Representantes de unas 123 familias asentadas en distintos sectores rurales de San Pedro viajaron este viernes a Posadas para plantear ante el Gobierno de Misiones una serie de denuncias vinculadas con el conflicto por tierras pertenecientes a la empresa Arauco. Los vecinos aseguraron que durante recientes procedimientos hubo detenciones, agresiones y posteriormente viviendas incendiadas, además de pérdida de animales y herramientas de trabajo.
La comitiva fue recibida por Daniel Behler, subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de Misiones del Gobierno provincial. Del encuentro participaron César Fariña, dirigente de la CTA San Pedro; Diego Antúnez, integrante de la comisión Colonos Unidos que representa a pobladores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, San Juan Bosco y otros sectores; y vecinos directamente afectados, entre ellos Ariel Leal.
Fariña explicó que el objetivo central de la visita fue poner en conocimiento de las autoridades provinciales la situación que atraviesan las familias y solicitar que cesen los episodios de violencia.
“Básicamente nosotros vinimos a denunciar la violencia que se está ejerciendo sobre una comunidad de aproximadamente 123 familias en la localidad de San Pedro, en un lugar que denominamos Colonias Unidas, donde hay diferentes sectores como Puerto Argentino 1, Puerto Argentino 2, Puerto Argentino 3, Palmera Boca, San Juan Bosco”, afirmó.
Según el dirigente, algunos de los procedimientos fueron realizados con presencia conjunta de personal vinculado a Arauco y efectivos policiales. En ese contexto, denunció que vecinos fueron detenidos y golpeados y que les retiraron herramientas utilizadas para trabajar en las chacras.
“Detuvo, junto a la Policía de la Provincia, arbitrariamente a los vecinos, golpeándolos de manera violenta, quitándoles sus herramientas de trabajo como motosierras, motocicletas, machetes y, mientras estos compañeros permanecían detenidos, fueron y se les quemó las casas, mataron a sus animales y arrancaban las plantitas de la huerta”, relató Fariña.
Posteriormente aclaró que los denunciantes no cuentan con registros que permitan identificar de manera directa a quienes iniciaron los incendios, debido a que las viviendas se encontraban sin sus ocupantes en ese momento.
“Nosotros no tenemos documentación de quién incendió los fuegos, porque eso se hace una vez que las personas están detenidas, no hay nadie en la casa. No tenemos registro de quién ha incendiado las casas, pero fue en el mismo proceso. Por eso entendemos que es parte de lo mismo”, precisó.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la organización, hasta el momento contabilizaron seis viviendas incendiadas. Fariña agregó que el número podría no reflejar la totalidad de los casos debido a que, según señaló, algunas familias dejaron la zona o tienen temor de denunciar.
“Nosotros, el relevamiento que hicimos en función de los compañeros que se acercaron, porque muchos tienen miedo, otros se fueron, tenemos el relevamiento de seis casas quemadas, los animales quemados y las herramientas secuestradas”, sostuvo.
Durante la entrevista también fue consultado sobre la existencia de órdenes judiciales que habilitaran los procedimientos. El dirigente aseguró que ellos no tuvieron acceso a documentación de esas características.
“A nosotros no nos consta ningún oficio judicial con el que hayan actuado. Si bien la Policía, cuando detiene a los compañeros, expresa tener orden judicial, nunca fueron expuestas ante nosotros esas órdenes”, manifestó Fariña.
Antúnez reforzó el planteo de los pobladores y sostuvo que los procedimientos se llevaron adelante con participación conjunta de personal de la empresa y policías. También afirmó que trabajadores de Arauco habrían reconocido ante vecinos la intención de impedir nuevas ocupaciones de esos espacios.
“El personal mismo de Arauco dijo que ellos van y queman los lugares como para que la gente no vuelva a entrar ahí, no vuelva a estar de vuelta. Secuestran las herramientas y queman las casas. Y amenazan, vamos a decir amenazan, porque acá tengo compañeros que fueron amenazados, quemaron sus casas, secuestraron las herramientas y fueron amenazados como para que no vuelvan ahí”, declaró.
Uno de los testimonios fue el de Ariel Leal, quien aseguró que fue detenido y que cuando pudo regresar al lugar encontró su vivienda destruida, además de animales muertos o desaparecidos.
“Fueron allá, me arrestaron, me pusieron preso. Cuando estaba preso, fueron allá y cuando salí fui a buscar mis animales, estaban todos muertos. Un poco estaba muerto, un poco llevaron, no sé lo que hicieron. La casa quemada y herramientas todo quemada. Quedé sin nada, prácticamente”, relató.
Leal explicó que utilizaba el terreno para desarrollar una pequeña producción destinada principalmente al consumo de su familia.
“Tenía la chacrita, estaba plantando para comer y criar un animal, porque todos sabemos que estamos difícil hoy en estos días. No hay laburo. Yo tengo familia y justamente quería estar acá con mi familia y trabajar para mí, hacer los alimentos y estar ahí”, manifestó.
Además del reclamo por los procedimientos denunciados, los representantes solicitaron al Gobierno provincial la conformación de una mesa específica para discutir el problema de la tenencia y utilización de las tierras.
“El segundo punto, nosotros solicitamos al Gobierno de la Provincia que genere una mesa de trabajo para discutir la problemática de la tierra, siendo que hay familias que hace mucho tiempo que están ahí, mucho tiempo que están asentados sobre la tierra”, expresó Fariña.
El dirigente aseguró que durante la reunión Behler se comprometió a requerir información acerca del accionar policial denunciado. Los representantes de las familias, en tanto, señalaron que buscan abrir una instancia con participación de los distintos sectores involucrados para encontrar una salida al conflicto.
“Este conflicto debe ser resuelto, por eso solicitamos una mesa de trabajo para que todas las partes intervinientes en esta situación puedan expresar su situación y nosotros, desde nuestra parte como CTA y representando a los colonos de Colonias Unidas, planteamos que ponemos la mejor predisposición para resolver el problema de fondo”, concluyó Fariña.
