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Argentina en estos días tomó un decisivo vuelco en su política ambiental: el Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Glaciares. Ante esto, las ONG ambientales redoblaron sus esfuerzos para llegar al millón de firmas y presentar el amparo judicial que busca declarar su inconstitucionalidad.
Vale recordar que la flamante normativa modifica por completo el régimen de protección de las reservas de agua dulce del país y fue votada afirmativamete tras una debatida –y tensa– trayectoria parlamentaria.
Ante esto, ONGs como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país, anunciaron que, en las próximas semanas, se presentará ante la Justicia una demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares.
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Esa presentación fue cofirmada por casi 900 mil personas que expresaron su rechazo a la nueva legislación.
Este respaldo masivo se fue conformando ante la reforma que fue sancionada el 9 de abril pasado, y que fue rechazada y cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos y organizaciones civiles, entre otras instituciones.