El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado oficial instando al Instituto San Basilio Magno a la separación inmediata de Jorge Daniel R. de sus funciones. A pesar de la gravedad de la imputación por «abuso sexual con acceso carnal», el docente continuaba en libertad y vinculado a la institución.
La conmoción en la comunidad educativa misionera escaló un nuevo peldaño tras el contundente pedido del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM). El organismo rector solicitó de manera urgente a las autoridades del instituto educativo donde se desempeña el docente Jorge Daniel R. su separación física inmediata del establecimiento, en virtud del deber de seguridad y el interés superior de los menores.
Un reclamo de seguridad ante la inacción judicial
El caso tomó relevancia pública tras el crudo testimonio de la presunta víctima, quien relató años de manipulación y abusos que habrían comenzado cuando tenía apenas 5 años de edad. Según el denunciante, el docente —quien era su padrastro— mantuvo esta conducta durante más de una década bajo un contexto de convivencia familiar.
Si bien en el plano penal el imputado goza actualmente de libertad bajo medidas restrictivas (que solo le prohíben acercarse a la víctima directa), el SPEPM fue tajante al señalar que la falta de una inhabilitación laboral dictada por un juez no es excusa para la inacción institucional.
«Mantener la situación actual solo por la inexistencia formal de alumnos a cargo no satisface el estándar de máxima diligencia exigible», sentenció el organismo provincial.
Medidas solicitadas por el SPEPM
El organismo de supervisión basó su requerimiento en la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, exigiendo que se aplique el principio precautorio sin esperar una sentencia firme. Las opciones dadas a la institución son:
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Separación física definitiva del agente del establecimiento.
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Reubicación en tareas administrativas que no impliquen contacto alguno con el alumnado.
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Licencia preventiva mientras dure el proceso judicial.
Inacción en la Cámara de Apelaciones
La urgencia del SPEPM también responde a una alarmante demora judicial. Hace más de un año, la Cámara de Apelaciones anuló la excarcelación del docente, al considerar que no se evaluaron correctamente los riesgos procesales ni la vulnerabilidad de la víctima. Sin embargo, el juzgado de origen aún no ha dictado la nueva resolución, permitiendo que el acusado permanezca en libertad.
El denunciante, quien debió mudarse de provincia para sentirse seguro, manifestó su angustia ante la falta de avances: “Mi primer intento de suicidio fue a los 8 años. Lo que pido es que vuelva a estar detenido y que se haga el juicio”.
Compromiso con la protección integral
Desde la Dirección Ejecutiva del SPEPM se subrayó que su intervención busca garantizar la tranquilidad de las familias misioneras y la integridad de los estudiantes, actuando bajo una lógica preventiva que excede la burocracia de los expedientes penales. El organismo continuará monitoreando el cumplimiento de estas medidas por parte de la institución de gestión privada.
