El Gobierno de Misiones activó el protocolo de convivencia y cuidado en 137 instituciones educativas de la provincia, entre escuelas primarias y secundarias, en el marco de los recientes episodios que generaron preocupación en distintas comunidades escolares. El operativo también se extendió a dos universidades con sede en Posadas, ampliando el abordaje a distintos niveles del sistema educativo.
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Según el informe oficial, las acciones se desplegaron en 24 municipios y permitieron establecer contacto con el 100% de las instituciones alcanzadas. En los casos más complejos, se realizaron múltiples comunicaciones para un seguimiento más cercano, especialmente en situaciones detectadas hacia fines de la semana pasada y en las registradas en las últimas horas.
El dispositivo incluyó presencia policial en todos los casos, tanto de manera preventiva como ante intervenciones específicas derivadas de denuncias. A su vez, se articuló un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación, los Gabinetes Psicopedagógicos Interdisciplinarios, las áreas de Convivencia Escolar y la Dirección de Políticas Estudiantiles.
Además de la respuesta inmediata, en las instituciones se implementaron acciones de acompañamiento orientadas a sostener la continuidad educativa. Estas incluyeron talleres con estudiantes, espacios de escucha, reuniones con familias y ajustes en las dinámicas pedagógicas. También se distribuyeron materiales específicos para fortalecer el trabajo preventivo y la articulación entre la escuela y el entorno familiar.
Desde la cartera educativa subrayaron que el enfoque de intervención prioriza la garantía de derechos. “No se trata de sancionar, sino de cuidar; no se excluye, se garantiza el derecho a la educación; y no se estigmatiza, sino que se acompaña”, indicaron. No obstante, aclararon que este abordaje no excluye la aplicación de medidas en el marco legal cuando corresponda.
En ese sentido, se informó que en todos los casos se realizaron las actuaciones ante la Justicia. Los estudiantes involucrados en amenazas o mensajes que generaron alarma deberán responder en el ámbito judicial junto a sus padres o tutores, mientras que también se solicitó el acompañamiento activo de las familias durante todo el proceso.
Las autoridades remarcaron que emitir amenazas, incluso cuando puedan interpretarse como “bromas”, constituye una forma de violencia con posibles consecuencias legales, por lo que insistieron en la necesidad de dimensionar el impacto de estas conductas dentro de la comunidad educativa.
El trabajo continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de capacitación, seguimiento caso por caso y una mayor articulación con Salud Pública y el Poder Judicial. El objetivo, señalaron, es consolidar un esquema socioeducativo que no solo permita intervenir ante los hechos, sino también prevenir y fortalecer la convivencia escolar.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
