La Corte Suprema de Justicia declaró la validez de la ley que reformó el Poder Judicial de Santa Cruz y habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con los jueces promovidos por el gobernador Claudio Vidal, resistidos por otro sector, más afin a la exgobernadora Alicia Kirchner. Con este fallo, la corte provincial deberá integrarse inmediatamente con nueve miembros.
“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo. Asimismo, corresponde aclarar que la presente decisión implica que la ley en cuestión —vigente— recobre su plena aplicabilidad, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros quienes, a partir del dictado de la presente sentencia, deberán intervenir como tales —previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes— en todas las decisiones del tribunal”, sostuvieron los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la sentencia a la que tuvo acceso PERFIL.
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En agosto pasado, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3949 para ampliar de cinco a nueve miembros el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia. El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial y provocó el rechazo del kirchnerismo.
Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas (uno por cada candidato a juez) para ser elegido por la Legislatura. Allí se avanzó con la designación de Sergio Acevedo (exgobernador de la provincia y exjefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner) y José Antonio González Nora, a quienes les tomó juramento al día siguiente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani; y a Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras Agüero.
La Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial y los nuevos nombramientos. Al hacer lugar a esa medida, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de la provincia —Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta— declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces.
Contra esa decisión se presentó la Cámara de Diputados provincial, la Fiscalía de Estado y los jueces designados por el gobernador Vidal. Con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el Máximo Tribunal aceptó el recurso extraordinario planteado por los cuatro magistrados designados.
“La decisión del superior tribunal de Justicia —que exhibe graves defectos de fundamentación— excede la afectación del derecho de los litigantes a obtener una sentencia fundada en ley, garantizado por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, y alcanza los intereses de la comunidad toda: la cuestión debatida exhibe una marcada trascendencia institucional, ya que se encuentra en juego la correcta integración de uno de los poderes del estado local”, aseguraron los jueces de la Corte.
En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que “en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional, el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales”. “Esta Corte Suprema tiene la responsabilidad, en el marco de sus competencias, de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido”, apuntaron los jueces.
