La directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación de Misiones, Emilia Lunge, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los estudiantes de institutos públicos de gestión privada de la provincia, quienes quedaron excluidos de las Becas Progresar debido a normativas y limitaciones impuestas a nivel nacional.
Según explicó la funcionaria, la falta de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), sumada al congelamiento de los montos del beneficio, generó un desajuste reglamentario que impide la postulación de alumnos en casi el 70% de las instituciones que anteriormente estaban habilitadas.
En un contexto de creciente incertidumbre económica, esta medida afecta directamente la trayectoria académica en localidades donde la oferta educativa depende de estos centros subvencionados.
Lunge aclaró que la situación actual no responde a un recorte directo, sino a una imposibilidad técnica y reglamentaria para que los estudiantes de institutos públicos de gestión privada accedan al beneficio.
“Los estudiantes que concurrían a institutos como el Janssen, el Ipesmi, y el Montoya, actualmente no se van a poder postular a las becas Progresar. Por ese lado es la dificultad que estamos teniendo como provincia”, explicó.
El impedimento radica en un desfase entre el costo de las cuotas institucionales y el tope establecido por el reglamento nacional, vinculado al SMVM.
“El reglamento dice que de las instituciones públicas de gestión privada ingresan aquellas cuya matrícula más las cuotas no superen un SMVM, lo que te da que tiene que ser $34 mil por mes aproximadamente. Hoy por hoy ninguna institución, por más que reciba la subvención de la provincia, puede tener una cuota tan baja”, detalló Lunge.
En cuanto al impacto en el nivel medio, la funcionaria señaló que la problemática se extiende también a los alumnos que cursan el tramo final de sus estudios básicos bajo la modalidad de gestión privada.
“Nos pasa lo mismo con Progresar Obligatorio, con los chicos que están terminando la educación secundaria y, quizás por una cuestión de cercanía o de afinidad, accedían a una escuela secundaria pública de gestión privada, pero que hoy no entran en el Progresar”, detalló.
Si bien el “voucher educativo” puede actuar como paliativo, representa una pérdida de recursos. “Se puede saldar un poco con el voucher educativo, pero sí es un dinero que no ingresa a la provincia”, indicó.
Un diagnóstico alejado de la realidad de las provincias
La funcionaria destacó que la realidad socioeducativa de Misiones difiere sustancialmente de la región central del país, donde las instituciones privadas suelen tener un perfil elitista.
“Tratamos de explicar que las instituciones públicas de gestión privada de las provincias no son iguales que las de Capital Federal. En nuestra provincia, por ejemplo, las escuelas de la familia agraria, las EFA, tienen cuotas bajas, son subvencionadas por la provincia, y además dan respuesta a la ruralidad de nuestra provincia”, señaló.
El impacto de estas normativas redujo drásticamente la cantidad de centros educativos habilitados para el programa dentro de la jurisdicción. “De los 88 institutos públicos de gestión privada que tiene la provincia, solamente 25 pudieron ser incorporados este año”, precisó la directora.
Asimismo, Lunge advirtió que la falta de actualización del monto de la beca y la rigidez de los parámetros nacionales generan un vacío legal y económico para el beneficiario.
“Es una beca que viene planchada a $35 mil desde el 2024. Los chicos cumplen con el requisito académico de la cantidad de materias aprobadas, pero su institución no aparece en la plataforma”, afirmó.
La pérdida de este recurso económico afecta la continuidad pedagógica de los alumnos, pero también la dinámica financiera de las localidades misioneras.
“Tuvimos municipios que recibían más en concepto de becas que de coparticipación, y esto iba directamente al bolsillo del estudiante, lo que apuntaba al consumo interno”, manifestó. “Hasta en términos económicos nos dificulta todo”.
“La provincia invierte en el Boleto Educativo Misionero (BEM), y en diferentes becas, diferentes estímulos a contraprestación del Progresar, que además es un derecho por ley”, remarcó.
Enfatizó, además, que el beneficio nacional es la continuidad de la Asignación Universal por Hijo, y por lo tanto constituye un derecho adquirido para los estudiantes.
Respecto a una posible solución, la funcionaria se mostró pesimista debido a la proximidad del cierre de inscripciones y la falta de flexibilidad por parte del Gobierno Nacional.
“Las inscripciones cierran el 30 de abril, la plataforma ya está funcionando, entonces hoy por hoy estas instituciones no aparecen en la plataforma para que los chicos lo puedan elegir como una opción”, lamentó.
Respecto al rol del Estado provincial, Lunge contrastó la desinversión nacional con los programas de sostenimiento locales que buscan garantizar la movilidad y permanencia de los alumnos.
Finalmente, Lunge atribuyó la problemática exclusivamente a las normativas dictadas desde Buenos Aires.
“A veces van y se enojan con el rector de la escuela, de por qué no se hicieron los trámites correspondientes, pero la provincia cumplió con todas las reglamentaciones. A través del reglamento que establece Nación, quedan afuera”, concluyó.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
