El nuevo mecanismo del BCRA, el cobro con transferencia, busca dar una respuesta institucional al incremento de la morosidad, un problema central que hoy golpea con fuerza el mostrador de las entidades financieras en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, las rigideces de la normativa restan optimismo a los equipos de implementación. Desde una entidad líder del sector explicaron el profundo descontento que existe con las exigencias de seguridad que impuso la autoridad monetaria: “Sin comprometer la seguridad ni la prevención de fraudes, se podría haber elegido un sistema mucho mejor y más flexible para la experiencia del usuario”.
Uno de los mayores obstáculos que encuentran los operadores técnicos radica en las limitaciones para validar de manera fehaciente la identidad de los usuarios. La reglamentación vigente prohíbe taxativamente el uso de sistemas de reconocimiento facial para estas transacciones de débito, a pesar de ser una de las herramientas biométricas más extendidas, seguras y aceptadas en las aplicaciones financieras actuales. Sin esta opción, las entidades deben recurrir a métodos de autenticación más lentos y propensos a fallas, lo que incrementa el riesgo de fricción con el cliente.
A esta dificultad se suma la complejidad de la denominada cobranza cruzada entre diferentes firmas competidoras del mercado. Un ejecutivo de un banco de primera línea detalló la inviabilidad de esta exigencia técnica en el ecosistema actual: “Es algo inviable desde el punto de vista del negocio y de la competencia. Ningún banco grande ni plataformas de peso como Mercado Pago van a aceptar de buen grado depositarle el monto del crédito propio a un competidor directo para que este pueda debitarle las cuotas de manera automática desde sus cuentas”.
Los equipos técnicos del sector financiero también explicaron que la interoperabilidad entre las cuentas bancarias tradicionales (identificadas con CBU) y las cuentas virtuales de las fintech (identificadas con CVU) presenta fallas de origen en el diseño del esquema de cobro. Según argumentan en las mesas de dinero y en los departamentos de desarrollo de software, la propia naturaleza del uso que los usuarios le dan a las billeteras virtuales atenta directamente contra la efectividad del débito automático programado.
Así lo describieron los voceros del sector al analizar el comportamiento financiero de los usuarios de las plataformas digitales: “La mayoría de las cuentas virtuales, al estar remuneradas, tienen saldo cero en su cuenta corriente vista. Esto ocurre porque el dinero de la gente está invertido de forma automática en un fondo común de inversión (FCI) de rescate inmediato para generar rendimientos diarios. Si el sistema intenta realizar el débito automático sobre la cuenta vista a primera hora del día, la transacción rebota por falta de fondos, ya que el dinero técnicamente está colocado en el fondo y no disponible para el barrido directo”.
Esta dinámica obliga a las entidades a diseñar esquemas de reintentos múltiples de cobro a lo largo del día, lo que satura los canales de comunicación y eleva los costos transaccionales del sistema. Ante este panorama, la falta de respuestas por parte del Banco Central, que hasta el momento no contestó las consultas formales de las cámaras del sector sobre una posible postergación de la fecha límite o una flexibilización de la norma, mantiene en estado de alerta máxima a los trabajadores de las áreas de sistemas, operaciones y legales. Las entidades financieras se ven obligadas a adaptar sus plataformas contra reloj para implementar una herramienta que, según prevén los analistas del mercado, nacerá con un alcance sumamente acotado y una alta tasa de rechazo operativo.
