La Corte Suprema desestimó una apelación del Gobierno para frenar la ley de financiamiento universitario

Una resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó este jueves un recurso del Gobierno que pedía una sentencia definitiva en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional para actualizar salarios en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario, dejó firme una medida cautelar con lo cual la norma tiene que ser aplicada.

El fallo se da en medio de un acuerdo alcanzado recientemente por autoridades nacionales y universitarias para el traspaso de fondos para lograr un aumento salarial del 24,33% a los docentes y gastos de funcionamiento.

La causa se inició por el recurso de amparo colectivo presentado por el sector universitario para declarar inconstitucional el decreto de Javier Milei que advertía que la distribución de partidas solo puede aplicarse si están garantizadas las fuentes de financiamiento.

Ahora, en la resolución firmada este jueves por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte dispuso “desestimar el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional”.

Los jueces también señalaron que un “pronunciamiento que acuerda, deniega o modifica una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva” como para presentar un recurso extraordinario como el que hizo la Casa Rosada.

De este modo, la Corte definió en forma salomónica la situación que enfrentaba al gobierno de Milei con las universidades dado que desestimó darle lugar en ese estrado al recurso extraordinario federal que había presentado la Procuración del Tesoro y tampoco le dio la razón al sector universitario, dado que el caso quedará ahora a la espera de la resolución del juez de primera instancia Martín Cormick, quien tendrá que validar el acuerdo alcanzado hace tan solo quince días.

Es que en medio de las quejas y recursos judiciales que habían llegado hasta la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, las autoridades universitarias y del Ministerio de Capital firmaron el 10 de junio un acta acuerdo con organizaciones gremiales docentes y no docentes por una recomposición salarial para el sector.

En ese marco, días atrás el Gobierno anunció que transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Además, en materia presupuestaria, actualizará en un 20% el monto de los gastos de las universidades públicas a partir de junio у dispondrá un incremento de 50 mil millones de pesos en la partida destinada a hospitales universitarios, mientras subirán en un 50% las Becas estudiantiles Manuel Belgrano.

La resolución de la Corte, un revés en definitiva para la estrategia judicial de las espadas del Gobierno, hace que de manera inmediata el Gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario, lo que representaría costo de 1.3 billones de pesos aproximadamente.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario y Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la decisión de la Corte. “Es una gran noticia que estábamos esperando, habíamos presentado en los últimos dias una solicitud de pronto despacho para que el Tribunal Superior pudiera resolver la cautelar, y es una gran noticias para toda la comunidad universitaria”, dijo.

En diálogo con Radio Con Vos, explicó que el fallo de la Corte es una respuesta favorable en dos artículos muy importantes que hacían a la recomposición salarial docente y las becas. Sobre la aplicación inmediata de la sentencia, se mostró cauto: “Eso se ordena, habrá que ver cómo suceden los hechos, a priori hay que sostener, no sólo por la cuestión universitaria, que para el país la resolución de la Corte es saludable, veremos en la próximas horas cómo continúan loa acontecimientos”.

El rector de la UNR hace referencia a los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento, que son los que hacen referencia a la recomposición salarial y paritarias docentes y a la actualización automática de las becas estudiantiles. “Eso debería recomponerse inmediatamente”, expresó.

¿Podría el Gobierno desoír el fallo porque aún no hay sentencia definitiva del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad? “No se puede alegar para el no cumplimiento de cautelar que no hay sentencia definitiva. Mientras se discute cuestión de fondo, el Gobierno debe cumplir con la resolución de la Corte y queda en pie la cautelar“, detalló.

Bartolacci además se quebró al aire al recordar la pelea que vienen dando desde el ámbito universitario contra la negativa de la gestión Milei de girar los fondos que dice la ley. El Gobierno marca que no puede hacerlo porque en la norma sancionada por el Congreso no dice de dónde salen las partidas para financiar dicha obligación.

“Estoy emocionado, difícil poner en palabras el destrato y la desconsideración”, contó, con la voz quebrada.”Vivimos cosas muy injustas, yo quiero que los pibes tengan los mismos recursos, hubo mucho hostigamiento”

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también se pronunció. “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) hizo lo propio al festejar la decisión de la Corte Suprema. A través de un comunicado, marcaron que “la resolución constituye un nuevo respaldo a la defensa de la universidad pública y al reclamo sostenido por toda la comunidad universitaria frente al ajuste impulsado por el Gobierno Nacional”.

“Asimismo, reafirma que garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales es una responsabilidad indelegable del Estado”, agregaron. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, manifestó su alegría: “La Corte ratifica lo que venimos diciendo desde el primer día: el financiamiento universitario no depende de la voluntad de un gobierno, sino del cumplimiento de una ley”.

“Este fallo es también un reconocimiento a la enorme movilización de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que durante estos años defendieron a la universidad pública en las calles”, expresó.

“Es una señal importante, pero el conflicto universitario sigue abierto. Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas en $35.000, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan.”

SMB