El jueves pasado, cuando en el Senado se hablaba de la entrada de los pliegos de decenas de jueces que envió el Gobierno para cubrir las vacantes que siguen existiendo, los empleados del Congreso se sorprendieron por la entrada de otro pedido que no cuajaba con el grupo.
Con el número de expediente PE 133/26, el mensaje 138/26 solicitaba acuerdo para promover al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2025, al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez.
De esta manera, el Poder Ejecutivo pidió a los senadores que el jefe de la Casa Militar del Gobierno, hombre del riñón de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente de la Nación, fuera promovido al grado de general de división pese a estar salpicado ahora por la compra de aviones de manera irregular que viene denunciando Clarín. Ahora le falta un rango para obtener el máximo, que es el de teniente general, como lo tiene el ministro de Defensa, Carlos Presti.
En el Senado hubo sorpresa porque se pidió su ascenso por fuera del paquete de ascensos militares y se lo incluyó en un grupo de jueces que nada tenía que ver con el suyo. El pliego tomó estado parlamentario el jueves, dijeron a este diario en el Congreso.
Ibáñez es general de brigada del Ejército Argentino. Fue designado en marzo de 2024 en reemplazo de Alejandro Guglielmi para un cargo ultrasensible. Guglielmi tuvo una salida abrupta de la Presidencia cuando el Gobierno vinculó a su ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con un supuesto espionaje en la Casa Rosada, también dirigido a la hermana del Presidente. Guglielmi había sido jefe de la Casa Militar durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
La Casa Militar es el organismo encargado de la seguridad presidencial, así como también de la custodia de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos. Coordina además aspectos logísticos y protocolares ligados al presidente Javier Milei y depende directamente de Karina Milei.
Ibáñez había sido jefe de la V Brigada de Montaña del Ejército, con asiento en Salta. En las últimas semanas fue asociado al endurecimiento de controles y restricciones a periodistas en la Casa Rosada. También porque se informó que fue la Casa Militar la que presentó una denuncia penal tras la emisión de un informe en TN donde se mostraban imágenes grabadas dentro de sectores internos de la Casa Rosada.
La acusación hablaba de presunto “espionaje ilegal” y de difusión de información sensible vinculada a la seguridad presidencial contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que fue desestimada por la Justicia.
Ahora se lo vincula a las investigaciones sobre compras militares, concretamente de aeronaves, denunciadas en Clarín por los periodistas Claudio Savoia y Federico Teijeiro.
