La jueza de Garantías de la ciudad correntina de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y condenó a una mujer a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso por el delito de estafa en carácter de autora material. La magistrada consideró acreditado que la acusada se aprovechó de una relación de amistad para acceder a datos personales y tramitar productos bancarios a nombre de la víctima sin su consentimiento.
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De acuerdo con las actuaciones del Legajo Judicial 8347/23, los hechos comenzaron en abril de 2023, cuando ambas entablaron un vínculo en un centro de estética de la localidad de Mercedes. Bajo el pretexto de afiliarla a una empresa de medicina prepaga, la condenada le solicitó fotografías desde su teléfono celular, recibos de sueldo y copias del DNI.
Con esa documentación, la mujer gestionó aplicaciones financieras a nombre de la afectada. A través de esa maniobra, obtuvo un crédito virtual por $1.148.500 y realizó diversas transferencias.
Durante el mes de julio de 2023 continuó con las operaciones irregulares solicitando préstamos por $820.000 y $1.344.000, además de un adelanto de aguinaldo por $90.000, generando un grave perjuicio patrimonial y el incremento progresivo de la deuda.
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Los fundamentos y las evidencias valoradas
Al suscribir los fundamentos de la sentencia Nº 69/26, la doctora Simy Beatriz Benasayag remarcó que el acuerdo presentado por la Fiscalía y la Defensa contó con el respaldo de los elementos probatorios incorporados a la causa.
Entre las evidencias se ponderaron la denuncia inicial, capturas de pantalla, informes de entidades bancarias y el registro de movimientos de cuentas que constataron el origen de los fondos.
“Las probanzas incorporadas a la investigación me permiten tener por respaldada la aceptación de los hechos formulada por la imputada”, sostuvo la magistrada al declarar la responsabilidad penal de la acusada y encuadrar la conducta en la figura procesal de estafa.
Reglas de conducta y una reparación de $10 millones
Además de la pena de prisión en suspenso, la jueza impuso una serie de pautas de conducta por el plazo de tres años, que incluyen fijar residencia, presentarse trimestralmente ante la Oficina Judicial de Mercedes y la prohibición absoluta de contacto y acercamiento a menos de 100 metros de la víctima.
En el plano civil, la resolución establece que la condenada deberá abonar $10 millones a favor de la damnificada en concepto de reparación de daños y perjuicios. El esquema de pago contempla una primera entrega de $1 millón y el saldo restante en 18 cuotas consecutivas de $500.000.
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Sobre esta medida, Benasayag concluyó que “el monto acordado resulta prudencial teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso” para compensar el daño material y moral ocasionado.
