Para una parte cada vez más visible de las juventudes argentinas, el primer vínculo estable con el mundo adulto no es un recibo de sueldo: es una deuda. Un informe reciente del Banco Provincia mostró que nueve de cada diez jóvenes de entre 18 y 21 años que ingresan en mora lo hacen antes de conseguir un empleo formal. Entre quienes están en esa situación, el 92% no tiene trabajo registrado en relación de dependencia y el 90% tampoco registra una actividad independiente formal.
El dato impresiona, pero se entiende mejor cuando se mira para qué se endeudan. No estamos hablando principalmente de créditos para financiar proyectos o consumos extraordinarios. Una parte central de ese endeudamiento se destina a supermercado y servicios.
Durante mucho tiempo, el acceso al crédito estaba asociado a una cierta estabilidad previa: un salario, un recibo de sueldo, alguna capacidad de proyectar ingresos futuros. Hoy la secuencia puede ser exactamente al revés.
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El Monitor de Juventudes de Fundación SES y CEPA ayuda a entender por qué esto está ocurriendo. En el primer trimestre de 2026, el 63,9% de las y los jóvenes ocupados de 18 a 24 años trabajaba en la informalidad. Son 685.000 jóvenes sin aportes jubilatorios. Un año antes esa proporción era del 57,5%. Al mismo tiempo, se perdieron 94.000 empleos registrados en ese rango etario: la cantidad de asalariados formales cayó de 481.000 a 387.000 personas.
La deuda y la precarización laboral se alimentan entre sí. Cuando el ingreso es insuficiente o imprevisible, el crédito permite trasladar un gasto de hoy hacia el mes siguiente. Pero el mes siguiente vuelve a llegar con el mismo salario, la misma changa o la misma incertidumbre.
En los trabajos de plataformas esta relación se vuelve especialmente visible. Una bicicleta rota, un celular que deja de funcionar o cualquier insumo necesario para seguir trabajando puede obligar a pedir dinero prestado. Después, ese crédito se devuelve sumando viajes y horas de conexión. Una deuda pequeña puede traducirse en jornadas larguísimas, porque el instrumento de trabajo y el ingreso dependen de que la persona pueda seguir pedaleando, manejando o conectada a una aplicación.
El crecimiento del cuentapropismo juvenil también forma parte de esta trama. Entre las personas de 18 a 24 años pasó del 15,1% al 17,4% en doce meses, al mismo tiempo que cayó el empleo registrado. Por eso es difícil sostener que estamos frente a una generación que eligió masivamente “emprender”.
La situación se vuelve más delicada porque el endeudamiento creció mientras se redujeron recursos destinados a políticas juveniles, entre ellas programas que acompañaban la continuidad educativa y las primeras inserciones laborales.
Por eso conviene discutir qué significa realmente “inclusión financiera”. Tener una cuenta en una billetera o poder pedir un préstamo desde el teléfono amplía el acceso a servicios financieros. Pero si ese acceso ocurre sin ingresos estables y en un mercado laboral donde casi dos tercios de los jóvenes ocupados están en la informalidad, puede terminar abriendo una puerta a la mora y a la exclusión crediticia muy temprano.
La educación financiera no puede resolver por sí misma el problema de fondo. Ningún curso enseña a administrar un ingreso que no alcanza, ni vuelve previsible un trabajo que depende de cuántos pedidos aparezcan en una aplicación. Poner toda la responsabilidad en las decisiones individuales de quienes se endeudan oculta las condiciones que vuelven necesario ese endeudamiento.
Las juventudes deberían poder construir autonomía a partir de derechos e ingresos propios, no de refinanciar sus gastos esenciales. Eso exige sostener las trayectorias educativas, generar primeros empleos con protección y ampliar la cobertura para quienes trabajan en nuevas formas de empleo.
La deuda es con las y los jóvenes: en trabajo, educación, protección social y posibilidades reales de construir un proyecto propio.
*Coordinadora de Proyectos y Redes Fundación SES.
