La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Gobierno nacional tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, falló a favor de una demanda que inició el Consejo Interuniversitario Nacional y recordó que el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una norma sancionada por el Congreso.
En su fallo, los magistrados detallaron el recorrido legislativo de la norma y cuestionaron la decisión del Ejecutivo de frenar su aplicación. “No debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo. Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación”, precisó el tribunal.
Los camaristas desestimaron el argumento oficial, que se amparaba en la Ley de Administración Financiera para justificar la suspensión. Para los jueces, una ley no puede anular a otra de igual jerarquía. “La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación”, sostuvieron.
Además, el fallo ratificó la visión del juez de primera instancia, quien consideró que la inacción del Gobierno perjudicaba un derecho fundamental. Tras el análisis de las pruebas, la Cámara confirmó que “el juez de grado resaltó que no se observaba una afectación al interés público, sino que, por el contrario, la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”.
El origen del conflicto
La disputa por los fondos para las universidades públicas comenzó en 2024, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de los presupuestos y la recomposición salarial del sector. El presidente Javier Milei vetó la norma, pero ambas cámaras del Congreso revirtieron la decisión y la ley quedó firme.
Sin embargo, el Gobierno la promulgó sin destinar los recursos necesarios para su implementación. Desde la Casa Rosada argumentaron que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento y que su aplicación generaría un fuerte impacto fiscal. Debido a esta situación, el juez federal Martín Cormick ordenó en una instancia previa suspender el decreto que había dejado sin efecto la aplicación de la ley.
Mientras la causa judicial avanzaba, la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 no contempla los recursos previstos por esa norma. Las autoridades universitarias remarcaron que “la aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”.
