El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó un cambio estructural en su política social: eliminará los planes sociales vigentes y los reemplazará por un programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas.
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El nuevo esquema propone una transición de hasta 12 meses, durante la cual los beneficiarios deberán capacitarse y vincularse con el mundo del trabajo. El objetivo oficial es abandonar el modelo asistencial y avanzar hacia un sistema basado en la autonomía económica.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar”, sostuvo Jorge Macri al anunciar la medida.
Fin de intermediarios y pagos directos
Uno de los ejes centrales del nuevo programa es la eliminación de intermediarios. A partir de ahora, los pagos serán directos a los beneficiarios, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del gasto y reducir posibles desvíos.
Durante el proceso de revisión del sistema, el Gobierno porteño informó que detectó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema anterior implicaba un costo anual cercano a los $10.000 millones y se sostenía a través de 85 convenios que serán dados de baja.
En paralelo, se establecerán criterios más estrictos de elegibilidad, vinculados a residencia, nivel de ingresos y situación socioeconómica, con el fin de focalizar la asistencia en quienes realmente lo necesitan.
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El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, señaló: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban sin un horizonte de progreso”.
El sistema se basa en cuatro pilares fundamentales:
El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades. Ademas, la participación en instancias de formación será obligatoria. “Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio”, señalaron en la misiva oficial.
Además, en ese comunicado resaltaron los puntos que consideran de máxima relevancia:
– Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
– Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.
– Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.
– Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
En desarrollo…
