos. Las condenas principales incluyeron a Andrés Américo Aciar (exdirector del penal), condenado a 9 años y 6 meses de prisión; Edgar Ezequiel Arroyo (exjefe de Seguridad), sentenciado a 8 años y 3 meses de prisión; Sebastián Ezequiel Moyano (alias “Pitu”, líder interno), “pluma” del pabellón 11, quien recibió una pena de 6 años y 10 meses de prisión como jefe de la asociación y coautor de estafas; Oscar Pablo Figueroa (exoficial de servicio); condenado a 5 años y 6 meses de prisión por su rol como miembro y partícipe necesario de las estafas; Santiago Mauricio Martin (Sargento de Policía), sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita, violación de secretos y participación en los fraudes.
Por otra parte, el tribunal absolvió por el beneficio de la duda al exsubdirector de operaciones, Néstor David Gómez, y al sargento de policía Mauricio Marcos Agüero, ordenando su inmediata libertad.
La justicia acreditó que, entre enero y septiembre de 2023, los funcionarios penitenciarios relajaron deliberadamente los controles de seguridad para permitir el ingreso y la tenencia de teléfonos celulares. Esta “zona liberada” permitió que los internos, bajo el mando de Moyano, montaran un centro de operaciones delictivas.
La banda utilizaba principalmente dos mecánicas de engaño.
Contactar por Marketplace (Facebook) a vendedores de artículos usados simulando interés en la compra. Mediante comprobantes de transferencia falsos por montos superiores al acordado, inducían a las víctimas a creer que había un error. Luego, otro miembro fingía ser empleado de un banco para “solucionar el problema”, logrando que las víctimas transfirieran dinero real desde sus cuentas hacia cuentas de “mulas” de la organización.
Otro modo eran ventas falsas de alfalfa. Publicaban avisos ofreciendo rollos de alfalfa con imágenes robadas de empresas reales. Una vez que los damnificados realizaban transferencias como seña o pago total, los delincuentes cortaban la comunicación sin entregar el producto.
Había cómplices externos
Para canalizar el dinero robado, la asociación reclutó a familiares y allegados en libertad (como Sofía de los Milagros Abbas, Gimena Molina y Vanesa Aguirre, entre otros), quienes prestaban sus cuentas bancarias o billeteras virtuales.
Una víctima fue defraudada por $127.000 tras intentar vender un sillón; el dinero circuló por una cadena de cuentas de la organización. Un productor transfirió $162.000 por una supuesta compra de 30 rollos de alfalfa que nunca existió. Como estos casos, hubo decenas.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de millones de pesos en efectivo y numerosos dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos. El fallo concluye con una fuerte recomendación a las autoridades para extremar las medidas que impidan el uso ilegal de celulares en las cárceles cordobesas.
