El Gobierno nacional proyecta instalar una nueva estación de cobro sobre la Ruta 12, a la altura de Puerto Rico. La iniciativa integra la Red Federal de Concesiones y privatiza el corredor por 20 años. Frente a esta decisión, el Comité de Defensa del Usuario Vial denunció la creación de un impuesto encubierto e instó a las autoridades provinciales a presentar recursos de inconstitucionalidad para frenar la medida.
La decisión del Ejecutivo nacional de habilitar nuevas casillas de cobro sobre la Ruta Nacional 12 despertó fuertes críticas en la provincia de Misiones. El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, dialogó con el programa Primer Día, emitido por el stream de Misiones Online y Radio Libertad, y desarmó el relato del Gobierno nacional sobre la supuesta necesidad de financiamiento. El especialista técnico rechazó la medida, la calificó de inconstitucional y apuntó contra la falta de obras reales en la región.
Durante la charla, el referente del sector apuntó contra la gestión de Javier Milei y aclaró que la comunidad enfrenta una doble imposición económica impuesta por la Nación. «Esto no es peaje, esto es un impuesto al tránsito que afecta el costo de transporte y, por ende, todos los precios de la economía».
Lasca explicó que el verdadero peaje exige un camino alternativo libre de pago y financia una obra finalizada. El Gobierno nacional, por el contrario, aplicó este cobro sobre rutas preexistentes. Por ese motivo, el titular del comité insistió en su postura y corrigió el concepto. «Cuando los medios dicen aumentó el peaje, no, aumentó el impuesto al tránsito, esto no es un peaje».
El impacto de estas políticas castiga al ciudadano de a pie en su vida cotidiana, más allá de si posee un automóvil propio o no. El encarecimiento de la logística se traslada de forma directa a las góndolas de los supermercados y a los servicios de pasajeros. «Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje, cuando toma un micro, en el pasaje está incluido el peaje».
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El especialista desmintió también el argumento oficial sobre la supuesta falta de recursos del Estado para mantener la infraestructura vial del país. Lasca detalló que el dinero para las obras ya sale del bolsillo de los ciudadanos cada vez que cargan combustible en los surtidores de todo el territorio. «Otra gran mentira es cuando dicen no hay plata, no, señores, la plata está, es el impuesto a los combustibles que recauda más de 3500 millones de dólares por año».
Con esos fondos, el Estado cuenta con la capacidad real de construir miles de kilómetros de autopistas libres de cobro. Sin embargo, el Gobierno nacional desvía esa recaudación millonaria hacia otras áreas y abandona el mantenimiento de los caminos. «Esa plata que aportamos con tanto esfuerzo es para hacer obras de infraestructura vial, entonces, hablamos claramente de una doble imposición».
El coordinador del Comité de Defensa del Usuario Vial trazó un paralelismo con las privatizaciones de los años noventa y advirtió que el modelo actual resulta aún más perjudicial para los trabajadores. El plan oficial contempla la apertura de una estación de cobro cada 90 kilómetros a lo largo de las rutas argentinas. «Lo más grave de este plan del Gobierno es volver al esquema de los 90, que fue un fracaso, que es una estafa vial, que es aún peor».
Lasca cuestionó además la promesa de inversiones privadas en los corredores concesionados. El referente aseguró que las empresas adjudicatarias asumen un riesgo nulo y solo se encargan del mantenimiento básico, sin proyectar obras de infraestructura estructurales que garanticen la seguridad de los conductores. «Encima se nos burlan en la cara diciendo que va a haber inversión, la inversión no es privada y aparte solo contempla el corte de pasto y bacheo, o sea, un maquillaje».
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Los costos para el sector productivo sufren un salto exponencial bajo este nuevo esquema impulsado desde Buenos Aires. El transporte de cargas enfrenta tarifas que multiplican el valor de la logística, un golpe directo a la rentabilidad de las economías regionales. «Un camión va a estar pagando entre 20 a 30 mil pesos en cada estación de cobro». A esto, sumó Lasca, los transportistas deben agregar los abultados gastos de combustible, patente, seguro y demás impuestos provinciales o nacionales.
Lasca denunció que el sistema actual paraliza el desarrollo comercial y ejemplificó con otros puntos del país, como la vía de la Capital Federal al puerto de Bahía Blanca, donde un camión abonará cerca de 30 millones de pesos al año solo por los cruces por las casillas. «Es una locura, y encima en un país donde no tenemos ferrocarril y el transporte fluvial deja mucho que desear».
Por otro lado, en el plano institucional tampoco ofrece respuestas ágiles para los ciudadanos afectados, según Lasca recordó. Diversas asociaciones civiles presentaron proyectos de ley en el Congreso de la Nación para auditar los fondos viales, pero los legisladores cajonearon las iniciativas. A la par, para el especialista, el Estado mantiene vacante un cargo determinante para la protección ciudadana: «Hace 17 años que no hay Defensor del Pueblo a nivel nacional».
De este modo, Lasca responsabilizó a las máximas autoridades nacionales por la tragedia diaria en las rutas de la Argentina. Criticó que el presidente Milei entregó el control de las rutas a las provincias para desligarse de sus responsabilidades constitucionales. «El Estado debe garantizar el estado de transitabilidad de la red vial nacional y por eso tiene el impuesto a los combustibles».
Por lo tanto, el referente lamentó la desprotección total de quienes transitan por el país y advirtió que el esquema actual prioriza la recaudación y la caja política por sobre la vida de las personas. «Lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro de ese falso peaje y no se vuelca plata al camino».
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
