Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim) y ahora colaborador de la justicia estadounidense, ha manifestado su disposición a declarar ante la Audiencia Nacional española en la investigación que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según información confirmada por fuentes judiciales e informes periodísticos, Carvajal estaría dispuesto a aportar datos sobre los vínculos entre el expresidente español y una presunta red de empresarios y exfuncionarios venezolanos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió más de 53 millones de euros de fondos públicos españoles. El juez instructor José Luis Calama investiga a Zapatero por posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación se centra en las gestiones realizadas para el salvamento financiero de la compañía y en los presuntos nexos con figuras cercanas al chavismo, entre ellas Ramón Gordils y otros intermediarios venezolanos. El valor del testimonio de Carvajal Carvajal, extraditado de España a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cargos como narcoterrorismo y narcotráfico en el marco del denominado “Cartel de los Soles”. Actualmente, colabora activamente con las autoridades estadounidenses y ha ofrecido extender esa cooperación a la justicia española, proporcionando información de primera mano sobre las operaciones y relaciones de altos funcionarios del régimen venezolano. En 2021, Carvajal ya declaró en España sobre supuestas transferencias de fondos del chavismo a formaciones políticas españolas. Ahora, su oferta se centra específicamente en el caso Plus Ultra y en posibles comisiones o beneficios obtenidos por personas cercanas a Zapatero. Fuentes cercanas al entorno de Zapatero han señalado que el expresidente niega cualquier irregularidad y que está dispuesto a comparar ante el juez, tal como está previsto para los próximos días (17 o 18 de junio). En ocasiones anteriores, Zapatero ha desmentido cualquier tipo de cobro de comisiones o favores ilícitos relacionados con Venezuela. El caso ha reavivado el debate político en España, con fuertes críticas desde la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y defensas desde el ala progresista, que consideran la investigación como parte de una “persecución política”. Con información del Diario Las Américas
