Más de 500 trabajadores fueron intimados por Prefectura Naval Argentina para que volvieran, de forma inmediata, a desempeñar sus tareas en servicios de practicaje y pilotaje en puertos, ríos, canales y pasos de todo nuestro país, mientras sigue la tensión por el paro portuario derivado del nuevo régimen de desregulación del sector que impulsa La Libertad Avanza.
Esta medida se oficializó a través de un edicto que se publicó este martes en el Boletín Oficial, donde el organismo se presenta como la autoridad con “responsabilidad operativa y disciplinaria” en la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje aprobado por el Decreto 690/2026, que modifica el régimen que se encontraba vigente desde el año 1991.
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En el texto, Prefectura “notifica e íntima” a los 536 trabajadores a la “inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje/pilotaje” para así poder cumplir “de manera regular y reglamentaria las funciones previstas” que implementa la nueva normativa.
Esta medida se tomó luego que diferentes sectores del practicaje rechazaran la reforma que impuso el oficialismo y se generaran demoras de embarcaciones en los puertos de nuestro país.
Frente a ese escenario, el organismo advierte que “frente al incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias contenidas en el Anexo I del Decreto N° 690/26 por ser considerada falta grave la negativa a prestar el servicio, y el juzgamiento de su conducta en la faz administrativa quedará encuadrada en las previsiones del citado Anexo I y del Decreto N° 37/2025 (REGINAVE), punible con las sanciones previstas en los artículos 599.0101 y 599.0102 de este último”.
Las posibles penas del Código Penal
“Independientemente de las acciones administrativo disciplinarias que lleve adelante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la realización de cualquier acción tendiente a facilitar una medida de fuerza destinada a interrumpir el servicio de practicaje / pilotaje podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal de la Nación Argentina”.
Y, a continuación, el texto explica que esto significa: “Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación, bajo la figura del Artículo 190, que dispone: ‘Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave’”.
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Para luego agregar que los trabajadores intimados también quedarían bajo “el Artículo 194”, que hace referencia a la persona “que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
