El negocio inmobiliario y la gestión pública volvieron a chocar de frente en los tribunales bonaerenses, destapando lo que asoma como un escándalo urbanístico. Julio César Garro, quien gobernó la ciudad de La Plata durante ocho años bajo el sello de Juntos por el Cambio, quedó formalmente imputado en la Justicia penal. ¿El motivo? Una profunda investigación que lo ubica en el eje de una trama de irregularidades orientada a habilitar decenas de loteos ilegales destinados a la construcción de barrios privados.
El abanico de delitos que le leyeron al ex intendente es tan amplio como grave. La carátula del expediente incluye enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Pero la acusación no se detiene únicamente en los números de la administración local, sino que también contempla el daño al ecosistema, advirtiendo sobre una posible afectación ambiental.
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Según los datos obtenidos por la Justicia, la gestión anterior facilitó una explosión de desarrollos habitacionales de lujo omitiendo de manera deliberada los controles legales básicos. La denuncia detalla que el municipio dio luz verde a estas urbanizaciones sin contar con la autorización indispensable de la provincia de Buenos Aires. Para lograrlo, desobedecieron una orden explícita del gobierno bonaerense y pasaron por alto las severas objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano.
El costo de mirar para otro lado impactó de lleno en el histórico cordón frutihortícola platense, que vio cómo el cemento avanzaba sobre la tierra productiva. Las cifras de la auditoría que originó la causa son contundentes: hay bajo sospecha unos 450 loteos comercializados durante el período 2015-2023. Lo más dramático para los compradores de buena fe es que, de ese total, al menos 250 expedientes presentan irregularidades tan severas que directamente no tienen forma de regularizarse.
La avanzada judicial fue impulsada directamente por el actual intendente, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia local, Marina Mongiardino. Para que el expediente tomara velocidad, la gestión municipal pidió primero apartar al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a quien apuntaron por pisar la causa. Finalmente, la investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N.° 5, a cargo de Juan Ignacio Mennucci, quien, bajo la atenta mirada de la jueza de garantías Marcela Garmendia, citó a Garro para notificarle los cargos.
Frente a la embestida en los tribunales, el entorno más cercano al ex jefe comunal cerró filas. Desde su espacio político rechazaron las acusaciones y aseguraron que durante sus dos mandatos no se aprobó absolutamente ningún desarrollo inmobiliario que no contara con el respaldo de una ordenanza municipal sancionada por el Concejo Deliberante.
Todo un gabinete en el banquillo de los acusados
La lupa de la Justicia arrastró a toda la cúpula que manejó el planeamiento urbano de la ciudad. El fiscal imputó bajo las mismas calificaciones penales a varios de los funcionarios más importantes de la administración pasada. Entre los que ya pasaron por la sede judicial para cumplir con el trámite destacan Oscar Negrelli, ex secretario de Coordinación, y María José Botta, extitular de Planeamiento Urbano.
La lista de exfuncionarios procesados por habilitar los countries VIP se completa con Leandro Ronga, Augusto Sciarretta, Marcelo Gustavo Genoro y Marcela Rogg, ex directora general de Planeamiento. Todos ellos ya se pusieron a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso penal que busca desentrañar cómo operaba el circuito de firmas rápidas.
La única silla que quedó vacía en las rondas de indagatorias fue la de Luis Esteban Barbier, el antiguo secretario de Obras Públicas. El ex funcionario debía presentarse a declarar el pasado 7 de agosto, pero nunca llegó a la fiscalía. A través de un escrito formal, avisó que se encontraba fuera del país por un viaje personal y se comprometió a volver a Argentina el próximo 14 de agosto.
TC
