La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, denunció que el programa Incluir Salud acumula un atraso de casi cinco meses en los pagos. La funcionaria alertó que los centros privados notificarán la suspensión de prestaciones y que la Provincia afronta gastos millonarios.
Tatiana Antúnez – FM Santa María de las Misiones
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, confirmó que el sector atraviesa una situación crítica debido a la falta de fondos por parte del Gobierno Nacional. La funcionaria explicó que, a pesar de las medidas judiciales y una ley de emergencia, persisten demoras de casi cinco meses en los pagos del Programa Federal Incluir Salud, lo que afecta a todas las provincias y pone en jaque la continuidad de las atenciones.
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Antúnez detalló el impacto directo que esta situación genera sobre las instituciones privadas que brindan servicios esenciales. “Se rompieron las cadenas de pago tanto con los profesionales que forman parte de estos equipos, dado a las demoras en los pagos que existen hoy respecto al programa Federal Incluir Salud. Esta situación se da, también nosotros como provincia, como institución estamos tratando de hacer las gestiones pertinentes para que desde el programa se envíe la medicación de alto costo”, afirmó.
En esa línea, la funcionaria dimensionó la gravedad del problema al referirse a los valores de los tratamientos que la Nación interrumpió. “Se hablan de medicamentos que valen entre 5, 10, 30 millones de pesos, en algunos casos pueden llegar a valer la medicación para una sola persona ese monto. Entonces entendemos que estas son las situaciones más urgentes que debemos atender y que necesitan para poder sostener su calidad de vida y no retroceder, obviamente, en esta situación de manera urgente la medicación”, puntualizó.
La presidenta del Consejo cuestionó el destino de los fondos que deberían financiar al sector y recordó que existen impuestos específicos para ese fin. “La pregunta es a dónde está yendo la plata que no está llegando al sector de discapacidad y que tiene impuestos específicos para esa caja. El Gobierno Nacional tiene una obligación, una corresponsabilidad con las provincias. Si bien hoy la provincia se está haciendo cargo, por ejemplo, de la medicación de alto costo, hay demoras porque obviamente de un día para el otro la Nación dice ‘Hoy dejo de financiar esto’ y mañana la provincia tiene que salir a tapar baches”, sostuvo.
Además, Antúnez subrayó el enorme esfuerzo presupuestario que realiza Misiones para cubrir las falencias nacionales. “Hablamos de que solo en medicación de alto costo hay un presupuesto de más de 4000 millones de pesos al año. Hablamos de presupuestos multimillonarios en algunos casos que no podemos escatimar porque es la salud de la persona”, remarcó.
Suspensión de servicios
La funcionaria advirtió que la falta de pagos llevó la situación a un punto límite, con consecuencias inminentes para miles de usuarios. Anunció que los prestadores ya comunicaron una drástica medida ante la deuda acumulada. “Los prestadores ya tomaron una decisión esta semana, nos notificaron de que ellos van a suspender muchas de sus prestaciones hasta en tanto no reciban el pago de lo adeudado, así que creo que estamos en una situación ya de quiebre”, consideró.
Antúnez también se refirió al impacto laboral que generará esta decisión, ya que el cierre de servicios amenaza las fuentes de trabajo de muchos profesionales. “No es el problema solo de la prestación que se puede llegar a resolver a través de otro organismo público, sino es la falta de empleo que va a generar el impacto de estas medidas”, explicó.
Por otra parte, la funcionaria criticó los cambios burocráticos que agravaron el escenario. Explicó que la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que tenía mayor autonomía, y su absorción por un ministerio, ralentizó todos los trámites. “Anteriormente, cuando estábamos bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, nosotros enviábamos, con la participación del Consejo Federal se podría lograr destrabar algún que otro trámite. Ahora el diálogo es distinto, las respuestas son distintas. Hoy nos encontramos con un ente que nos dice ‘No puedo hacer nada, está en el Ministerio de Economía’”, lamentó.
Deuda en inclusión laboral
Consultada sobre la incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo, Antúnez la calificó como “una deuda pendiente”. Según su perspectiva, persisten barreras culturales y estructurales que dificultan el cumplimiento de los cupos establecidos por ley. “Todavía encontramos mucha resistencia tanto en el sector privado de incorporar a personas con discapacidad, que tiene que ver con cuestiones culturales, cuestiones de aprendizaje también o falta de accesibilidad para que puedan incorporarse en estos espacios”, indicó.
La Ley de Emergencia en Discapacidad: ¿garantiza derechos o deja promesas pendientes? ❓ La abogada Jenifer Vargas analiza su impacto y la crisis actual en el programa «Más allá de las Barreras».https://t.co/f4BMzzBAhU#Discapacidad #Derechos #Ley #Crisis pic.twitter.com/fVlVqxsWh1
— misionesonline.net (@misionesonline) March 17, 2026
