Mientras la mayoría de los adolescentes entra a TikTok o Facebook para ver videos virales o seguir tendencias, en Colombia estas mismas plataformas se convirtieron en un catálogo del horror. Human Rights Watch (HRW) encendió las alarmas con una denuncia estremecedora: grupos armados ilegales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Clan del Golfo, están usando las redes sociales como su principal agencia de reclutamiento infantil. Lo hacen a plena luz del día digital, exhibiendo armas, motos y lujos para sorprender a los más chicos y sumarlos a sus filas.
El saldo de esta cacería es escalofriante. Desde el año 2021, al menos 1.500 menores fueron arrastrados hacia estas organizaciones criminales. El 40% de las víctimas son niñas, quienes quedan expuestas de forma directa a una brutal violencia sexual. El reporte de HRW destaca el rol que juegan las plataformas: no solo fallan estrepitosamente en detectar y dar de baja estos perfiles, sino que sus propios algoritmos terminan premiando y amplificando los videos, empujando la propaganda armada directamente hacia las pantallas de los usuarios más vulnerables.
La estrategia de seducción de estos grupos está fríamente calculada. Los criminales evitan mostrar la crudeza de los combates sangrientos y, en su lugar, arman una puesta en escena “aspiracional”. Muestran teléfonos de alta gama, motos deportivas y fajos de billetes, vendiendo la vida armada como un pase VIP hacia el prestigio social. El blanco principal de esta estafa visual son los chicos más vulnerables, atacando con especial fuerza a las comunidades indígenas, a quienes les venden una falsa promesa de progreso.
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Pero el reclutamiento dio un salto tecnológico que hoy desvela a las autoridades. Aprovechando la curiosidad natural de los chicos por las nuevas tecnologías, las guerrillas comenzaron a captar a una nueva generación de combatientes con un perfil muy específico: pilotos de drones. Tras forzarlos a unirse a los campamentos, los obligan a entrenarse en el manejo de vehículos aéreos no tripulados para luego cargarlos con explosivos y usarlos en operativos sobre zonas montañosas.
Para los criminales, este entrenamiento se disfraza de entretenimiento. Según los testimonios recabados por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los chicos les presentan la actividad como si fuera un simple videojuego, sacándoles el peso real de la guerra. “Uno de los defensores de familia nos contó el caso de un chico que se desvinculó del grupo que hizo el ‘curso’ de manipulación de drones: cómo cargarlos, pilotarlos y cómo lanzar el explosivo”, graficó a The Associated Press Nelson González Sánchez, uno de los autores del informe.
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El imperio de “Mordisco” y las respuestas tardías
Cuando se busca a los responsables detrás de esta red de reclutamiento, gran parte de las miradas apuntan al Estado Mayor Central (EMC). Se trata de la facción disidente de las FARC que rechazó los acuerdos de paz y que hoy es comandada por el temible “Iván Mordisco”. Los datos oficiales confirman que este grupo es el gran protagonista de la captación de menores, operando con total impunidad en regiones calientes como el departamento del Cauca, donde el Ejército capturó recientemente a dos expertos en drones explosivos que habían sido reclutados cuando eran niños.
Frente a la gravedad de las acusaciones por albergar estos videos, el escudo de las empresas tecnológicas fue el manual corporativo de siempre. Tanto Meta (Facebook) como TikTok le respondieron a la ONG asegurando que sus normas prohíben terminantemente la difusión de material violento. Sin embargo, su accionar fue netamente reactivo: recién después de recibir la advertencia formal de los investigadores procedieron a eliminar las cuentas que ofrecían trabajo en las guerrillas, evidenciando agujeros enormes en sus filtros de moderación automática.
Ante un escenario donde las pantallas de los celulares se volvieron “la cuna de la captación”, HRW le envió un mensaje directo al gobierno colombiano. La organización exigió que se fortalezcan de manera urgente las políticas públicas de prevención del reclutamiento infantil. Pero la advertencia no quedó solo en buenas intenciones: reclamaron que el Estado le asigne un presupuesto real y contundente a estas áreas, entendiendo que para competir contra los lujos de las redes sociales que prometen los narcos se requieren recursos concretos y no solo discursos.
TC/ML
