El diputado nacional Diego Hartfield reconoció que los productores yerbateros atraviesan un escenario de precios bajos, aunque rechazó responsabilizar por esa situación a la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para el dirigente de La Libertad Avanza, el problema actual responde principalmente al crecimiento de la superficie cultivada y al exceso de oferta acumulado durante los últimos años.
Ante las consultas por las dificultades que atraviesan los pequeños productores, Hartfield reconoció: “El precio de la yerba hoy está bajo. Eso es una realidad”. Sin embargo, sostuvo que las causas deben buscarse en un proceso previo y afirmó que, durante una década, la superficie implantada aumentó alrededor de un 40% sin que se produjera un crecimiento equivalente de la demanda.
Según su análisis, esa expansión desembocó en una cosecha récord durante 2024 y en niveles elevados de stock en los secaderos. A ese escenario sumó el cambio de comportamiento económico derivado de la desaceleración de la inflación y del fortalecimiento del peso, factores que, según explicó, también incidieron sobre la necesidad de mantener mercadería acumulada.
Hartfield cuestionó además las políticas de regulación de la actividad implementadas durante las últimas décadas. Recordó que ya en 2017 organismos vinculados a la defensa de la competencia habían advertido sobre posibles distorsiones en la oferta generadas por un precio regulado y criticó posteriormente las limitaciones establecidas para nuevas plantaciones.
Para el legislador, la salida de fondo pasa por ampliar las exportaciones y aprovechar mercados que todavía tienen margen de crecimiento. Señaló que el consumo interno presenta limitaciones porque alrededor del 90% de las familias argentinas ya consume mate, mientras que las ventas externas ofrecen mayores posibilidades.
En ese sentido, aseguró que en los últimos tres años la participación de las exportaciones pasó de representar alrededor del 12% de la producción a ubicarse cerca del 20%. “El mercado externo no tiene límites”, afirmó, y planteó que un incremento sostenido de las ventas internacionales podría modificar la relación entre oferta y demanda y mejorar los precios que recibe la cadena productiva.
Hartfield sostuvo que el sector atraviesa un proceso de reestructuración y rechazó adjudicarle la situación al actual Presidente. “La responsabilidad no es del presidente Milei, la responsabilidad son los 25 años de precio regulado”, afirmó. Frente a la pregunta sobre qué respuesta ofrecer a los pequeños productores durante esa transición, contestó que “lo que hay que hacer es hablar con la verdad” y vinculó el problema yerbatero con dificultades estructurales más amplias de la economía provincial.
Endeudamiento y morosidad: qué planteó Hartfield
El diputado también se refirió al aumento del endeudamiento y la morosidad de las familias, después de que durante la entrevista se mencionara que cerca de siete millones de argentinos tendrían problemas para cumplir con sus compromisos financieros. Hartfield señaló que el Gobierno conoce la situación y la mantiene bajo seguimiento, aunque defendió que las obligaciones asumidas corresponden esencialmente a una relación entre privados.
“Es un tema que nosotros estamos monitoreando, lo sabemos y lo vemos”, afirmó. A partir de allí, vinculó el costo del financiamiento con la inestabilidad macroeconómica y sostuvo que la estrategia del Ejecutivo debe concentrarse en reducir el riesgo país y generar condiciones para una baja de las tasas de interés.
Hartfield argumentó que durante años buena parte del crédito disponible era absorbido por el Estado a través de diferentes instrumentos financieros y que actualmente se intenta reconstruir un mercado de financiamiento orientado al sector privado. En ese proceso, sostuvo que tanto quienes solicitan dinero como quienes lo prestan deben evaluar las condiciones y riesgos de cada operación.
“Los que toman la deuda tienen que aprender a ver qué es lo que estoy tomando, a qué tasa estoy tomando, y los que prestan también tienen que evaluar a quién le prestan, cómo prestan, a qué tasa”, explicó. Para Hartfield, la función estatal debe ser garantizar estabilidad macroeconómica para facilitar el acceso al crédito y no asumir directamente las obligaciones de quienes dejaron de pagar.
El legislador rechazó así una eventual intervención estatal destinada a cancelar o absorber las deudas de los morosos. “Si yo tengo que solucionar un problema que tienen los morosos desde el Estado, estoy siendo injusto con la gente que no tomó deuda y que no tiene por qué pagar eso”, sostuvo.
Hartfield planteó que cualquier ayuda financiada con recursos públicos implica trasladar el costo al resto de la sociedad. Por ese motivo, defendió que la respuesta al problema del endeudamiento pase por la reducción de las tasas, la estabilidad económica y una mayor responsabilidad entre prestamistas y tomadores de crédito, antes que por un programa generalizado de rescate estatal.
