Becas de investigación, proyectos nucleares, compras de libros, digitalización e innovación tecnológica. Además de los gastos comunes que mantienen en pie a las universidades nacionales, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por gastos dedicados al desarrollo estratégico del conocimiento. Un recorte que responde a un pedido expreso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que ocurrió en la previa de la cuarta marcha federal en la que las casas de estudio de todo el país reclamarán por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que actualiza por inflación los salarios y las cuentas corrientes para que las aulas sigan en funcionamiento.
Entre transferencias a universidades, educación y ciencia y tecnología, el Gobierno recortó gastos por casi $110.000 millones, según se desprende de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, como parte de lo solicitado por el jefe de los ministros al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una medida tomada para “atender la exigencia de cubrir leyes que no tienen un respaldo financiero”. Se refirieron así a la normativa vigente que el Ejecutivo suspendió de hecho luego de idas y vueltas en el Congreso y que este martes motivó una movilización bajo la consigna de la crisis presupuestaria.
El bisturí en Educación y el bloqueo a las universidades
Solo en la Secretaría de Educación, el bisturí pasó por áreas sensibles: se le restaron $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y otros $21.686 millones a Infraestructura y Equipamiento. A esto se le suma un ajuste de $6.649 millones en Gestión Educativa —que incluye un recorte directo de $559 millones al rubro de becas— y bajas en el área de evaluación. En paralelo, el Ministerio de Economía bloqueó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a obras y recursos de las casas de estudio, impactando de lleno en instituciones clave como la UNLP, la UNSAM y la Universidad de Avellaneda.
La motosierra no para: el Gobierno recortó gastos por casi $3 billones en diferentes áreas
En el ecosistema científico, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lideró los recortes con una reducción de $19.742 millones en sus contribuciones figurativas, seguida por una quita de $8.763 millones a la Secretaría de Innovación. La CONAE, en tanto, perdió $4.409 millones, mientras que al CONICET se le recortaron $3.263 millones, paralizando la formación de nuevos talentos con una baja de $2.049 millones exclusiva para becas de investigación. El fortalecimiento de las TIC ($2.560 millones), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) y el parque Tecnópolis también sufrieron la motosierra.
Presupuesto de subsistencia y fuga de cerebros
“Muchas universidades están funcionando al límite de sus posibilidades”, planteó a PERFIL un directivo de una casa de altos estudios. Ocurre que, mientras que los presupuestos universitarios se mantuvieron casi congelados desde hace dos años, los gastos corrientes como la luz, el gas y el agua para el funcionamiento mínimo de las clases aumentaron sin freno. Desde que asumió Javier Milei la Presidencia, el presupuesto universitario cayó un 45,6%: el año 2023 pesaba el 0,72% del PBI y ahora apenas alcanza el 0,47% del PBI, de acuerdo a relevamientos que manejan en las universidades nacionales.
Se trata de un mínimo en dos décadas que sitúa al financiamiento por debajo de los niveles de la hiperinflación de 1989 (0,44%). Se acerca a los pisos absolutos de la dictadura militar de 1976 y 1977, de acuerdo a un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CiiCTi).
Uno de los dramas de mediano plazo es la situación docente. Los salarios de los profesores cayeron un 32% en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza y hubo alrededor de 10.000 renuncias, de acuerdo al conteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Quedaron vacantes puestos de docencia en áreas más que estratégicas en términos del modelo económico que primó en lo que va del Gobierno de Milei, con sectores como la energía, la tecnología y la minería traccionando la actividad económica. A modo de ejemplo, sólo en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026. “Se pierde uno cada dos días”, resaltan. En Ingeniería, se sumaron otros 342 profesores.
Un retroceso histórico: peores niveles que en 2002 y 1976
En el caso de los gastos dedicados a la ciencia y la tecnología, el panorama es el de un virtual desmantelamiento de la matriz de investigación. La Función Ciencia y Técnica (FCyT) acumula una caída de ejecución del 39,3% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2023, perfilando un retroceso real del 47,7% para el cierre del trienio, señaló la entidad que estudia los gastos del área. Este hachazo sostenido ubicará al presupuesto del sector en apenas un 0,149% del PBI, lo que representa el nivel más bajo de toda la serie histórica iniciada en 1972.
Para dimensionar la magnitud del ajuste, la asfixia actual perfora incluso los pisos de financiamiento registrados durante la peor etapa de la crisis de 2002 (0,177%) y el inicio de la dictadura en 1976 (0,194%). Los números oficiales, además, sepultan por completo el cumplimiento de la suspendida Ley de Financiamiento del sector, que obligaba al Estado a alcanzar una inversión del 0,520% del PBI para este año.
Además del desplome del 40,3% en el poder adquisitivo de salarios y becas del CONICET desde noviembre de 2023, los fondos destinados a mantener activos los proyectos están al borde de la parálisis: la Agencia I+D+i (principal fondo sectorial de inversión) sufre una brutal caída del 86,3% en los últimos tres años. A esto se suma el ahogo a organismos de punta, con recortes que alcanzan el 61,2% para la CONAE —clave en la participación nacional dentro de la misión aeroespacial Artemis de la NASA— y cercanos al 47% para la CNEA y el INTA.
La postal del apagón científico se agrava al revisar la caja diaria: del escaso presupuesto ejecutado en concepto de transferencias, el 43,3% figura hoy como “deuda flotante”. Es decir, de los pocos fondos aprobados para sostener al sistema, casi la mitad se encuentra impaga.
ML
