Pocas situaciones son tan complejas para un jubilado como necesitar atención médica un lunes cualquiera y encontrarse con las puertas de la clínica completamente cerradas. Esa pesadilla burocrática y sanitaria se volverá realidad el próximo 24 de agosto para unos 300.000 afiliados del PAMI en el sur del país. Un bloque unificado de 28 sanatorios y clínicas privadas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut decidió patear el tablero y suspender de manera total sus servicios durante 24 horas. ¿El motivo de fondo? Una feroz pulseada por la actualización de aranceles que dejó a las instituciones médicas al borde de la asfixia financiera.
Este apagón de atención no es un berrinche sorpresivo, sino el punto de ebullición de una crisis que viene escribiendo capítulos. Los centros de salud patagónicos llevan meses aplicando un esquema de restricciones progresivas para hacer oír su reclamo. En abril comenzaron limitando algunas prestaciones, para junio ya habían bajado la persiana en las guardias, y durante las últimas ocho semanas conseguir una derivación o programar una cirugía se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos para los adultos mayores de la región.
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Mientras que la inflación acumuló un aplastante 341% entre enero de 2024 y julio de 2026, los valores que paga la obra social estatal apenas treparon un 143% nominal. Para que los ingresos le empaten a los costos operativos, los sanatorios calculan que necesitan una inyección urgente cercana al 80%. Mientras tanto, denuncian que están trabajando con precios del año pasado, ya que la única promesa oficial es un ajuste real del 6% que recién verían impactado en los bolsillos durante el mes de octubre.
Desde el PAMI, sostienen no haber recibido todavía una notificación formal sobre el paro general del lunes. Sin embargo, desde la propia obra social ya habían admitido previamente estar atravesando un fuerte “estrés presupuestario”, reconociendo a su vez que la Patagonia siempre se manejó con un nomenclador de precios más alto que el resto del mapa nacional por sus altos costos logísticos.
El director médico de la Clínica Viedma, Rubén Kowalyszyn, graficó a La Nación el hartazgo de los prestadores de manera contundente: “Esto es producto de meses y meses de deterioro; nosotros todos los meses reclamamos y la respuesta es que no hay plata. El ajuste nos lo están haciendo a nosotros, que no somos casta ni nada que se le parezca”. Aunque los sanatorios aclaran que no exigen una solución mágica de un día para el otro, sí reclaman un plan progresivo y real de recuperación.
Más allá de la discusión tarifaria, los centros de salud están furiosos con una traba burocrática que consideran inaceptable: la imposición de cupos. Actualmente, el PAMI fijó un techo para las prestaciones ambulatorias, limitando tanto lo que puede consumir un afiliado como lo que puede facturar cada clínica. Para los profesionales médicos, esta medida no tiene ningún tipo de criterio sanitario y funciona simplemente como un “cerrojo” contable para frenar el gasto, dejando a los pacientes a la deriva cuando se agota el crédito mensual.
Un eco que resuena en todo el país
Para entender por qué los números de las clínicas sureñas están en rojo, hay que mirar su sistema de cobro exclusivo. A diferencia del resto del país, allí rige un esquema de “módulos“: una tarifa plana que debe cubrir toda una prestación completa, desde los honorarios del médico hasta los medicamentos, descartables y estudios de guardia. Frente a la escalada inflacionaria, ese importe global quedó totalmente licuado y hoy no alcanza ni para cubrir los insumos básicos de la atención directa.
Este desfasaje es una verdadera bomba de tiempo comercial, ya que estas instituciones dependen vitalmente de los adultos mayores para subsistir. Según los propios cálculos del sector, la atención a los afiliados de la obra social estatal representa entre el 30% y el 40% de la facturación total de las 28 clínicas, poniendo en jaque el mantenimiento de toda la infraestructura sanitaria privada de la región.
Según los registros de la asociación nacional de prestadores Adecra+Cedim, solo en el arranque del año los costos de salud se dispararon un 30% interanual, mientras que el PAMI apenas habilitó subas del 10,4% en promedio. Una diferencia de casi 20 puntos que confirma que el recorte sanitario es una realidad a nivel nacional.
TC/MSS
