La marcha de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores volvió a poner en el centro de la escena la discusión por el futuro de la recolección de residuos secos en la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Sol Clemente advirtió: “si pasa a manos privadas se van a perder entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo”.
Actualmente, el reciclado urbano porteño está organizado a través de 12 cooperativas. Los recuperadores cuentan con un ingreso compuesto por una suma fija aportada por el Gobierno de la Ciudad y otra variable, vinculada con los materiales que recolectan y comercializan. En 2025, la parte fija era de $390.000, incluidos los viáticos. La situación económica del sector también refleja el deterioro del precio de los materiales reciclables: “El precio del cartón estaba antes de 300 pesos el kilo, bajó a 100”, señaló Clemente. Como ejemplo, contó que una recuperadora obtuvo el año pasado apenas $31.000 por 450 kilos de cartón recuperado.
El reclamo de los recuperadores urbanos
El conflicto tiene además un componente histórico y legal. La actividad comenzó a expandirse durante la crisis de 2001 y posteriormente fue reconocida y regulada mediante distintas normas. La Ley 992, de 2002, reconoció a los cartoneros como recuperadores urbanos, mientras que la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero, estableció en 2006 un esquema de gestión integral de residuos con metas de reducción y prioridad para el reciclado.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Desde las cooperativas sostienen que la privatización podría poner en tensión ese marco regulatorio. “Es un trabajo que arranca básicamente de cero, que ellos mismos inician en 2001 y después se va regulando”, explicó la periodista.
El reclamo también apunta a las condiciones desiguales frente a las empresas privadas. “Ellos no pueden competir con una empresa privada porque les van a pedir maquinaria, maquinaria que ellos no tienen porque todo lo hacen muy a mano”, afirmó Clemente.
Qué argumenta el Gobierno porteño
Según la explicación oficial, el cambio busca modernizar el sistema mediante tecnología y mejorar la eficiencia de la recolección. “El Gobierno de la Ciudad dice que este cambio tiene que ver con una actualización tecnológica y que buscan mejorar la eficiencia en la recolección”, detalló Clemente.
Las cooperativas cuestionan ese argumento y sostienen que cuentan con dos décadas de experiencia en la actividad, aunque con recursos limitados. Clemente mencionó además que “en 2024 se quemó una de las plantas donde ellos trabajaban y nunca se arregló”, una situación que, según el planteo del sector, profundiza la desventaja frente a eventuales empresas privadas.
Para el Gobierno porteño, la incorporación de compañías privadas permitiría sumar tecnología y hacer más eficiente la recolección de residuos secos. Para los recuperadores urbanos, en cambio, está en juego la continuidad de miles de puestos de trabajo y de un modelo de reciclado que lleva más de 20 años de desarrollo.
