El senador nacional Joaquín Benegas Lynch quedó en el centro de la polémica tras conocerse los detalles del entramado de sociedades comerciales que lidera, las cuales se dedican activamente a la explotación agropecuaria y a la venta de campos. Las sospechas sobre el cruce entre los intereses privados del legislador oficialista y su rol en la función pública cobraron fuerza luego del rechazo legislativo a la ley de Tierras, una normativa que limitaba la adquisición de extensiones rurales por parte de capitales extranjeros.
La actividad comercial de Benegas Lynch se enfoca en asesorar a compradores del exterior para que adquieran tierras en el territorio nacional. Los cuestionamientos apuntan a cómo el senador libertario se beneficia de manera directa con la desregulación del mercado inmobiliario rural, una de las banderas que defiende desde su banca en la Cámara Alta.
Antes de asumir su cargo legislativo, el propio Benegas Lynch describió el panorama del sector y justificó la necesidad de un cambio de rumbo económico. El senador fue contundente al analizar el escenario impositivo de los últimos años: “El campo tuvo un 70 por ciento de presión fiscal sobre la rentabilidad”.
Según la perspectiva que el legislador planteó en aquel momento, las restricciones previas distorsionaron el mercado de compraventa de campos en el país. Sobre este punto, Benegas Lynch aseguró: “En ese marco, los únicos argentinos que han podido comprar campos son políticos o sindicalistas”.
Para el empresario y senador, la llegada de la nueva administración nacional representó un quiebre para los negocios inmobiliarios rurales. En sus declaraciones previas al acceso a su banca, concluyó: “Muy poca gente que venga del sector privado con fondos genuinos. Ya se empiezan a ver otros aires con Javier”.
El debate sobre la ética pública se instaló con fuerza en el Congreso, donde distintos sectores señalan que el senador utiliza su posición política para impulsar medidas que favorecen directamente a su cartera de clientes extranjeros, interesados en la adquisición de suelo argentino sin los límites que imponía la legislación derogada.
