En la columna anterior con este mismo título sostuvimos que el problema de Javier Milei ya no podía analizarse únicamente desde la economía o la política exterior, sino también desde su conducta pública. Los insultos a Luiz Inácio Lula da Silva, el deterioro deliberado de la relación con Brasil, los ataques permanentes a periodistas y dirigentes políticos y una creciente pérdida de autocontrol planteaban un interrogante incómodo: ¿hasta qué punto estamos naturalizando comportamientos que en cualquier otro presidente serían considerados inadmisibles? La discusión no era psicológica, sino institucional. Un jefe de Estado no solo gobierna: también representa al país, fija el tono del debate público y moldea la cultura política.
En los días posteriores, Milei concedió cuatro extensas entrevistas: el 30 de julio con Mariana Brey, el 2 de agosto con Luis Majul (LN+), el 3 de agosto por la mañana en Radio Mitre con Eduardo Feinmann, y el 4 de agosto con Esteban Trebucq (La Casas Streaming). Lejos de aportar explicaciones o rectificaciones, esas apariciones profundizaron el mismo patrón. El Presidente combinó afirmaciones económicas discutibles, reconstrucciones históricas inexactas, teorías conspirativas, ataques a opositores, periodistas, universidades y organizaciones sociales, además de una sucesión de promesas y autoelogios difíciles de sostener frente a la evidencia.
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Por eso, esta segunda parte abandona el análisis de las formas para concentrarse en el contenido. Si en la primera columna examinamos el deterioro del lenguaje presidencial y sus efectos sobre la democracia, aquí nos proponemos contrastar una por una las principales afirmaciones realizadas en esas entrevistas con datos oficiales, antecedentes históricos, investigaciones periodísticas y evidencia empírica. No se trata de discutir opiniones ni preferencias ideológicas, sino de verificar hechos. Porque cuando quien ocupa la máxima investidura del Estado construye su liderazgo sobre afirmaciones falsas, engañosas o imposibles de comprobar, el problema deja de ser un exceso retórico: la desinformación pasa a convertirse en una herramienta de gobierno.
Es cierto que Milei logró equilibrio fiscal en los primeros meses, pero presentarlo como un éxito aislado oculta cómo se consiguió. El superávit surgió de un ajuste basado en la licuación de jubilaciones, salarios públicos y partidas sociales mediante un aumento inicial de inflación al devaluar el peso en un día de 365 pesos a 1.030 por dólar multiplicando por tres su precio, además del freno de la obra pública, la reducción de transferencias a provincias y el recorte de programas.
El costo recayó especialmente sobre jubilados, universidades, hospitales, ciencia e infraestructura. El Gobierno muestra el equilibrio como una meta en sí misma, pero evita discutir sus consecuencias: durante 2024 y parte de 2025 cayeron la actividad, el emplesalarioo privado y el consumo. El equilibrio fiscal es un dato contable; transformarlo en sinónimo de prosperidad implica ignorar quién financió ese ajuste y sus efectos sociales.
Es una afirmación que el Gobierno no puede demostrar. No existe un único “indicador criminológico” ni una serie histórica completa que permita sostener esa conclusión. Es cierto que la tasa de homicidios bajó y es baja frente a otros países de la región, pero esa tendencia comenzó antes de Milei y responde a múltiples factores, entre ellos políticas provinciales como las aplicadas en Santa Fe contra el narcotráfico.
Además, los homicidios son sólo una parte del delito: robos, hurtos, ciberdelitos, violencia familiar y extorsiones tienen dinámicas diferentes y suelen estar subregistrados. El Gobierno toma el indicador que más lo favorece y lo convierte en una conclusión absoluta. Hablar de “los niveles más bajos de la historia” carece de respaldo estadístico sólido.
La frase funciona como slogan político, pero no resiste un análisis histórico. La reforma aún debe pasar por el Congreso y, aun aprobada, una futura mayoría podría modificar la Carta Orgánica porque no tiene rango constitucional. Incluso economistas cercanos al oficialismo señalaron que la legislación actual ya permite impedir el financiamiento al Tesoro si existe voluntad política.
Además, es difícil sostener que sea la reforma más trascendente en nueve décadas cuando el Banco Central fue nacionalizado en 1946, reformado durante la Convertibilidad en 1992 y redefinido en 2012. Todas esas modificaciones alteraron profundamente su rol. Sin consensos políticos duraderos, la nueva reforma también podría ser revertida.
La afirmación no se sostiene con hechos concretos. Durante la gestión de Milei no hubo avances en la disputa de soberanía: el Reino Unido mantuvo su negativa a negociar, no se retomaron conversaciones bajo la ONU ni se obtuvo un respaldo diplomático relevante. Los anuncios oficiales se limitaron a gestos de cooperación con Londres sin modificar el eje del conflicto.
Mientras tanto, continuaron actividades militares británicas en el Atlántico Sur sin una respuesta diplomática equivalente. La disputa permanece en el mismo punto que al inicio de la gestión.
A esto se suman declaraciones polémicas, como la reivindicación de Margaret Thatcher, líder británica durante la guerra de 1982, y las críticas a los jugadores argentinos que mostraron la bandera “Las Malvinas son argentinas” tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026. Mientras ese gesto reinstaló el reclamo en la agenda mundial, el Gobierno tomó distancia. Difícilmente pueda considerarse un avance histórico hacia la soberanía.
La afirmación utiliza un indicador que no alcanza para medir el bienestar real. Es cierto que, medidos al dólar oficial, los salarios registrados recuperaron valores similares a fines de 2017. Pero esa comparación ignora que también aumentaron los precios en dólares por la apreciación del peso, generando una “inflación en dólares”.
En marzo de 2026, el salario promedio privado equivalía casi al mismo monto en dólares que en diciembre de 2017, pero en términos reales seguía siendo 11,8% menor. Además, permitía comprar cerca de 9% menos de canastas básicas. El Gobierno destaca el dato más favorable, pero omite el indicador clave: cuánto rinde el salario en la vida cotidiana.
La afirmación no resiste una revisión de la plataforma electoral. La dolarización, presentada como la solución definitiva contra la inflación, nunca se implementó. Tampoco se cerró el Banco Central, una de sus principales banderas, que ahora busca reformar para fortalecerlo institucionalmente.
El propio Gobierno reconoció que ambas iniciativas quedaron postergadas para una etapa futura. Por eso, afirmar que cumplió “todas” sus promesas resulta difícil de sostener.
Milei vuelve a utilizar la evolución mensual de la actividad económica después del fuerte derrumbe inicial generado por el ajuste. Es cierto que hubo recuperación desde mediados de 2024, pero el dato resulta engañoso sin contexto: buena parte responde al “efecto rebote” tras una de las recesiones más profundas de las últimas décadas, provocada por la devaluación, el ajuste fiscal y la caída del consumo.
Además, la recuperación fue desigual: energía, minería, agro y sectores exportadores crecieron con fuerza, mientras industria, comercio y economías regionales siguieron con dificultades. Más de la mitad de los sectores productivos aún no habían recuperado plenamente niveles previos a la crisis. Crecer durante 26 meses no significa que toda la economía esté mejor que antes del ajuste.
La cifra surge de una comparación estadística cuestionada por especialistas. Milei toma como punto de partida una estimación mensual de pobreza de la UCA correspondiente a enero de 2024, realizada en un momento de fuerte impacto por la devaluación, y la compara con el dato semestral del INDEC del segundo semestre de 2025. Se trata de mediciones con períodos y metodologías diferentes, por lo que no son estrictamente comparables.
Según explicó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la diferencia central está en la metodología de medición. Mientras la estimación utilizada por el Gobierno parte de una canasta básica que incorpora cambios en los patrones de consumo, el INDEC mantiene la misma estructura de canasta utilizada históricamente. Al aplicar criterios homogéneos, la reducción no habría sido de 11 puntos porcentuales, sino cercana a 3 puntos.
Javier Milei defendió su plan económico y descartó un “plan platita” para las elecciones
La mejora de la pobreza existe, pero la magnitud presentada por el Gobierno depende de una comparación estadística discutible. Además, una menor tasa de pobreza no implica automáticamente mayor bienestar: la caída del salario real, el deterioro de jubilaciones, el aumento de servicios y la pérdida de estabilidad de sectores medios generaron un “achatamiento de la pirámide social”. La discusión no es sólo cuántos dejaron de ser pobres, sino también cuántos perdieron capacidad de consumo y seguridad económica.
Las declaraciones de Milei sobre Luiz Inácio Lula da Silva afectaron durante meses la relación con Brasil, principal socio comercial argentino. Calificar al presidente brasileño como “corrupto” desconoce que las condenas de Lava Jato fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por irregularidades procesales y falta de imparcialidad del juez Sergio Moro.
Lula recuperó sus derechos políticos y fue elegido nuevamente presidente. Milei puede tener una opinión política sobre él, pero presentarla como un hecho jurídico indiscutible ignora la situación actual de las causas y tensiona una relación estratégica para la economía argentina.
La frase forma parte del discurso de sectores de la nueva derecha internacional que vinculan inmigración con decadencia cultural, inseguridad y pérdida de identidad. Sin embargo, presentada como una verdad general simplifica un fenómeno complejo: los efectos de la inmigración dependen de las políticas de integración y del mercado laboral, no de una supuesta “invasión”.
Ese lenguaje desplaza el debate desde la gestión concreta de la migración hacia una narrativa de confrontación que especialistas asocian con discursos excluyentes. La construcción de enemigos internos y externos es una estrategia estudiada por autores como Carl Schmitt y Ernesto Laclau: los liderazgos fortalecen su identidad delimitando un adversario al que atribuyen los problemas sociales.
En Europa, “invasión extranjera” es un concepto utilizado por sectores de extrema derecha para justificar políticas restrictivas. En Argentina, donde la inmigración forma parte de la identidad nacional y la Constitución promueve recibir extranjeros, ese lenguaje reemplaza el debate institucional por una retórica del miedo y la estigmatización. Los problemas migratorios se resuelven con políticas públicas, no convirtiendo grupos enteros en amenazas.
El argumento de Milei sostiene que las formas importan menos que los resultados económicos. Pero la manera de ejercer el poder también es parte de la gestión. Un presidente no sólo administra el Estado: también establece pautas de comportamiento público.
Como explicó Jürgen Habermas, la democracia no depende únicamente del voto sino de la calidad del debate. Cuando el insulto reemplaza al argumento y la descalificación sustituye a la discusión, se deteriora la esfera pública. No es una cuestión de modales, sino del funcionamiento democrático.
Norbert Elias señaló que las élites transmiten modelos de conducta al resto de la sociedad. Cuando la máxima autoridad normaliza el agravio y la humillación como herramientas políticas, amplía los límites de la violencia verbal aceptable. En la era de las redes sociales, el lenguaje presidencial se replica y moldea la conversación pública. La discusión no es si puede insultar, sino qué tipo de cultura política construye.
La frase pertenece más al terreno de la convicción ideológica que al de una proyección económica verificable. Ningún indicador serio permite afirmar que Argentina será la primera potencia mundial en un futuro cercano.
El país cuenta con ventajas importantes: recursos naturales, energía, agroindustria, minería y capital humano. Pero también enfrenta problemas estructurales como baja productividad, déficit de infraestructura, dificultades educativas, inestabilidad institucional y atraso tecnológico.
Incluso con un desempeño económico extraordinario, resulta improbable que Argentina supere en el corto o mediano plazo a potencias como Estados Unidos o China. Convertirse en una economía desarrollada requiere décadas de crecimiento sostenido, instituciones fuertes e inversión, más allá de una única corriente ideológica.
La frase presenta el endeudamiento familiar como una decisión individual ajena a la política económica, pero ignora que las personas se endeudan dentro de un contexto determinado. Cuando millones recurren al crédito para pagar alimentos, servicios o gastos cotidianos, no es sólo una relación entre un banco y un cliente: también refleja una pérdida de poder adquisitivo que obliga a financiar consumos básicos.
Además, las condiciones financieras que explican ese endeudamiento son consecuencia de decisiones del propio Gobierno. Para contener la presión sobre el dólar, el Banco Central aumentó los encajes bancarios, reduciendo la liquidez del sistema y elevando fuertemente las tasas de interés. De este modo, los créditos pasaron de ofrecer tasas reales negativas —alrededor de 3 puntos por debajo de la inflación— a ubicarse cerca de 50 puntos reales positivos, encareciendo préstamos y refinanciaciones.
Es cierto que una deuda privada no es una deuda del Estado. Pero cuando aumenta la morosidad, cae el consumo y se deteriora la capacidad de pago de hogares y empresas, sus efectos impactan sobre toda la economía. Presentarlo como un problema exclusivamente privado evita discutir cómo las decisiones macroeconómicas terminan afectando la vida cotidiana.
La afirmación contradice décadas de teoría económica. Microeconomía y macroeconomía son niveles de análisis diferentes pero complementarios: la primera estudia consumidores, empresas y mercados; la segunda analiza inflación, crecimiento, desempleo y política monetaria. De hecho, gran parte de la macroeconomía moderna se construye sobre fundamentos microeconómicos.
Negar esa diferencia resulta funcional para un Gobierno que destaca mejoras macroeconómicas como equilibrio fiscal o baja de inflación, mientras muchos ciudadanos evalúan la economía por cuestiones concretas: si el salario alcanza, si pueden acceder a crédito, comprar una vivienda o recuperar consumo. Descalificar la mirada micro implica ignorar la experiencia cotidiana con la que millones juzgan la gestión.
La frase plantea una falsa dicotomía: no toda intervención estatal en sectores específicos implica corrupción. Las economías desarrolladas aplican políticas microeconómicas de manera habitual: Estados Unidos impulsa industrias estratégicas como los semiconductores, la Unión Europea protege sectores productivos y países como Corea del Sur, Japón y China utilizaron políticas industriales para crecer.
Incluso gobiernos liberales recurren a incentivos, regulaciones y programas de innovación para corregir fallas de mercado. La corrupción depende de la transparencia y los controles institucionales, no de la existencia de una política pública. Confundir ambas cosas convierte un debate económico en un dogma ideológico.
Un gobierno en ejercicio no puede evaluarse definitivamente porque sus efectos económicos, sociales e institucionales requieren perspectiva histórica. Además, definir cuál fue “el mejor” depende de los criterios utilizados: Argentina tuvo gobiernos que consolidaron el Estado, ampliaron derechos, impulsaron la industria, recuperaron la democracia o estabilizaron la economía.
Comparar esas etapas requiere múltiples indicadores y no sólo la valoración del propio Presidente. La frase funciona más como una construcción política y de identidad que como una evaluación objetiva de la gestión.
Nadie cuestiona que la inteligencia artificial se utilice para corregir estilo, gramática o mejorar textos. La polémica por los trabajos atribuidos a Milei surgió por otra razón: la aparición de fragmentos, estructuras argumentales y referencias similares a obras previas sin una atribución adecuada, además de sospechas sobre un uso intensivo de modelos de lenguaje sin transparentarlo.
El economista Jesús Fernández-Villaverde fue uno de los primeros en señalar similitudes y cuestionar la originalidad del trabajo. Además, las críticas no son nuevas: Milei acumula denuncias previas de plagio en libros y artículos, con investigaciones que señalaron fragmentos reproducidos sin citar fuentes.
Por eso, reducir la discusión a “usar IA” es desviar el debate. La cuestión central es la transparencia sobre la autoría intelectual y el respeto por las normas académicas. La IA puede asistir la escritura, pero no reemplaza la obligación de reconocer ideas ajenas.
La afirmación de Milei no presenta pruebas que la respalden y fue rechazada por dirigentes brasileños y argentinos. Además, Milei dijo que Lula aportó US$ 1.000 millones para financiar la campaña presidencial de Sergio Massa en 2023. La relación entre ambos dirigentes fue de apoyo político y diplomático, pero no hay registros de una transferencia de fondos ni de una intervención económica brasileña en la elección argentina.
La acusación también desconoce la normativa electoral argentina, que establece mecanismos de financiamiento y controles sobre los aportes de campaña. Presentar una hipótesis no comprobada como un hecho convierte una disputa política en una acusación sin sustento verificable. Puede cuestionarse el respaldo político de Lula a Massa, pero afirmar que financió su campaña con una cifra millonaria requiere pruebas que hasta ahora no fueron presentadas.
La doble vara de Milei ante la Ley de Tierras y los discursos de odio
Otra reciente afirmación de Milei fue que “es deshonesto decir que Estados Unidos nos salvó económicamente”.
Milei toma como único dato relevante los dólares efectivamente utilizados y omite el rol del respaldo político y financiero de Estados Unidos durante la crisis cambiaria de 2025. Es cierto que el aporte directo habría sido de unos US$ 2.500 millones, pero el valor central estuvo en la garantía de que Washington podía ampliar su ayuda si la presión sobre el dólar se agravaba.
En una economía con baja disponibilidad de reservas, esa promesa funcionó como un seguro que modificó las expectativas del mercado. La asistencia estadounidense no explica por sí sola la estabilización, pero reducirla a “sólo el 5%” también simplifica el episodio: el respaldo fue importante no sólo por los fondos usados, sino por la capacidad de intervención que implicaba.
La frase podría interpretarse como una defensa de la humildad intelectual, pero contrasta con un discurso presidencial marcado por afirmaciones absolutas: Milei se definió como “el mejor presidente de la historia”, calificó su gestión como la mejor, presentó la reforma del BCRA como la más importante en 90 años y aseguró avances históricos en Malvinas, cumplimiento total de promesas y un futuro de Argentina como potencia mundial.
También realizó afirmaciones económicas discutidas por especialistas, como la reducción de 14 millones de pobres, los salarios en dólares más altos desde 2017 o la inexistencia de diferencias entre micro y macroeconomía. El rasgo dominante no es la prudencia, sino una fuerte convicción sobre la propia interpretación de la realidad.
También atribuyó la corrida cambiaria de septiembre pasado a un supuesto “golpe de Estado” del kirchnerismo, en lugar de reconocer otros factores económicos, como la apreciación cambiaria y la subvaluación del dólar generada por su propia política económica. La tensión sobre el mercado cambiario ya había obligado al Gobierno a recurrir previamente a la asistencia del FMI por unos 14.000 millones de dólares, antes incluso de las elecciones. Presentar cada crisis como resultado de una conspiración externa evita discutir los desequilibrios acumulados por las propias decisiones económicas.
Ese estilo también aparece en su relación con las críticas: periodistas, economistas, científicos, artistas y opositores suelen ser descalificados con términos como “mandriles”, “ensobrados” o “econochantas”. Cuando todo desacuerdo es interpretado como ignorancia o mala fe, se pierde la posibilidad de corregir errores. Los gobiernos más sólidos no son los que nunca se equivocan, sino los que pueden modificar decisiones cuando los hechos contradicen sus certezas.
En definitiva, la frase termina describiendo mejor al propio Presidente que a sus adversarios. El verdadero riesgo para cualquier gobierno no es la existencia de críticos, sino la convicción de que toda discrepancia constituye un ataque personal y de que las propias ideas están por encima de toda evidencia. En democracia, el genio no se mide por la cantidad de elogios que un líder se dedica a sí mismo, sino por su capacidad para escuchar, rectificar y aceptar que ninguna transformación profunda puede construirse desde la infalibilidad. Cuando el ego reemplaza a la autocrítica, el poder deja de aprender de la realidad y comienza a vivir únicamente de su propio relato.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
MEG
