Dos hijos de un empresario fallecido en septiembre de 2025 denunciaron una serie de presuntas irregularidades en la atención que recibió durante sus últimos meses de vida. La querella sostuvo que el hombre era tratado por un enfermero cuya matrícula se encontraba vencida y que, además, habría indicado medicamentos, aplicado sueroterapia y cobrado por tratamientos sin contar con habilitación médica.
La denuncia fue presentada por el abogado penalista Horacio Luis Molinari, matrícula profesional 3764, quien representa a parte de la familia del comerciante Rubén Corral, de 67 años. Según explicó el letrado, el acusado es Santiago Rosler, quien se habría presentado ante distintas personas como “médico oriental”, pese a no haber completado la formación correspondiente.
“Pudimos constatar a través de una investigación que, si bien la persona era enfermero matriculado, la matrícula la tenía vencida en ese momento”, afirmó Molinari. Agregó que el denunciado habría excedido las competencias propias de la enfermería al indicar por cuenta propia sustancias como arginina y ácido alfa lipoico, además de realizar sueroterapia.
De acuerdo con el abogado, esos productos no habían sido recetados previamente por un médico, sino que habrían sido indicados directamente por el enfermero. Molinari remarcó que Corral tenía diabetes tipo 2 y que cualquier tratamiento debía ser evaluado por un profesional médico con conocimiento de su cuadro clínico.
El letrado sostuvo además que el enfermero continuaría ofreciendo tratamientos y cobrando por ellos. Según relató, uno de sus clientes cuenta con grabaciones en las que una persona consulta por la metodología de trabajo y Rosler explicaría cómo desarrolla las prácticas.
“Él se dice médico oriental”, señaló Molinari. El abogado aseguró que realizaron una consulta ante una institución con sede en Rosario vinculada con esa especialidad y que allí les informaron que el acusado habría iniciado una capacitación, pero no la habría finalizado.
La muerte y la presunta falta de asistencia
Según la presentación de la querella, Corral se descompensó luego de recibir un suero en su domicilio. Molinari indicó que otro enfermero, perteneciente al servicio de emergencias 107, habría sugerido iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el cuidador se habría negado bajo el argumento de que ya había hablado con la familia.
Para la parte denunciante, esa conducta podría constituir abandono de persona. “El deber de cualquier cuidador tiene que ser reanimar siempre, no dejarlo ahí”, afirmó el abogado, quien aclaró que todavía buscan determinar si efectivamente existió una comunicación con los familiares antes de tomar esa decisión.
La familia también cuestionó que, pese a tratarse de una muerte ocurrida dentro de una vivienda, no se habría dado intervención inmediata a la Policía ni se habría ordenado una autopsia. El certificado de defunción consignó una muerte natural y, según Molinari, fue firmado por un médico vinculado con la empresa funeraria, no por un médico policial ni por un profesional de Salud Pública.
Una cremación realizada al día siguiente
Otro de los principales cuestionamientos se centra en la cremación del cuerpo. Molinari afirmó que Corral murió alrededor de las 21 y que, antes de las 18 del día siguiente, sus restos ya habían sido cremados.
El abogado calificó el procedimiento como una “cremación exprés” y señaló que se habría realizado sin autopsia, sin intervención policial y sin que todos los hijos del fallecido fueran informados a tiempo. También sostuvo que una ordenanza municipal impediría realizar una cremación dentro de las primeras 24 horas posteriores al fallecimiento.
Para la querella, la rapidez del procedimiento impidió conservar una prueba fundamental para establecer la causa real de la muerte. “¿Cómo hacemos una autopsia para determinar cuál fue la causa real de la muerte?”, cuestionó Molinari.
La denuncia también alcanzó a una expareja del empresario, identificada por el apellido Ritter. Según el abogado, la mujer habría gestionado y pagado la cremación pese a que ya no mantenía una relación de pareja con Corral.
Molinari afirmó que, para autorizar el procedimiento, la mujer habría firmado una declaración jurada en la que manifestó que el fallecido no tenía parientes vivos. Sin embargo, el hombre tenía tres hijos. Por ese motivo, la querella la denunció por una presunta falsedad ideológica en un documento público.
La investigación fue archivada y la querella apeló
La causa fue analizada por la Fiscalía de Instrucción N.º 7, que resolvió archivarla en mayo de 2026 al considerar que no existía delito. Molinari cuestionó esa decisión y aseguró que la presentación incorporó testimonios, informes profesionales, documentación sobre la matrícula del enfermero y elementos vinculados con la cremación.
La querella intentó apelar el archivo, pero el planteo fue rechazado por una cuestión vinculada con una firma digital. Ante esa situación, Molinari presentó un recurso de queja por apelación denegada y cuestionó lo que consideró un “excesivo rigorismo” formal.
El abogado anticipó que la parte denunciante mantendrá la reserva del caso federal y que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También planteó que la legislación procesal de Misiones restringe la autonomía de las querellas cuando el Ministerio Público Fiscal decide no continuar con una acusación.
La familia busca que se reabra la investigación para determinar las circunstancias de la muerte, establecer si existió responsabilidad penal de las personas denunciadas y verificar si el enfermero continúa realizando prácticas que exceden su habilitación profesional.
Todas las acusaciones forman parte de una denuncia aún discutida judicialmente. Las personas señaladas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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