El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por el espionaje ilegal a jueces y funcionarios, la encuadró en una asociación ilícita y citó declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y un nuevo sospechoso en la investigación. Este último es el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.
Zanchetta es el mismo que mandaba mensajes reservados al diputado K y ex director de Contrainteligencia, Rodolfo Tailhade y tenía datos de espionajes a Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, entre otras decenas de “objetivos”. Era un “pluma” un espía de la dirección de Inteligencia Criminal de la Federal.
Así lo revelaron fuentes judiciales, quienes precisaron que las indagatorias fueron fijadas para los próximos días: Zanchetta fue citado para el 17 de junio; Nuñes Pinheiro para el 19 y Helvética para el 24 de junio próximo, vía zoom.
La decisión de Martínez De Giorgi se enmarca en un oficio en donde instó al Jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina a que “con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio” y dictó una serie de pautas para profundizar el estudio de ese material.
La causa por el espionaje a los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos. Una es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. La otra es el hackeo que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, junto al entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño, entre otros. Se trata de jueces que investigaron a condenaron a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos para hacker celulares mediante la maniobra de Sim Swapping (la duplicación del chip de un celular). El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, declaró el joven en indagatoria que afirma que no puede identificarlos y que le pagaron con billeteras digitales.
También estuvo detenido y está procesado Ariel Zanchetta, un ex policía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en base SudamericaData, en donde sólo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-. Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía y además, recibió pagos de la AFIP donde en ese momento trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
Del análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y ordenó el allanamiento del ex funcionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y le encargaba “objetivos” y operaciones. También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.
Ahora, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a la indagatoria de Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio DARK PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que los datos que necesitaba para llevar adelante su hackeo los buscaba en la página de Dark PFA. Tailhade revela datos de funcionarios y jueces a la vez que decían salían publicadas en sitios de la Dark Web y difundidos por medios K.
En ese marco, el juez le advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, el avance de su casa por asociación ilícita y le pidió detalles de su causa.
Es que Martínez había enviado el viernes pasado un mail al juzgado de Martínez De Giorgi pidiendo “certificar” (conocer) su causa, con vistas a sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por los delitos de por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 153 bis (violación de Secretos y de la Privacidad) y 197 del Código Penal (irrupción en las comunicaciones), tal como ayer adelantó Clarín. El acuerdo de conciliación, según confirmó la defensa, estaba fijado para hoy lunes y esa situación implica la devolución de cualquier prueba que pueda existir secuestrada en el expediente.
Martínez De Giorgi le informó a su par porteña que Pinheiro fue procesado “por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos por los arts. 153 y 157 bis inc. 1 del CP, en concurso ideal, con el delito previsto y reprimido por el art. 197 del CP, ellos en concurso real, con el delito previsto y reprimido en el art. 172 del CP -en grado de tentativa- en relación con los hechos por los cuales fuera indagado; se convirtió en prisión preventiva su estado de detención y se ordenó trabar embargo sobre sus bienes”, decisión que fue homologado por Cámara Nacional de Apelaciones del fuero y se encuentra actualmente firme. Excarcelado desde abril del 2024, el juez también le informó que también las pruebas lo imputaban de asociación ilícita y estaba citado a indagatoria.
“La causa se encuentra en trámite”, le recordó, pidiendo detalles del expediente que tramita en el fuero local, qué medidas se dispusieron y quiénes son las víctimas en ese caso “previo a la adopción de cualquier decisión de mérito que pueda afectar el curso de uno u otro proceso”. Fue una señal clara del juez federal ante la posible resolución que dicte en la jueza porteña que pueda afectar su causa.
La jueza Araceli Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces por la difusión de un viaje a Lago Escondido.
